En algún momento de este año la cuarentena llegará a su fin. Eso no significará que los riesgos de infección hayan sido erradicados, sino que, adoptando una serie de medidas de higiene, de distanciamiento social y cambiando algunas antiquísimas costumbres, las posibilidades de infección serán menores. El riesgo siempre estará rondando, quizá muy cerca, sin alertarnos de su presencia.
Volveremos a la calle, en circunstancias distintas y tratando de adecuarnos a una nueva realidad, anunciada e insinuada antes, mas no considerada como posible. Colocados ante esta nueva circunstancia nos corresponderá hacer los ajustes necesarios en las distintas actividades que permitan una recuperación en diversos órdenes.
Seguramente, una de las principales consecuencias de la emergencia sanitaria internacional es la que tiene sobre la economía. Su efecto no es exclusivamente local sino global. Los países más desarrollados andan desesperados por mandar a la gente a calle para evitar un colapso mayor al que ya se pronostica.
Nuestro país no escapa al impacto que vivirá su mermada economía. Venezuela no podrá recuperarse por la acción unilateral del sector público (el gobierno), sino que éste debe abrir espacios para la concertación y cooperación con otros actores productivos.
Las circunstancias presentes requieren de la incorporación del sector empresarial para dinamizar la producción venezolana para generar nuevos y más empleos. El gobierno tiene la responsabilidad de abrir esos espacios a Fedecamaras, Consecomercio, Fedenaga y otros gremios del sector privado. Generando incentivos a la inversión interna y foránea y respetando la propiedad privada se puede constituir una red de confianza entre diversos actores productivos.
Debatir sobre nuestro declive como país productor y exportador de hidrocarburos ya no es una ociosidad. La destrucción de empresa petrolera, la disminución en la producción de petróleo ilustra el empobrecimiento del país y el enriquecimiento de unos pocos en negocios turbios. Este es un país de probada reserva petrolera (300.878 MMBLS millones de barriles en 2016) que en el 2020 difícilmente supera la producción de 700 mil barriles de petróleo por día. A este dramático panorama hay que incorporar la incapacidad de poder producir combustible para el consumo interno.
Discutir sobre el principal producto venezolano es una necesidad y requiere del concurso de todos los venezolanos. Recuperar nuestra principal industria es de urgencia capital y no se disponen de los recursos para hacerlo.
A este enclaustramiento obligatorio y preventivo llegamos cuando ya asistíamos a un declive significativo de la prestación de servicios públicos básicos. Cada día se evidencia el malestar social por el deterioro de los servicios que prestan entes públicos y privados. El fracaso gubernamental es definitivamente colosal.
Venezuela requiere de un plan para que a mediano plazo se recuperen los servicios que en su tiempo fueron aceptables. Las posibilidades de desarrollo pasan porque los servicios de energía eléctrica, transporte, agua, salud y telecomunicaciones se presten eficientemente.
El cumplimiento a satisfacción de estas tareas requiere que se avance en la recuperación institucional. La institucionalidad yace enmarañada en una multiplicidad de estructuras que debilitan la posibilidad de generar confianza. La corrección de estas distorsiones pasa por garantizar que algunos procesos vitales para dirimir asuntos de orden político se realicen en el tiempo que establecen las normas.
Así, tan rápido como sea posible, el nuevo CNE deber ser conformado para que las elecciones parlamentarias se realicen de acuerdo a lo que dicta la Constitución y las leyes. A partir de allí, el nuevo ente comicial deberá acometer grandes tareas: una de ellas es la destinada a garantizar la depuración y actualización del Registro Electoral; la renovación de los partidos políticos para garantizar su participación. Ajustar el sistema electoral para poder establecer una distribución de cargos lo más cercano posible a la proporcionalidad; proveer una plataforma tecnológica mínima que permita, al menos, la automatización del escrutinio, transmisión, totalización y difusión inmediata de los resultados.
La vuelta a la calle debe conseguirnos con una agenda semejante o parecida, seguramente con otras tareas como el apoyo que el sector educativo, en todos sus niveles, debe recibir: inversión en la calidad de los salarios, infraestructura y dotación tecnológica.
La calle no debe recibirnos para reincidir en los mismos errores sino para avanzar con una agenda para el progreso.
@LeoMoralesP
