En Venezuela, en la medida que avanza el actual sistema político totalitario, más se pone en evidencia la utilización del terror como herramienta para el ejercicio gubernamental. Hechos, circunstancias y conductas así lo confirman. Pero hasta ahora el régimen sólo había permitido que le vieran las costuras, tal vez con el propósito de lucir mejor el disfraz de demócratas que han usado los más altos jerarcas de la mal llamada revolución.
El panorama tiende a empeorar y un proceso más definitorio avanza súbita y aceleradamente. Los últimos acontecimientos de carácter político que ha experimentado el país, parece que han obligado al régimen a enseñar, sin recato alguno, sus verdaderas garras terroristas. La misión de dar la cara le ha sido asignada a un personaje de nombre, apellido, mentalidad y vocación asociados al manejo del terror como arma política. Se trata de uno de los siniestros especímenes de la fauna nazicomunista venezolana del siglo XXI. El susodicho es bien conocido, dados sus oscuros antecedentes como militante de la ultraizquierda estalinista.
El personaje brevemente descrito ocupa un alto cargo en la cúpula de la dictadura que en la actualidad usurpa el poder público de Venezuela. Inconstitucionalmente fue designado Fiscal General de la República. Obviamente su desempeño es ilegítimo. La gente común que transita calles y caminos del país, lo ha calificado como el “fiscal constituyente”, dado el origen de su nombramiento. Pues bien, este funcionario de la dictadura nazicomunista, sin el menor escrúpulo ha emprendido la macabra tarea de “institucionalizar” el terror como instrumento genocida.
Hace pocos días el fiscal ilegítimo le dio apertura a un proceso de inhabilitación de partidos políticos. Ha comenzado por Voluntad Popular, una organización partidista democrática de origen y desempeño. Pocos conocen la gravedad de esta situación. Juzgar y condenar a un grupo o partido político de terrorista, es atribuirle esta condición a su dirigencia, militantes, simpatizantes y demás relacionados. Es decir, toda persona, civil o militar, vinculada de algún modo a Voluntad Popular, podría ser señalada, perseguida, privada de libertad, exiliada o muerta, puesto que de esa manera se combate el terrorismo. Sin abundar en análisis ni especulaciones, el “fiscal constituyente”, con intención o sin ella, empieza a preparar el terreno para abrirle las puertas a un monstruoso genocidio político, cuyas consecuencias son imprevisibles.
Descubierto así el plan sanguinario del régimen dictatorial nazicomunista, llegó el momento de combatirlo con mayor contundencia, utilizando cualquier método de lucha, hasta derrocar a la tiranía y colocar a su monstruosa cúpula dirigencial en centros penales para delincuentes de alta peligrosidad. De lo contrario, una tras otra serán inhabilitadas las demás organizaciones democráticas. Por supuesto, sus líderes y seguidores también podrían ser tratados como terroristas y “castigados” como tales.
Educador – Escritor
urdaneta.antonio@gmail.com
@UrdanetaAguirre
