En muchos mercados, suele pensarse que el precio de paridad de importación constituye un umbral a partir del cual los precios internos asomarían poder de mercado por parte de los oferentes domésticos, quienes pudieran estar descremando los mercados domésticos.
Sin embargo, en el uso de dicho criterio se requiere valorar ciertas consideraciones, como podrían ser los costos internos y el hecho que suele afirmarse que los mercados internacionales no sólo resultan más competitivos y elásticos, sino que, en ocasiones, ciertos mercados internacionales se encuentran referidos a productos que provienen de ofertas conjuntas o Joint Supply. En estos casos, dichos precios internacionales no consideran costos comunes y conjuntos dado que el valor del producto en el mercado doméstico es tal que es capaz de soportar todos estos costos, y los precios internacionales sólo reflejarían los costos marginales.
En Venezuela, en el mercado doméstico de combustibles ocurría lo contrario; los precios domésticos se encontraban absolutamente divorciados y brutalmente por debajo de los precios de paridad de importación, lo que no reflejaba ni eficiencia productiva, ni llegaba a cubrir los costos.
Podía esperarse en aquella Venezuela que la demanda superara a aquella que correspondería con un precio de paridad de importación.
Lo anterior implicaba un enorme costo de oportunidad en ingresos no realizados por exportaciones no efectuadas de hidrocarburos o sus derivados, y constituía incluso una destrucción neta de bienestar en la medida que no existía corresponsabilidad del consumidor que podría valorar el combustible por debajo de su costo real.
Obviamente, dicho precio subsidiado también distorsionaba mercados internos relacionados con el combustible y presentaba un costo de oportunidad pública de dichos recursos en usos públicos alternativos.
Los ajustes de precios que corrijan dichos desfases resultan razonables, eficientes y deseados, en la medida que no se encuentren precedidos de un rezago que implicó perder la industria nacional y que cuenten con alternativas para aquellos consumidores que no pueden tener acceso al combustible con los nuevos precios.
Es decir que el ajuste que enfrentamos en Venezuela no constituye una “política pública” ante distintas alternativas, sino una consecuencia.
En específico, los ajustes pueden resultar muy regresivos para ciertas zonas geográficas ante los colapsados, deficientes o ausentes sistemas y servicios de transporte público masivo en Venezuela. La falta de conexión, movilidad y comunicación en el país es un grave problema con consecuencias en productividad, calidad de vida y derechos fundamentales.
El sistema de acceso y de precios dual anunciado -en vigencia, durante, supuestamente 90 días- peca de continuar utilizando a la política de precios y sus controles como instrumento de equidad, sin corregir las distorsiones inflacionarias. En consecuencia, son de perogrullo los riesgos asociados al arbitraje, la corrupción y el mercado negro.
Adicionalmente, otro riesgo está presente: en la medida en que resulte insuficiente la oferta de gasolina oficial a 5.000 Bs./lt o que implique un costo transaccional extremadamente elevado para muchos, las prebendas en favor de unos pocos para comercializar privadamente combustible en Venezuela constituirá una nueva fuente de rentas, metiéndole la mano directamente en los bolsillos a los venezolanos.
Veremos si efectivamente el precio de paridad de importación regirá al mercado libre, privado y no oficial del combustible, o por el contrario se observará como el precio libre de subsidio perfora dicho umbral, como señal de descreme de mercado y producto de una nueva explotación a los consumidores venezolanos.
Economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV)
