Desde marzo de este año los venezolanos estamos combatiendo en dos frentes. Como el resto del mundo, literalmente hablando, estamos batallando día a día contra un enemigo que, aunque minúsculo y casi invisible es muy poderoso, lo apodan Covid-19. Simultáneamente, también a diario, pero desde 1999, estamos batallando, sin tregua, contra los grandes capitales corporativos y financieros transnacionalizados, conocidos en los bajos fondos como imperialismo, quienes nos declararon una guerra, que aunque no convencional es guerra al fin.
Contra la pandemia
El primer caso de Covid-19 en Venezuela se diagnosticó el 12 de marzo. Inmediatamente el gobierno bolivariano decretó la cuarentena voluntaria. Los vuelos internacionales y nacionales fueron suspendidos y las escuelas, universidades, fábricas y los comercios fueron cerrados. Los sectores priorizados: alimentos, medicamentos y transporte no han dejado de producir.
En términos relativos, el número de casos, así como la tasa de prevalencia del coronavirus en Venezuela han sido bajos. Al día de hoy, 17 de junio de 2020, se registran 3.591 personas contagiadas, 30 fallecidas y 835 recuperadas. El 77% de los casos son principalmente importados de Colombia y Brasil, países en los que lamentablemente los niveles de incidencia son relativamente muy elevados.
Varios factores han sumado a la contención de la propagación del virus en Venezuela además del cierre inmediato de los vuelos y el confinamiento. La Plataforma Patria, un sistema que fue creado en el marco de la guerra económica para garantizar protección al pueblo venezolano mediante subsidios directos, ha servido para identificar en línea y en tiempo real eventuales casos de contagio para proceder a ubicarlos mediante visitas casa a casa, realizar las pruebas de diagnóstico rápido y de resultar positivo al Covid-19 activar los protocolos epidemiológicos. En Venezuela se han aplicado 1.081.542 pruebas gratuitamente a través del sistema de salud, el cual, desde 1999 es público y gratuito.
La política de inamovilidad laboral, los subsidios directos a los hogares venezolanos a través de la Plataforma Patria, así como el apoyo gubernamental a las pequeñas y medianas empresas han permitido a los trabajadores formales e informales de la economía sobrellevar, de alguna manera, la cuarentena.
En este frente, a pesar de las dolorosas bajas, la batalla la vamos venciendo. No obstante, el enemigo intensificó el ataque las últimas dos semanas. No nos confiemos.
Contra el imperialismo
En plena pandemia el imperialismo estadounidense arremete contra el pueblo venezolano.
En menos de tres meses, desde mediados de marzo, los ataques han sido uno tras otro, no han cesado. A finales de marzo de este año, Mike Pompeo junto con el Fiscal General de EEUU, William Barr, nos acusaron, sin prueba alguna (como suelen hacer los voceros del imperio estadounidense) de narco Estado. De más está decir que el hecho verdadero y cierto es que Venezuela ni siquiera figura en los informes sobre drogas publicados por la ONU. Los niveles de producción, tráfico y consumo son relativamente tan bajos que no amerita mención en dichos informes. En cambio, de las 18 millones de personas que se estima consumen cocaína a nivel mundial, el 38% son de América del Norte y de las 245.400 hectáreas de cocaína que fueron cultivadas en 2017, el 69,68% 171,000 estaban en territorio colombiano.
No conforme con las acusaciones infundadas y con la excusa de reforzar la vigilancia contra el narcotráfico, el 02 de abril, EEUU desplegó su fuerza naval militar conformada por buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros, cerca de aguas venezolanas, específicamente en el Mar Caribe en un intento de amenaza de invasión
Mientras montaban todo este espectáculo, EEUU ponía en marcha la Operación Gedeón: incursión marítima de un grupo de mercenarios por las costas del Norte, específicamente por los estados La Guaira (Macuto) y Aragua (Chuao) cuyo principal objetivo era infiltrar grupos armados en Venezuela para asesinar al presidente Nicolás Maduro y a líderes de la revolución bolivariana. La operación fue coordinada por el estadounidense Jordan Goudreau, representante de la empresa Silvercorp quien suscribió un contrato por 212 millones de dólares para ejecutar el plan.
Paralelamente, Donald Trump intensificó la guerra económica y arremetió con el bloqueo comercial y financiero. Amenazó a los países de todo el mundo con enfrentar severas sanciones si ayudaban a la flotilla de petroleros de Irán a ingresar combustible a Venezuela. Los 5 buques entraron en aguas venezolanas escoltados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Llegaron a buen puerto.
Por si fuera poco, y también en tiempos de pandemia, escalaron el ataque a nuestro bolívar, que como hemos venido demostrando, se trata de un arma criminal de la guerra economía. A través de portales web manipulan políticamente el tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar induciendo una hiperinflación que a su vez deriva en la pérdida del poder adquisitivo, desfinanciamiento de la administración pública, contracción de los niveles internos de producción y escasez del efectivo.
Sin justificación económica alguna, en medio de la cuarentena, indujeron 166% la depreciación del bolívar: el tipo de cambio pasó de 75.000 BsS/US$ en marzo a 200.000 BSS/US$ hoy.
De todas las armas empleadas en la guerra económica, el ataque a la moneda ha sido, históricamente, la más encubierta. Sin embargo, poco a poco la han ido develando.
El 09 de diciembre de 2019, el senador republicano Richard Black, confesó que es el imperialismo estadounidense el responsable de la pérdida de valor del bolívar: “Hemos desmonetizado su moneda y, a través del sistema bancario internacional, hicimos que la moneda venezolana careciera de valor y luego vamos y decimos: ‘Miren lo malo que es este Gobierno, su moneda no vale nada’. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda».
Desde el año 2013 hasta la fecha han atacado y por tanto depreciado el bolívar 249.900.000.000%. Mientras en 2013 dábamos 8,69 BsF/US$, hoy debemos dar 20.000.000.000 BsF/US$.
Así las cosas, mientras el pueblo venezolano en unión cívico militar ha estado de batalla en batalla en cada uno de los frentes en los que le ha tocado combatir desde 1999, los think tank de la Casa Blanca tienen 21 años tratando de descifrar cómo es que este pueblo de Bolívar se ha mantenido de victoria en victoria ante tan criminales ataques. Nunca lo entenderían.
Pasqualina Curcio: Economía post pandemia. Se escuchan propuestas
La pandemia ha conmovido y también movido a la humanidad. Los mitos del capitalismo, poco a poco se están derrumbando; las mentiras del neoliberalismo se están develando; y las caretas teóricas que por décadas han sustentado al sistema opresor están cayendo.
Los teóricos monetaristas, defensores y encubridores a ultranza de lo más salvaje del capitalismo, han quedado literalmente mudos, y cuando hablan solo logran aflorar sus contradicciones. Los hechos se han encargado de desmentir sus postulados basados en que los mercados por si solos logran la eficiencia y “la felicidad” y por lo tanto que el Estado no debe intervenir en lo más mínimo en los asuntos económicos incluyendo la emisión de dinero.
No tuvieron cara ni tampoco argumentos para decir a la Reserva Federal de EEUU que no emitiese los 3,5 billones de dólares durante estos tres meses de pandemia, monto mayor a la cantidad de dinero que emitieron entre 2008 y 2014 para salir de la crisis financiera. Mucho menos han sabido explicar por qué tamaña cantidad de dinero no ha derivado en inflación.
La mayoría de los monetaristas callan para ocultar su responsabilidad en la desigualdad, pobreza y miseria en la que han sumergido a la humanidad durante el último medio siglo. Mientras ellos pasan agachados, sus rivales históricos, los keynesianos, arremeten en contraofensiva.
Aumentar los impuestos
Circula una propuesta impulsada por el nobel de economía Joseph Stiglitz. Desde hace tiempo ha venido planteando que los mercados fallan y cuando eso ocurre el Estado debe intervenir para resolver el asunto. Fallan porque hay bienes que los capitalistas no tienen interés en producir, no tienen manera de cobrar por ellos, de recuperar los costos y mucho menos obtener ganancias, son los bienes denominados públicos (el alumbrado público, la seguridad y defensa de la Nación). Fallan también porque la información no es simétrica, es decir, quien produce y vende tiene más información que quien compra. Fallan por la presencia de monopolios, empresas que tienen el poder de fijar precios y cantidades.
Otra justificación para que los Estados intervengan en la economía es lo que denominan bienes meritorios. Se trata de la prestación de los servicios de salud y de educación. Son meritorios no porque se esté pensando en el buen vivir del ser humano, sino porque son la garantía de mayor productividad que, para efectos de la burguesía en el marco del capitalismo implica mayores ganancias y con ella mayor acumulación y concentración de capitales.
Estas fallas, así presentadas, vienen a justificar la participación del Estado en la economía no por un asunto de humanidad, sino para resolverle los problemas al capitalismo y garantizar su perpetuidad, para ocuparse de lo que a la burguesía no le interesa producir y sobre todo para garantizarle los niveles de consumo en el mercado, en este caso, por la vía de la inversión y el gasto públicos.
Para que el Estado pueda ocuparse de los asuntos en los que los mercados fallan, requiere contar con mayores recursos los cuales obtiene por la vía de los impuestos y es aquí donde se centra la propuesta de Stiglitz conjuntamente con La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, específicamente, “aplicar un 25% como tipo mínimo efectivo del impuesto sobre sociedades en cada país para detener la erosión de las bases imponibles y el desplazamiento de beneficios”, entre otras.
No es que estemos en contra de la propuesta de Stiglitz. Después de lo que como humanidad hemos vivido los últimos 50 años, debemos decir que entre los monetaristas neoliberales y los neokeynesianos, pues los planteamientos de los segundos parecieran ser menos dañinos. Sin embargo, no es la solución para acabar con la desigualdad y la pobreza, si acaso la alivia, pero no resuelve su principal causa que es la explotación del trabajador. Adicionalmente, podría resultar un arma de doble filo al permitir salvar y perpetuar al capitalismo. Como dicen los magnates del Foro Económico Mundial de Davos, sería una manera de reinventar el capitalismo que, en definitiva, es lo que andan buscando.
Disminuir la explotación, la desigualdad y la pobreza.
En estos tiempos de pandemia sería imperdonable como humanidad dejar pasar la oportunidad que nos ofrece el Covid-19 luego de haber abierto grandes grietas en el sistema capitalista. Como clase asalariada debemos centrar nuestros esfuerzos no solo en que la burguesía pague un poco más de impuestos y el Estado asuma más responsabilidades, sino que debemos garantizar que los niveles de explotación al trabajador, que hoy son extremadamente intolerables, disminuyan.
Actualmente, en el mundo, y según datos de la Comunidad Europea, por cada euro que recibe un trabajador, el burgués se apropia, en promedio, de 44. Es decir, si la producción es 45, el trabajador recibe 1 y el burgués 44, en otras palabras, el grado real de explotación promedio en el mundo, el cual se obtiene al dividir las ganancias entre los salarios (luego de ajustarlo por la proporción entre burgueses y obreros) es 4400%. Esta desigualdad que se origina en el proceso productivo se manifiesta en niveles de pobreza superiores al 50% a nivel mundial.
Propuestas
Proponemos que la ONU revise los Objetivos de Desarrollo del Milenio e incluya entre las metas, la disminución de la desigualdad de la riqueza entre la clase burguesa y la obrera (la cual debe ser medida por el grado real de explotación) hasta llegar a por lo menos el 100% en promedio en cada país, porcentaje que sigue siendo injusto, pero recordemos que actualmente es 4400%.
La meta de disminuir la pobreza establecida por la ONU pasa necesariamente por disminuir la desigualdad de la riqueza, que no es lo mismo que la disminución de la desigualdad entre asalariados (indicador medido por el GINI). No se trata de igualar los salarios entre los asalariados, se trata de devolver al obrero lo que en el proceso social del trabajo le fue enajenado por el burgués. Para ello proponemos la creación, en cada unidad de trabajo, de un fondo que se alimente con un porcentaje de las ganancias que debe ser distribuido a los asalariados.
A veces nos preguntamos ¿por qué en capitalismo no se publican los niveles de explotación que son su razón de ser? Proponemos que el indicador “grado real de explotación” sea visiblemente publicado con la misma periodicidad que se hace con el PIB de manera que, la clase obrera a nivel mundial pueda conscientemente monitorear la desigualdad y el cumplimiento de las metas que deben ser incluidas en la ONU. Lo propio debe hacer cada unidad de trabajo en cualquier rincón del planeta.
Concretar propuestas que apunten siempre a disminuir la explotación y con ella la desigualdad de la riqueza, permitirá un mayor empoderamiento de la clase obrera, necesario para seguir avanzando hacia un mundo socialista y verdaderamente humano. De lo contrario el discurso actual de la necesidad de un mundo post pandemia más humano solo quedará en discurso mientras los capitales se reinventan aceleradamente.