“El socialismo es lo que propone Jesús, el Cristo Redentor; vayamos iguales, como hermanos, que reine el amor entre nosotros y no el odio y la envidia; rechacemos el individualismo y sigamos el colectivismo; vivamos en comunidad, respetando los derechos de todos”. Hugo Rafael Chávez Frías – La Guaira, 23 de marzo de 2006.
Nuevamente volvemos a insistir sobre un problema que atañe no sólo a los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional sino a los trabajadores activos de Pdvsa quienes también próximamente, luego de cumplir los requisitos de Ley, serán también jubilados del Estado venezolano.
Si bien el proceso de jubilación que atañe a los trabajadores del país está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y blindado por la Ley orgánica del Trabajo (LOT), es de interpretación bajo un Estado de Derecho, el respeto a sus conquistas bien a través de un Contrato Colectivo o a través de la normativa de las instituciones que mejoren – según el espíritu de la Ley – la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores.
Todas las interpretaciones o acciones que vayan en detrimento de las conquistas labores, entre ellas la jubilación, son acciones inconstitucionales y de estas conquistas tiene conocimiento – por experiencia propia – el actual Presidente Constitucional y “Presidente Obrero” Nicolás Maduro Moros.
Si bien la jubilación es una etapa posterior a la liquidación de las prestaciones sociales de los trabajadores, al finalizar su servicio laboral según los Contratos o normativas internas de las empresas como Pdvsa, por ejemplo, la misma está vinculada directamente a un derecho abrazado al espíritu de la Constitución y a toda la normativa laboral legalmente establecida en el país.
El artículo 92 de la Constitución de 1999 señala textualmente lo siguiente: “Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”.
Y en relación a compromisos laborales contraídos directamente por el Estado o por empresas del mismo, las responsabilidades directas sobre casos de “simulación o fraude” en la aplicación de la Ley, en este caso las de vinculación laboral.
Es en este sentido donde cobra importancia para los jubilados de Pdvsa, la responsabilidad de las autoridades de la industria petrolera para con el colectivo de jubilados, quienes por la vía legal y ante las máximas instituciones del Poder Moral de la República, ha elevado sus justos reclamos que por moral, hechos jurídicos y laborales nos corresponden.
Para comprender el espíritu exacto de la Constitución sobre el tema es bueno citar el artículo 94: “La Ley determinará la responsabilidad que corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista, sin prejuicio de la responsabilidad solidaria de éstos…”.
“El Estado establecerá, a través del órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral”.
No hay ninguna duda en cuanto a los reclamos por derecho del colectivo de jubilados de Pdvsa (población que supera los 29 jubilados) en relación a pagos pendientes vinculados a la existencia de un Fondo de Pensiones, legítimamente constituido, para favorecer el futuro de los ex trabajadores de la industria petrolera, carbonífera y gasífera nacional, agrupados en AJIP, asociación que agrupa a los jubilados petroleros.
Los reclamos ya son harto conocidos por la opinión pública nacional y sus antecedentes, que rallan en la manipulación y usufructo de los gananciales e intereses del citado Fondo de Pensiones de Pdvsa, acusan demora y falta de una atención inmediata por parte de la Junta Directiva de Pdvsa, la Junta Administradora del Fondo (APJ-PDV), la Junta Interventora “Alí Rodríguez Araque” y de la actual Junta Directiva de Pdvsa, presidida por Asdrúbal Chávez.
Llama la atención en el caso del reclamo de los jubilados petroleros a la APJ-PDV, el silencio cómplice que han mantenido las actuales organizaciones sindicales y en especial, la máxima Federación Bolivariana de Trabajadores Petroleros, presidida por Wills Rangel.
Los reclamos del colectivo de jubilados, que deberían ser conocidos por vía directa por el Presidente Obrero Nicolás Maduro, quien nunca se ha pronunciado, al igual que no lo hizo el presidente saliente de Pdvsa, Gral. Manuel Quevedo, quien nunca por respeto y dignidad atendió a los jubilados y no tuvo, durante su gestión, ni una sola palabra para los jubilados de la industria ya que los ignoró.
En realidad en este aspecto deberíamos decir, sin temor a equivocarnos, que ha habido una burla y un desprecio por parte de representantes de la industria y del Estado venezolano, para quienes dedicamos largos años de nuestra vida a la primera industria del país.
Incluso, nos atrevemos a afirmar que existe una ignorancia por parte de quienes han manejado a Pdvsa (la cual la quieren subastar) al desconocer una mano de obra calificada como los jubilados, quienes estaríamos prestos a servir y a rescatar a la primera industria del país de la paralización en la que actualmente se encuentra.
Pero volviendo al tema que nos ocupa, el cual es un reclamo de nuestros derechos y conquistas laborales a través del Fondo de Pensiones, que legalmente nos pertenece a los jubilados y del cual fue cambiado su espíritu de reivindicación de los asociados (jubilados), por parte del prófugo de la justicia Rafael Ramírez Carreño.
El expresidente de Pdvsa “rojo rojito”, asesorado por el actual ministro de Finanzas Simón Zerpa, cambió los estatutos del Fondo (art. 33) para meterle la mano a los recursos en divisas, pertenecientes al colectivo de jubilados de la industria, petrolera, gasífera y carbonífera nacional, recursos que fueron utilizados para fines no laborales.
La lucha no cesa y el espíritu de reclamos de los jubilados de Pdvsa no están ocultos, al contrario el reclamo actual de intereses de pagarés que superan los 2 mil 700 millones de dólares, sin totalizar bienes e inmuebles y alquileres, están en manos de la Junta Administradora (APJ-PDV).
En este momento no queremos entrar a calificar la actuación de liderazgo del colectivo de jubilados de Pdvsa, donde han habido luchas de parte de AJIP y de un colectivo al margen de esta institución, el cual se dice llamar “Grupo Caracas” con una Hoja de Ruta que actualmente proclama, todo apuntando al legítimo reclamo de los derechos del colectivo de jubilados, que al final de la jornada tiene el mismo objetivo pero por diferentes vías, por lo cual los invitamos a la unión.
Como defensores del Estado de Derecho y de los legítimos derechos laborales consagrados en la Constitución es que pedimos y urgimos – de manera directa – la actuación del Poder Moral y del Presidente Obrero Nicolás Maduro, conocedor de los temas laborales como los aquí involucrados, para que metan su mano y no se dejen llevar por cuentos de camino, sobre este problema laboral, antes que sea demasiado tarde.
A los jubilados de la industria petrolera, gasífera y carbonífera nacional (PDVSA) nos asiste la razón moral, jurídica y laboral ¡Venceremos!
¡Amanecerá y veremos!
