La Unión Europea, siempre tan equilibrada, recibió una dosis de ácido similar a la que Nicolás Maduro les suministra con frecuencia a los países del Grupo de Lima. Amparado en el respaldo de Rusia, Irán y China, el gobernante pateó a la embajadora de la UE en Venezuela, Isabel Brilhante, abriendo así un frente de batalla en el cual las víctimas serán los venezolanos más humildes, quienes reciben la ayuda humanitaria proveniente de las naciones del viejo continente.
Hasta el moderado Josep Borrell, -militante del PSOE y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores- se ha visto obligado a reaccionar con contundencia. ‘Todas las opciones están sobre la mesa’, ha dicho, refiriéndose a la respuesta que Maduro recibirá luego de la agresión. Entre esas alternativas se encuentra la expulsión de la embajadora de Venezuela ante la UE, aunque tal posibilidad luce remota porque se requiere el consenso de los veintisiete países que integran la Unión. La complacencia con el régimen criollo de algunos de ellos impedirá que el acuerdo. Sin embargo, el resultado específico es que el mandatario venezolano se enemistó con un conjunto de naciones que han tenido un papel bastante parco a lo largo de estos últimos años. Ahondó la brecha.
Para eyectar a Isabel Brilhante, Maduro argumentó que estaba cansado del eurocentrismo y la arrogancia de los europeos, quienes cada vez que se les ocurre irrespetan la soberanía nacional. Veamos a cuál ‘soberanía’ se refiere. No es la popular, desde luego. Esta se expresó con toda claridad en las elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre de 2015. A esa cita concurrieron algo más de catorce millones de electores. Casi 70% del patrón electoral. Una masa compacta de ciudadanos. El voto del pueblo estableció que dos tercios de la Asamblea Nacional correspondían a los diputados de los partidos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Al poco tiempo, Maduro, a través del TSJ, le amputó tres miembros a ese cuerpo, los diputados de Amazonas, quienes nunca pudieron incorporarse a la Cámara. La soberanía de esa entidad fue aplastada por una decisión arbitraria del poder central. El centralismo acabó con el Estado federal. La entidad territorial indígena más importante de Venezuela quedó sin representación en la AN, el órgano de representación parlamentaria fundamental de Venezuela.
La mayoría parlamentaria, es decir la que representa la mayor cantidad de votos, escogió a Juan Guaidó como su Presidente en enero pasado. Este acuerdo soberano no le gustó a Maduro. Entonces, se valió de unos diputados amaestrados por él, la mayoría suplentes, para imponer a una persona de su agrado: el señor Luis Parra. La soberanía de la AN y de los electores fue ignorada. Más tarde -incluso con Parra al frente de la AN madurista- luego de años de turbulencia política, y ya desaparecida la MUD, los partidos opositores y el PSUV se pusieron de acuerdo para nombrar el Comité de Postulaciones que se encargaría de elegir el nuevo CNE, de acuerdo con los cánones establecidos en la Constitución y la Ley del Sufragio. Ese comité comenzó a operar respetando los lapsos legales. El proceso, que iba bien encaminado, no fue del agrado de Maduro, razón por la cual decidió abortarlo. Le transfirió de forma caprichosa la competencia al TSJ para que este organismo nombrara un CNE que se adaptase a sus intereses. Otra vez el Presidente de facto quebrantó la soberanía popular.
Las violaciones contumaces a la voluntad del pueblo, expresada en el voto popular y materializada en la AN, constituyen los antecedentes sobre los cuales la UE toma la decisión de sancionar al usurpador Luis Parra y a otros diez funcionarios del gobierno madurista. Además, la UE conoce el nivel de desamparo en que se encuentra la oposición democrática y la necesidad que tiene de recibir apoyo del exterior. Ese respaldo es absolutamente legítimo y constituye un acto de reciprocidad con el régimen implantado por Maduro, quien, por un lado, le arrebata la soberanía al pueblo; y, por el otro, se la cede a los cubanos y a las bandas armadas que operan libremente al sur de la nación. Además, Maduro se la pasa aupando a cuanto movimiento subversivo y contestatario surge en cualquier lugar del continente. El año pasado se vio su injerencia en los sucesos que terminaron con la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia, luego de haber cometido un fraude de proporciones mayúsculas, demostrado hasta el hastío por los organismos nacionales e internacionales que supervisaron esos comicios, concebidos por Morales como un simple trámite burocrático para mantenerse en el poder.
Al solidarizarse con la democracia venezolana, la Unión Europea lo único que hace es exigirle a Maduro que respete al pueblo soberano, y, de paso, le da un trato equivalente al que el gobernante mantiene con otros países de la región y del mundo. Con la gran diferencia que la conducta de la Unión se dirige a fortalecer el sistema democrático, no a destruirlo.
@trinomarquezc
