La finalización del periodo para el cual fue elegida la actual Asamblea Nacional se convierte en una circunstancia propicia para una reflexión, sobre el rol del parlamento en el marco de una dictadura.
Pareciera una contradicción, pero la historia y la lacerante realidad presente de nuestra patria, nos llevan a examinar la materia en diversas perspectivas.
Y hablo de una supuesta contradicción porque parlamento es sinónimo de democracia. Es más, en una verdadera democracia el parlamento es el poder más importante y representativo de una nación.
Las dictaduras comunistas han querido disimular su naturaleza y han establecido unos cuerpos a los que llaman congreso o asamblea, pero que no pasan de ser un cuerpo de agentes totalmente dependientes de la cúpula gobernante, y especialmente de quien jefatura dicha cúpula. Esos cuerpos ya no los podemos llamar parlamento democrático.
Un buen ejemplo de ese empeño en disimular, en tratar de mostrar un rostro que no es el propio, lo tenemos en la antigua RDA. Comenzando por el nombre: República Democrática de Alemania. Un estado que jamás fue democrático, instaló un parlamento de opereta donde hasta los clásicos partidos de la República de Weimar tenían, supuestamente, representación en dicho cuerpo. Solo que los representantes de dichos partidos eran agentes de la dictadura de Honecker que usurpaban la identidad de dichas formaciones.
La historia de Venezuela está llena de Congresos instalados sobre la base del fraude y la manipulación. Recuerdo, a manera de ejemplo, el congreso elegido por la dictadura de Pérez Jiménez en 1952. Los partidos históricos que pudieron competir eligieron diputados, y una vez develado el fraude retiraron su representación de aquel congreso ilegítimo. La dictadura compró a varios de los elegidos para instalar el cuerpo y simular la existencia del parlamento. Tal maniobra no le borró ante la historia su naturaleza fraudulenta.
Un verdadero parlamento, independiente del poder ejecutivo, que ejerce a plenitud sus competencias, no puede existir en una dictadura.
Por eso Maduro y su camarilla desconocieron desde el primer momento, la Asamblea elegida el 6 de diciembre de 2015 y cuyo mandato expira el 5 de enero de 2021.
La historia y evolución de ese desconocimiento es harto conocida, hasta llegar a la hora presente, cuando su directiva legítima y los integrantes del cuerpo no pueden, ni siquiera, acceder a su sede natural: el Capitolio federal. Una directiva espuria, de diputados coaptados por la dictadura, ocupa esos espacios, sirviendo a los más oscuros intereses de la camarilla gobernante.
Ahora, ante el empeño del régimen, de enterrar el cuerpo cuasi inerte de nuestra legítima Asamblea, se debate intensamente si es o no conveniente asistir a la ya contaminada elección que se plantea efectuar el próximo 6 de diciembre de 2020.
La semana pasada, en estos mismos espacios de mi columna de opinión, adelanté criterio sobre mi convicción de que, en esta coyuntura, y examinados todos los hechos ocurridos, no tiene sentido meterse en el descomunal esfuerzo qué significa un proceso de esa naturaleza.
Y precisamente un elemento a valorar, de forma puntual, es el que tiene que ver con el rol del parlamento en una dictadura.
O el cuerpo está de forma incondicional para encubrir al régimen y para tratar de lavar su sucio rostro autoritario, o simplemente no puede existir. Para lograr la sumisión en la nueva legislatura, la cúpula gobernante avanza en crear su propio ecosistema político.
En el caso de la ya anunciada convocatoria a dicha elección, y respecto de la modificación anunciada por el CNE del número de integrantes del cuerpo, surge de entrada, un vicio de nulidad absoluta que hace inconstitucional e ilegítimo el cuerpo a elegir.
Sin entrar a un debate específico sobre la naturaleza del sistema electoral, que trabajaré en otra entrega, constituye una grave usurpación de funciones la asumida por el CNE al modificar la ley que regula la materia. Usurpación a la que le conduce las absurdas sentencias de la Sala Constitucional madurista, cuya ilegitimidad ha sido ya estudiada suficientemente. No le es dado a dicha sala, y mucho menos al CNE, asumir la función legislativa.
La sala en cuestión no pude ir contra la norma consagrada en el artículo 137 constitucional, que define claramente el principio de legalidad y consagra la obligación del poder público de actuar solo atendiendo a sus competencias.
La norma es muy clara, y a la letra dice: Artículo 137: “Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.”
De modo que no puede la Sala desaplicar esa norma, ni sustraer las competencias de un poder más importante que ella misma, cómo lo es la Asamblea. El poder de interpretar correctamente la constitución no es base para derogarla o ignorarla, como tampoco le permite al CNE modificar la ley, ya que dicha función no le está consagrada en el conjunto de normas que le regulan, y en consecuencia debe “sujetarse” a las facultades taxativamente establecidas para su funcionamiento.
Además, al establecer el CNE, usurpando funciones de la Asamblea, un nuevo número de integrantes y un nuevo sistema de elección, violenta de forma directa el artículo 186 de la vigente constitución.
Dicho artículo establece de manera taxativa que los diputados se eligen por estados. No está prevista en esta constitución elegir diputados por una circunscripción nacional. De modo que su establecimiento (han previsto elegir 48 adicionales a los de los estados) constituye un vicio absoluto, que hace nulo de toda nulidad el acto en el cual se consagra, su convocatoria, así como el proceso en el cual se eligen. El número de diputados a elegir por los estados ha sido elevado, sin respetar la base poblacional consagrada en el ya citado artículo 186. Tal vicio también general la nulidad absoluta del cuerpo a elegir.
Cómo podemos apreciar lo que está planteado de entrada es un fraude a la constitución y a la ley, que no puede ser avalado, y que los demócratas y defensores del estado de derecho estamos en el deber de denunciar.
El régimen comunista venezolano se acostumbró a montar este tipo de cuerpos, maleables y ajustables según sus intereses políticos, desechando las normas constitucionales que los regulan.
Lo mismo hicieron con la ilegítima Asamblea Constituyente, donde un municipio rural de 2.000 habitantes elegía un representante, igual que un municipio de un millón de habitantes, como Petare o Barquisimeto. Burda forma de llenar de agentes sumisos dichos cuerpos.
Con el incremento del número de diputados en la próxima legislatura, el régimen gana por todas partes. En primer lugar, promueve mayor fragmentación del espectro político. Al haber más plazas habrá más personas que consideran tener una oportunidad y marchan presurosos a postularse. Al existir más cocientes fragmentados le será más fácil al PSUV adjudicarse más curules. El gobierno gana hasta perdiendo aparentemente. Pues tendrá la mayoría con los elegidos directamente de sus listas, más lo que resulten elegidos en otras listas cuasi oficiales, o con los “opositores” a los que se les permite competir, usando las tarjetas robadas a los partidos reales, así como a los que tienen la fortuna de conseguir que el régimen tener una tarjeta electoral.
Estamos frente a una competencia donde el gobierno define a sus competidores. Los liderazgos que no desean tener en ese cuerpo son inhabilitados, encarcelados, exiliados, hostigados, y sus partidos secuestrados y colocados en manos de obedientes actores.
He dialogado con amigos que sostienen la idea de elegir, en todo caso, unos cuantos diputados que se conviertan en voz de la sociedad democrática. A ellos les he recordado la forma cómo funciona ese cuerpo, desde los tiempos en que Diosdado Cabello, consagró un reglamento autoritario para su funcionamiento.
Para una legislatura como la que va a surgir de ese ya viciado proceso no hay que buscar políticos íntegros, cultos, comprometidos y firmes. Será menester elegir boxeadores, gimnastas o atletas que puedan resistir las agresiones, correr, o trepar rejas, cada vez que osen levantar su disidente voz, y “la furia bolivariana” arremeta contra su integridad física, como se ha convertido en costumbre por parte de la barbarie.
Por donde se le analice, estamos frente a un proceso que nace viciado, violando de forma expresa y directa la constitución, creando un cuerpo parlamentario nulo de nulidad absoluta.
Esto sin contar con la capacidad de manipular los datos numéricos del proceso, materia en la cual ya el comunismo criollo tiene una dilatada experiencia. Para corroborarlo me atengo al comunicado de la empresa Smartmatic, publicado el 2 de agosto de 2017, con ocasión del proceso de elección de los integrantes de la ilegítima Asamblea Constituye.
El dicho comunicado la empresa en cuestión afirma:
Gracias a la existencia de este robusto sistema automatizado de votación es que podemos saber, sin lugar a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación del dato de participación. Es importante resaltar que en las votaciones manuales ocurren manipulaciones similares, pero pasan desapercibidas, por no contar con los mecanismos de seguridad y auditoría del sistema automatizado.
¿Quién garantiza que en el próximo evento no harán lo mismo? Sobre todo, ahora, cuando la oposición no tiene acceso a los sistemas de contabilidad, transmisión, totalización y adjudicación.
No perdemos ningún espacio en este tipo de entes fraudulentos al no presentarnos. El mundo democrático seguirá rechazando esta farsa. Con mayoría parlamentaria nuestra representación fue desconocida, en una legislatura controlada por el régimen, el desconocimiento les será más cómodo.
Los demócratas venezolanos, debemos consagrar nuestra energía en recomponer la unidad, recuperar fuerzas, y lanzar una política que integre a toda la nación en la prioritaria tarea de expulsar del poder a los usurpadores.
