La pandemia de la covid-19 ha puesto sobre la mesa un debate interesante sobre el papel del Estado en la economía. Es el momento de pensar en un Estado, no como “gastador”, que es como habitualmente lo conocemos, sino como gran inversor, creador de valor y emprendedor que permite acelerar transformaciones del modelo productivo.
Muchas innovaciones han sido posibles porque el Estado ha asumido riesgos. Empresas de la nueva economía, como Apple, Google o Facebook se han creado gracias a una gran inversión pública. Conviene, y ahora tras la pandemia sanitaria en mayor medida, contar con ese papel del Estado. Pero ¿esa inversión y ayuda al sector privado ha de hacerse sin exigir nada a cambio? ¿Es justo socializar el gasto público que se invierte en las empresas y que todos los futuros beneficios sean privados?
Ha de existir un retorno de esa inversión y asunción de riesgos por el sector público, con un mecanismo mucho más directo que los impuestos. Países como Finlandia, China o Brasil invierten en empresas de sectores estratégicos, mediante la compra de acciones y así garantizan ese retorno al sector público.
Ahora, tras la crisis sanitaria de la covid-19, varios países se han apresurado a invertir en el accionariado de sus empresas estratégicas, con el doble objetivo de evitar la quiebra de esas empresas y a la vez orientar esas ayudas públicas a acelerar el cambio a un nuevo modelo industrial. En el sector de la automoción, Alemania en Volkswagen y Francia en el Grupo PSA y en Renault, buscan la transición hacia los vehículos eléctricos.
Sin embargo, la experiencia demuestra que este tipo de participación pública en el capital de empresas privadas no está exenta de algunos riesgos. En primer término, se deben extremar los controles para la buena gobernanza de las empresas, primando siempre criterios de profesionalidad a la hora de tomar decisiones que eviten la asunción de riesgos injustificados y garanticen la mejor performance de las empresas. Casos de mal gobierno corporativo como los de las ya extintas cajas de ahorros en España no han de repetirse.
Y en segundo lugar, existe el riesgo de que este tipo de ayudas públicas a determinadas empresas distorsionen la competencia del mercado interior en la UE. La participación pública en el capital de empresas privadas afectadas por la crisis de la covid-19 está justificada siempre que exista un “interés general”, que la insolvencia no sea preexistente, y que se acompañe de un plan de desinversión de siete años como máximo. La Comisión Europea exige además, que en esa recapitalización de empresas privadas contribuyan también los inversores privados de forma significativa con al menos un 30% del nuevo capital, y que se limite el reparto de dividendos y la remuneración de directivos.
Con estos controles, y necesaria transparencia, bienvenido sea el fondo de rescate aprobado por el Gobierno español de 10.000 millones de euros para que a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el Estado entre de forma transitoria en el capital de empresas privadas viables que presenten problemas de solvencia generados por la crisis tras la pandemia de la covid-19. Es una oportunidad para apoyar a empresas viables de sectores estratégicos en los que merece la pena apostar para lograr una economía más competitiva, de mayor valor añadido y que genere empleos de mayor calidad.
Y para favorecer el acompañamiento de la participación pública en el capital de las empresas por inversión privada también resulta acertada la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial, de hasta 40.000 millones, que facilitará que la banca conceda financiación a los inversores para invertir en estas empresas.
Uno de los aprendizajes de la pandemia que estamos sufriendo es que debemos reforzar el papel del sector público, desmontando determinados mitos que sobre el Estado hemos mantenido durante demasiado tiempo, como los de que el Estado frena la innovación, o que el Estado sólo debe gestionar problemas del mercado a través de la regulación, o que los retornos de la inversión del Estado se han de realizar tan sólo vía impuestos. Participando en el capital de las empresas estratégicas, además de aportar financiación pública, el Estado puede representar un papel más relevante en la innovación y actuar como emprendedor que también arriesga. Impulsando además el tránsito a un modelo sostenible y sostenido económico, social y medioambientalmente, apoyando sectores estratégicos como las energías renovables y valorización de residuos, la movilidad ecológica, la industria de la salud, las tecnologías de la información, comunicaciones e inteligencia artificial, las industrias agroalimentarias, las industrias culturales y creativas, etcétera.
Finalmente, ¿por qué no aprovechar la presencia del capital público para reformar el gobierno de esas empresas, que sea más participativo y democrático, dando entrada a los agentes sociales en su supervisión? Porque no olvidemos, el gobierno de las empresas es tan importante como el gobierno de los países, y la riqueza y crecimiento económico de las naciones dependerán de cuál sea la performance y los resultados de sus empresas.
Profesora de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid
