El gobierno de Estados Unidos parece haber encontrado la fórmula para detener o entorpecer con alto grado de éxito las importaciones de gasolina y otros productos derivados de hidrocarburos, pues Venezuela ahora forma parte de los destinos de alto riesgo de las principales empresas certificadoras y aseguradoras de buques del mercado naviero internacional.
Según una nota de Al Jazeera, Venezuela está en la lista de áreas de alto riesgo establecida por los funcionarios del mercado de seguros de Londres, uno de los principales del planeta, lo que supone para los propietarios de buques que atraquen en puertos nacionales que no podrán asegurar cargamentos para otros destinos, incluso si traen sin licencia específica productos exentos de sanciones.
La larga mano de Washington también ha tocado a las empresas certificadoras, cuya misión es expedir una garantía de que los buques están en condiciones de navegar. Varias de estas compañías, un mercado muy concentrado, han decidido retirar sus servicios a embarcaciones que participen en operaciones comerciales con crudo venezolano.
Las sanciones de Estados Unidos han llevado a las exportaciones de petróleo de Venezuela a sus niveles más bajos en casi 80 años, privando al gobierno socialista de Nicolás Maduro de su principal fuente de ingresos y dejando a las autoridades sin recursos para importaciones esenciales como alimentos y medicinas, indica la nota de la agencia catarí.
El gobierno de Maduro dice que EE.UU. está tratando de apoderarse del petróleo de Venezuela y llama a las medidas de EE.UU. persecución ilegal que incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano.
Estados Unidos están presionando a las compañías navieras, aseguradoras, certificadores y estados de bandera que registran los barcos, en función de utilizar vías diplomáticamente menos costosas para impedir que la administración de Nicolás Maduro haga negocios con el exterior, con la excusa de que son recursos para «aumentar la corrupción y su control sobre la población».
Los voceros del gobierno nacional insisten, en cambio, en que las sanciones vulneran derechos fundamentales de los venezolanos, incluidos el acceso a alimentos y medicinas, indispensables sobre todo cuando el mundo padece el azote de la pandemia de Covid-19.
No obstante, las sociedades de clasificación de barcos, que certifican las normas de seguridad y ambientales para los buques de carga, están sintiendo la presión de Washington por primera vez. Sin la certificación, un buque y su carga quedan sin seguro. Los propietarios de los buques también incumplirían los contratos comerciales que exigen el mantenimiento de los certificados. Además, las autoridades portuarias pueden negar la entrada o detener un barco.
La empresa Lloyd’s Register (LR), con sede en Londres, una de las principales clasificadoras de buques del mundo, dijo que había retirado los servicios de ocho buques cisterna que participaban en el comercio con Venezuela.
«De conformidad con nuestro programa de cumplimiento de las leyes de sanciones, cuando tenemos conocimiento de buques que operan en violación de las leyes de sanciones pertinentes, se ha retirado la clasificación de LR», dijo una portavoz de Lloyd’s Register.
Algunas empresas petroleras se niegan a fletar buques que han hecho escala en puertos venezolanos en el último año, aunque el viaje estuviera exento de sanciones. «El sector naviero ha sido el receptor de la acción de EE.UU. en Venezuela y se ha generado mucha incertidumbre, ya que nadie sabe quién será el próximo», dijo una fuente de la industria naviera a Al Jazeera.
Las aseguradoras también están en un aprieto. Han sido conservadoras en su interpretación de las sanciones de EE.UU. para evitar cualquier posible violación, dijo Mike Salthouse, presidente del subcomité de sanciones de International Group. El grupo representa a las compañías que aseguran alrededor del 90% del transporte marítimo comercial del mundo.
«Si hay ambigüedad en cuanto a lo que es lícito y lo que es ilícito, hace casi imposible que una aseguradora pueda decir si alguien tiene cobertura o no», dijo. Incluso después de que los buques y las empresas sean retirados de la lista de sanciones, pueden tener dificultades, añadió Salthouse.
Las empresas petroleras, por ejemplo, pueden revisar las relaciones con las compañías que poseen o gestionan buques que los EE.UU. han sancionado, y luego han cesado los contratos para evitar cualquier posible problema con otros buques, dijo.
«Si un barco navega a Venezuela, su propietario tiene que notificar al asegurador y puede ser que este no pueda cubrir su riesgo», dijo Neil Roberts, jefe de seguros marítimos de Lloyd’s, que representa los intereses de todos los negocios de suscripción en el mercado de la aseguradora internacional con sede en Londres.
La industria se enfrenta «a la amenaza directa y real de que su comercio sea detenido por una administración estadounidense vigilante, debido a una infracción involuntaria», dijo. «Este riesgo por sí solo es suficiente para alimentar la multiplicación de los controles de cumplimiento».
Algunos de los mayores los estados con bandera internacional, como Panamá y Liberia, también están examinando más de cerca los buques que participaron en el comercio de Venezuela, ya que se encuentran bajo la presión de EE.UU. para retirar el registro de los buques que violan las sanciones.
Los abogados marítimos de Panamá dijeron que su registro está multando a los buques que no cumplen con las directrices marítimas de EE.UU. emitidas en mayo.
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