En diciembre de 2015, la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó las elecciones de la Asamblea Nacional, con una ventaja sobre el partido de gobierno de 15 por ciento de los votos totales obtenidos y una abstención de poco más del 25 por ciento del padrón electoral. El fraudulento sistema electoral mayoritario existente en el país desde el año 2009, cuando se promulgó la inconstitucional Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), le otorgó a la fórmula ganadora la mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Nacional. La MUD fue por tanto sobre representada, mientras el PSUV quedó subrepresentado en la repartición de los escaños del llamado parlamento venezolano, lo que significa que la integración de la Asamblea Nacional no correspondió a la distribución nacional de la voluntad de los electores. Algo similar, pero en favor del gobierno, había sucedido en las elecciones legislativas de 2010.
Este hecho, a pesar de ser pasado por alto por los factores polarizados dominantes de la política venezolana, hace ilegítimos todos los procesos electorales para cuerpos deliberantes realizados desde el año 2009. Serán procesos legales, pues se ajustan a la LOPRE y han sido el resultado de decisiones del Poder Electoral, además de dirigidos y coordinados por éste, pero son en realidad ilegítimos y más aún, inconstitucionales, al violentarse lo dispuesto en el artículo 63 y varios otros de la Constitución Nacional.
Las elecciones de 2015 se realizaron dentro de unas condiciones que es importante en este momento recordar. En la campaña electoral se da un claro ventajismo oficial en el uso de los medios de comunicación del Estado, en los que no hubo presencia opositora. Además, la campaña oficial abusó de la utilización permanente de transmisiones radiotelevisivas obligatorias para las emisoras privadas (las llamadas cadenas), copando horas estelares de la programación regular durante todo el período electoral. Así mismo, hubo la participación abierta de los candidatos oficiales en actos públicos de entrega de beneficios a la población y la intervención de altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Presidente de la República, en actos proselitistas electorales. Adicionalmente, el uso de las corporaciones y empresas del Estado en la colocación de vallas, pendones y pancartas publicitarias de los candidatos del PSUV y en el transporte de sus militantes y simpatizantes.
Las elecciones se desarrollaron a pesar de la inhabilitación, en los seis meses anteriores a las mismas, de un gran número de líderes opositores importantes: Manuel Rosales, Pablo Pérez, María Corina Machado, Carlos Vecchio, Daniel Ceballos y Enzo Scarano, a los que hay que añadir a Leopoldo López, quien había sido inhabilitado con anterioridad. La MUD denunció la existencia de incursiones violentas de grupos paramilitares del gobierno (colectivos) en sus actos electorales públicos, desde el mismo inicio de la campaña electoral. En uno de estos actos fue asesinado un dirigente regional del partido Acción Democrática. Por su parte, un dirigente del partido de gobierno fue asesinado también, pero en un acto electoral estudiantil de la Universidad del Zulia, hecho por el cual el gobierno acusó a un dirigente opositor. El día de las elecciones, el CNE prorrogó el lapso electoral hasta la 6 p.m. o hasta que hubiera electores esperando para votar, algo que siempre ha sido cuestionado.
Como puede verse, la oposición, hoy nuevamente abstencionista, participó en 2015 en unas elecciones en las que ellos mismos señalaron la inexistencia de condiciones mínimas. Participaron con un CNE 80 por ciento gubernamental designado por el TSJ, lo hicieron a pesar de los atropellos gubernamentales, del ventajismo oficial, de la existencia de un clima de violencia e intimidación y de su reducida capacidad financiera frente a la exhibida por el sector oficial. Participaron y ganaron. Hoy es imposible que puedan explicar su suicida posición abstencionista. La misma tiene como explicación la escogencia de una vía no electoral ni nacional para el cambio de gobierno y el uso fraudulento mientras tanto de los activos venezolanos en el exterior, en clara complicidad con gobiernos extranjeros. Es la verdad, así le duela a algunos.
