El miércoles 15 de junio 2020, la Cámara de Diputados de Chile aprobó el retiro del diez por ciento (10 %) de los fondos acumulados por los trabajadores y trabajadoras en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el 22 de julio fue aprobado por el Senado, solo falta el ejecútese presidencial para su aplicación.
Para comprender la importancia de esta decisión, hay que ubicarse en el contexto de la actual situación del pueblo chileno, asediado por la pandemia del Covid19, ocupando el décimo lugar entre los países más infectados del mundo, la caída brusca de la economía, miles de empresas cerradas y los trabajadores y trabajadoras cesantes, obligados por ley, al “pacto” entre el empleador y éstos, a suspender el convenio de trabajo mientras dure la crisis, recibiendo apenas el monto otorgado por el Fondo de Cesantía.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron creadas en 1981, durante el gobierno del General Augusto Pinochet, son fondos de capitalización individual y se rigen por las leyes del mercado, a lo largo de estos años se ha demostrado, según estudios académicos rigurosos, que se ha producido la concentración de capital en pocas instituciones, dando lugar a monopolios, con inmensas ganancias, mientras tanto, las personas logran alcanzar la jubilación, a los 65 años, reciben una pensión por debajo del salario mínimo, se ven obligados a comprar nuevas pólizas o acudir a la “Taquilla del Estado” para recibir el pilar complementario, aprobado durante la gestión de la Presidenta Michelle Bachellet.
La reforma de ley es una victoria del movimiento NO+AFP, con el apoyo de diversos sectores de la sociedad, los jóvenes estudiantes han asumido la consigna como suyas, doblegando a los parlamentarios de derecha, sumisos al Presidente Sebastián Piñera, a aceptar la justeza de dichos planteamientos.
Falta mucho camino por recorrer y eso lo saben los del movimiento NO+AFP, los trabajadores y trabajadoras chilenos, pues el objetivo final es transformar el sistema de capitalización individual, de monopolios empresariales, por un sistema de capitalización colectiva, universal y solidaria, apegado a los principios de la seguridad social.
