El pasado fin de semana se dio a conocer un documento de los partidos que respaldan la política que viene adelantando la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó, es de destacar que la posición adoptada fue asumida unitariamente. En el extenso texto se señalan numerosas irregularidades y violaciones en la convocatoria a elecciones, reiterando el decálogo de las condiciones electorales exigidas para «la celebración de elecciones libres, justas y competitivas», al estas no cumplirse para las del 6 de diciembre, concluyen en la decisión de no participar de ese proceso.
En el documento se advierte el que no se les puede calificar de abstencionistas, «no hay abstención cuando lo convocado no es una elección». Se añade a continuación: «Somos demócratas y creemos en la unidad nacional: por ello decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y nueva ofensiva democrática en la que, junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional, nos movilizamos para salvar a Venezuela».
El régimen por su parte se propone realizar las elecciones para la fecha escogida, pese a los señalamientos de un grupo de ex funcionarios del CNE, que señalan violaciones a la Constitución y las leyes, introduciendo un recurso de amparo ante el TSJ donde soliciten se declare la nulidad de la convocatoria a esas elecciones. Además de las alertas provenientes de profesionales de la salud, acerca de la entrada en una fase exponencial de la pandemia que puede prolongarse por unos meses, con graves y lamentables consecuencias.
El anuncio formulado por Maduro en el sentido de iniciar la semana del diez de agosto un lapso de «flexibilización», está asociado a que precisamente ese día se inicia el periodo de postulación de candidatos de acuerdo al cronograma elaborado por el Consejo Nacional Electoral.
La macolla gobernante tiene una estrategia claramente definida, deshacerse del estorbo que significa para ellos la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó y promover una oposición leal, garantizándose una holgada mayoría de dos tercios, con la que pretenden adquirir una cierta legitimidad nacional e internacionalmente y desempeñarse cómodamente eligiendo el nuevo poder legislativo.
En el campo opositor, independientemente de enunciados generales, no está definida una «hoja de ruta» y se mantiene una polémica legal y política en torno a la figura de la «continuidad administrativa» para prolongar el mandato de la actual Asamblea Nacional, después del 5 de enero del próximo año. Si bien es cierto, hay aspectos de la estrategia que constituyen reserva de la conducción política, la necesidad de proyectar una ruta acompañada de la decisión de no participar de los comicios parlamentarios, se convierte en una exigencia de primer orden, no puede ser evadida con algunas consignas y las frases generales empleadas en un discurso político rutinario.
Esperamos que en los próximos anuncios esa carencia sea subsanada, estableciendo un rumbo a seguir en el mediano plazo que trascienda la actual coyuntura y apunte en la dirección del cambio político.
Esa exigencia no sólo es requerida por importantes sectores de la sociedad civil que han acompañado a la dirigencia opositora, es también un reclamo de la militancia de los partidos y de los círculos próximos a sus áreas de influencia.
Igualmente en otras comunicaciones se debiera especificar como se concibe la «construcción del nuevo pacto unitario y la nueva ofensiva democrática», para la que han sido convocada todas las fuerzas sociales y políticas; entendemos significa ampliar la conformación del actual núcleo dirigente e incorporar mecanismos de consulta para las decisiones trascendentes a representaciones variadas en lo social y político.
Al definir una ruta y constituir un nuevo pacto, la Dirección Política estaría cumpliendo con saldar una deuda que mantiene con el país opositor. Esperamos se cumpla efectivamente con tal propósito.
@lmesculpi
