Si buscáramos en el cotarro electoral venezolano dos personalidades a quien darles el calificativo de votantes impenitentes pudiéramos convenir que en los casos de Andrés Caleca y Rafael Simón Jiménez estamos frente a dos empecinados electores, firmes y confesos, como lo han admitido y lo sostienen. Sin embargo, las condiciones para las elecciones legislativas los colocas prácticamente en las antípodas.
Caleca, presidente del antiguo CSE en el año 99, presentó junto con otros ciudadanos un recurso de amparo pidiendo al TSJ suspenda la ejecución de los cambios introducidos mediante una resolución del CNE, que a juicio de los solicitantes, violó los artículos 63, 67, 186, 292 y 293 de la CRBV y varios de la LOPRE.
Resumidamente, sostienen que la normativa electoral no puede ser modificada a menos de seis meses de las elecciones; se han creado 48 nuevas diputaciones sin tener base territorial de cada circunscripción estadal; se ha aumentado a 277 el total general sin base poblacional aprobada por la AN y se modificó la forma de elección de los diputados indígenas con grave afectación de sus derechos. El CNE, además, habría ejercido competencias legales que no tiene.
A lo planteado en el amparo, Caleca agrega que “en plena pandemia cualquier llamado a movilizaciones y encuentros masivos, sean políticos, deportivos o de cualquier tipo; los haga el gobierno, la oposición o la más hermosa de las ONG; en Venezuela o cualquier otro lugar del planeta, es una absoluta irresponsabilidad”. Si el TSJ declara con lugar el amparo habría que suspender las elecciones.
Por otra parte, a 120 días del 6D si se mantuviera un promedio cercano a los mil contagios diarios estaríamos hablando, en el mejor de los casos, de no menos de 120 mil casos nuevos. Cifra intimidatoria para cualquier elector.
Por su parte, Rafael Simón Jimenéz, político con amplias credenciales como historiador y profesor de Derecho Constitucional, había sido elegido vicepresidente del CNE el pasado 12 de junio, pero menos de dos meses después acaba de presentar la renuncia.
Al principio se pensó que la decisión obedecía a diferencias insalvables con sus compañeros del CNE y las condiciones aprobadas, pero en sus declaraciones dejó ver su interés de aspirar a una diputación bajo las mismas reglas aprobadas y que cuestiona Caleca.
Citó como principal consideración para su renuncia que el cargo es “incompatible con mi condición de activista político y quien tiene una posición demasiada clara sobre la situación del país”. Adicionó que está en desacuerdo con la reciente intervención de las directivas de los partidos y las declaraciones inconstitucionales del titular de Defensa, general Padrino López.
En ocasiones anteriores había declarado que no sabía de cuál cálculo surgieron los 110 diputados adicionales, ni dónde salió el dinero para pagar las máquinas electorales sustitutivas de las que se quemaron. Sin embargo, competiría en las elecciones porque “nada se va a arreglar quedándose en casa” y dice que peleará por más garantías.
Los casos de Caleca y Jiménez resumen dos de las posiciones dilemáticas en las que pueden encontrarse muchos venezolanos de cara a las legislativas del 6 de diciembre en un país donde el régimen ha trabajado consistentemente para destruir la fe en el voto como instrumento de cambio y persiste en ello todos los días.
De otro lado están los partidos del G4 seguidos por el grueso de la población, dispuestos a no participar en un evento donde el derecho al sufragio se encuentra vulnerado, impedido o amenazado, como se deduce de las posiciones de Caleca y Jiménez. Pero tampoco encuentra una forma de construir políticas que consoliden la ruta de salida de la dictadura.
Quien sí está decidido es el régimen. Con una torta de 277 curules pudiera darse el lujo de “repartir” 70 diputados entre los opositores, más fácilmente si no van en un solo frente, y reservarse 207, justo la mayoría calificada que, a no dudarlo, es su gran objetivo.
@goyosalazar
