El caso de la Sundde y la Ley Orgánica de Precios Justos (en adelante, la Ley) sirven como ejemplo notable del debilitamiento de la institucionalidad en Venezuela, así como del debido proceso, de errores de concepción de las responsabilidades del Estado y especialmente del desconocimiento y el desatino en la escogencia y diseño de los instrumentos de política pública y regulatoria correctos para temas específicos (por ejemplo, para resolver los problemas de inflación; equidad y acceso; protección de la competencia efectiva, etc.).
Una gestión de gobierno agotada por falta de recursos no sólo financieros, sino especialmente humano y conocimiento técnico (voluntad e ideas), crea problemas de política pública adicionales como la pérdida de confianza mínima necesaria por parte de los ciudadanos. Perdida de confianza que a su vez mina la efectividad de las políticas públicas que requieren la coparticipación de los ciudadanos, por ejemplo, debido a la dificultad de su enforcement y/o por presentarse externalidades positivas en las acciones ciudadanas (ejemplo, políticas públicas en temas inflacionarios y referidos a la pandemia Covid-19).
La Sundde, según la Ley, posee responsabilidades y “competencias” de tutelaje de objetivos que no resultan claros en dicho marco normativo, adoleciendo de vacíos de contenido en algunas de sus tipicidades y “creatividad regulatoria” en otras para darle alguna descripción (cuando no conflicto de objetivos pretendidos). Adicionalmente, su doctrina, lejos de corregir dichas deficiencias, ha exacerbado la discrecionalidad en la interpretación y la aplicación de la Ley, lesionando gravemente al estado de derecho, a la predictibilidad de la aplicación de la norma, y al derecho a la defensa (con consecuencias gravísimas, pocas veces mencionadas, contra la propiedad privada y las libertades económicas)
Un hecho que podría constituir evidencia de lo descrito resulta la ausencia de acciones por parte de las empresas para recurrir los actos de dicho organismo administrativo, exigiendo -cuando la razón y el derecho los asiste- el debido procedimiento administrativo por medio del cual ejercer su derecho a la defensa y realizar la descarga de los hechos y sus explicaciones. Lamentablemente dicha actuación -abstenerse de su defensa- por parte de los privados podría resultar racional en la medida que la probabilidad de que un debido procedimiento administrativo resulte legítimo y no un mero proceso de confirmación de la acción previamente tomada por la SUNDDE, sea muy baja. Si adicionalmente añadimos que ejercer los derechos en Venezuela implica un riesgo en sí mismo, efectivamente, este lamentable entorno, podría explicar por qué algunas empresas no exigen el “debido proceso” (porque no existe en la práctica).
Sin embargo, una propuesta interesante ante estas amenazas individuales, lo constituye que los gremios empresariales sumen esfuerzos y recursos para constituir, efectivamente y de una buena vez, un equipo y/o un departamento de análisis y seguimiento regulatorio y de las políticas públicas que permita denunciar, exponer y explicar a la sociedad los riesgos sociales de políticas y acciones públicas, que aún justificadas desde una perspectiva populista, terminan implicando enormes costos de eficiencia a la sociedad en términos dinámicos. Más allá, dicho departamento permitiría realizar propuestas o asomar alternativas de política pública y económica más eficientes, tanto en lo referido a políticas transversales como sectoriales (en materia del sector industrial y manufacturero, del sector TICs, del sector automotriz, sector farmacéutico, sector petroquímico, sector plástico, sector agroindustrial, sector de servicios públicos, etc.). Una iniciativa de este tenor no sólo evidenciaría acciones por parte de los representantes empresariales que van mucho más allá de lo discursivo, sino que garantizan, por medio de dicho espacio, recurrentes análisis, trabajos y resultados a lo largo del tiempo. Dicho tipo de espacio requiere obviamente dedicar ciertos recursos y conocimientos especializados, con resultados potenciales que con creces compensarían el esfuerzo y los recursos invertidos. Incluso dicho departamento de análisis económico permite llevar actualizada la lista de temas estructurales y de coyuntura, así como las distorsiones de política pública y las alternativas y propuestas que sirvan de insumo para darle contenido a las posiciones institucionales y a los discursos en eventos públicos. Ambas actividades resultan complementarias, nunca sustitutas.
Entre los temas que dicho espacio tendría que desarrollar se encuentran los principios económicos y normativos referidos a un nuevo marco institucional alineado con el bienestar y el progreso de la economía y la sociedad venezolana, donde se analice:
1.- La importancia e incidencia de los derechos de propiedad privada y la economía de mercado sobre el bienestar social, considerando para ello el terrible contrafactual que ha implicado la actual gestión de gobierno y el Socialismo del Siglo XXI.
2.- Cuál es el papel protagónico de la política de competencia sobre el crecimiento económico, la productividad y el bienestar de los países.
3.- Cuál debe ser un marco normativo de protección al consumidor moderno y efectivo, alternativo a la desprotección actual que evite conflicto de intereses regulatorios y resulte acorde a su naturaleza regulatoria.
4.- Analizar si los Controles de Precios constituyen instrumentos de política correctos y eficientes para lidiar con problemas inflacionarios, o si por el contrario habría que actuar sobre sus causas y no sobre sus consecuencias.
Solo a manera de ejemplo, las recientes actuaciones de la SUNDDE, como reseñan los medios de comunicación y algunos portales Web especializados en economía y finanzas, como es el caso del portal Banca y Negocios, la semana pasada el ente administrativo-regulatorio habría asegurado que ciertos márgenes de ganancias en medicinas y productos de higiene y aseo personal resultaron superiores a lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), específicamente por parte de un establecimiento de farmacia. Repasando este caso puntual cabe preguntarse qué sentido tiene una política de control de precios ante un escenario hiperinflacionario. ¿Este tipo de controles no pinzan los márgenes de los oferentes poniendo en riesgo satisfacer su restricción de participaron y en consecuencia la oferta de bienes y servicios? ¿Tiene asidero controles de precios sobre bienes privados que no generan externalidades ni en el consumo ni en su producción, y cuya producción no se caracteriza por una estructura de costos subaditiva? ¿No existen otros instrumentos de políticas más eficientes para atender dichos objetivos regulatorios?
Tanto el método o fórmula de cálculo de márgenes por parte de la Sundde como el propio umbral, lejos de estar protegiendo un bien social (tema crucial a discutir si es el acceso y la equidad o la eficiencia en los mercados lo que debe tutelar la Sundde, evitándose conflicto de intereses de naturalezas regulatorias distintas e incluso en ocasiones antagónicas); podrían estar exacerbando problemas y distorsiones de escasez, desabastecimiento, acceso a los bienes (equidad: estas distorsiones producto de la política regulatoria podrían resultar regresivas), ralentización de las actividades económicas, e incluso persistencia de la inflación.
Por un lado, en el caso de precios regulados referidos o expresados en dólares, pagaderos en bolívares, si bien dicha dolarización de precios regulados imprime cierta estabilidad referencial, ancla los precios relativos a un momento del tiempo, imposibilitando que la sociedad por medio de los mercados manifiesten la valoración social de bienes y servicios (esto termina distorsionando la asignación de recursos en la economía y la sociedad).
Por el otro lado, en la medida que exista discrepancia entre el tipo de cambio libre y el oficial (suponiendo éste último como el referencial), en los casos que el último supere al primero y la inelasticidad de la demanda lo permita, tal brecha o gap podría ser trasladado a los precios en detrimento de cualquier objetivo de acceso que se persiga. En el caso contrario donde el tipo de cambio oficial resulte inferior al de reposición, podría estar pinzándose los márgenes de los oferentes, comprometiendo, nuevamente y exclusivamente producto de la regulación, la oferta y el acceso a bienes y servicios.
Dicho espacio de análisis puede y debe demostrar que la economía de mercado no supone un juego suma cero donde alguien gana por la pérdida de otro. Dicho espacio puede prolijamente demostrar que se nos ha impuesto un marco institucional que hace de nuestra sociedad y la economía un juego suma cero, primero por medio de la captura de la renta petrolera (comprometiendo a las generaciones futuras) o segundo por medio de la expoliación. Una vez agotada la renta petrolera, puede resultar evidente que puede acrecentarse el uso de la expoliación como política pública.
Sin menoscabo de lo dicho anteriormente, no deja de ser dramático el hecho que un marco institucional que apoye y fomente la proliferación de intercambios voluntarios generadores de riqueza que justifican a las empresas, a la actividad económica, a los mercados, a la generación de empleos, está lejos de las prioridades de la actual gestión de gobierno (incluso si obviamos objetivos expoliadores y rentistas). Y no deja de ser dramático, porque dicho marco institucional se requiere para construir una sociedad post-rentista.
Un aprendizaje que nos ha dejado esta enorme crisis institucional, tanto en el sector público como en el sector privado, es que efectivamente el primer insumo requerido es el capital humano. Más allá de una sociedad eventualmente acostumbrada a la captura de renta petrolera, el sector público requerirá el capital humano idóneo para coadyuvar a diseñar un nuevo marco institucional en favor de una sociedad de bienestar y progreso, mientras que el sector privado requerirá el capital humano provisto de herramientas y los conocimientos que le permitan diseñar estrategias competitivas para una nueva sociedad que eventualmente ya no se base -cuando menos enteramente- en el petróleo.
Economista UCV
