Es una vieja y obsoleta creencia. Es también una doctrina jurídica que sostuvo famosamente Edmund Plowden, un insigne abogado y parlamentario bajo la dinastía de los Tudor en el siglo XVII. Y constituye, sobre todo, el núcleo de un clásico de la historiografía, Los dos cuerpos del Rey. Un estudio sobre teología política medieval, publicado en 1957 y salido de la sabia pluma de Ernest Kantorowicz, historiador que profesó en Harvard tras huir de la Alemania nazi en 1933, como tantos otros judíos alemanes.
Esta teoría es sencilla: el rey reúne dos entidades en una sola persona, una física y mortal y otra mística a imperecedera, que es la portadora de la soberanía de derecho divino. La dificultad de separar las acciones realizadas por un individuo como sujeto privado de las que realiza como institución política constituye el meollo trágico de una de las más célebres piezas de Shakespeare, Ricardo II, rey obligado a abdicar y reconocer su miserable humanidad: “Vivo de pan como vosotros; sufro la escasez, siento el dolor y necesito amigos. ¿Cómo podéis decir que soy un rey?”.
Las sombras de la teocracia medieval se extienden hasta nuestros días. Un monarca que reivindica el derecho a su vida privada, aun a costa de la necesaria transparencia que exigen nuestras sociedades. Unos partidarios, con frecuencia serviles, que confunden el cuerpo político ahora sujeto a la ley y a la democracia con el aristócrata de vida frívola y manga ancha. Unos enemigos que sufren una confusión simétrica, puesto que utilizan los presuntos delitos y faltas reales para descalificar y destruir el sistema constitucional del cual es su símbolo personalizado.
No es una rareza española. Los fantasmas del regicidio todavía deambulan por el inconsciente republicano de Francia. El zar se ha reencarnado en Putin. Trump sortea el impeachment, el procedimiento republicano que sustituye a la guillotina como garantía de que Estados Unidos no puede ser una monarquía.
El jefe de un Estado constitucional no puede eludir el escrutinio de la justicia, en igualdad de condiciones como cualquier otro ciudadano, para ninguna de sus actuaciones privadas de las que sea responsable. Solo los actos reglados como titular de la institución política merecen la plena cobertura de la inviolabilidad. Nadie puede pedir responsabilidades a un rey constitucional por un discurso de la corona.
Cualquier otra fórmula, sobre todo la inviolabilidad absoluta en relación con sus actos privados, es una reminiscencia medieval de incierto futuro.
