“Una cosa es el error y otra cosa es el engaño; nosotros bien podemos podemos equivocarnos, pero mal podemos engañarnos”. Hugo Rafael Chávez Frías (Aló Presidente N. 243, 8 de enero 2006)
Uno de los esquemas que sirvió de modelo e inspiración para la constitución del Fondo de Pensiones de los jubilados de la industria petrolera venezolana, Pdvsa, fue sin lugar a dudas el modelo chileno.
Con la caída del gobierno de Salvador Allende surgieron esquemas para el aprovechamiento y rendimiento de las prestaciones de los trabajadores, sobre todo de los mineros y a su vez extensivo a los trabajadores del Estado.
En los últimos meses, luego de la crisis que afronta el gobierno pinochetista de Sebastián Piñera, el parlamento chileno aprobó la entrega de un 10 por ciento de los ahorros que los trabajadores mantenían en el Fondo de Pensiones en manos del Estado.
En el caso venezolano, la mayoría de trabajadores de las empresas públicas y privadas se rigen por la LOT, Ley Orgánica del Trabajo y la Contratación Colectiva y con algunas excepciones, en línea con la Constitución de 1999, se mantienen beneficios muy por encima de los beneficios contractuales, como es el caso de los jubilados de Pdvsa.
Con la llegada de la Revolución Bolivariana, en sus primeros años del Comandante Chávez, el doctor Ali Rodríguez Araque mantuvo el espíritu de las conquistas de los trabajadores petroleros, incluso los beneficios que estaban más allá del Contrato Colectivo Petrolero, CCP, como lo es el Fondo de Pensiones de los jubilados.
No obstante, con la llegada del Virrey rojo rojito Rafael Ramírez Carreño, quien deslumbró al Comandante y le ofrecía dinero a diestra y siniestra de una caja negra que garantizaba para el FONDEN sin límites, recursos en divisas para financiar obras del Estado.
Asesorado por un funcionario que hoy se mantiene en el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro en las Finanzas públicas, Simón Zerpa, el Zar rojo rojito aseguraba así una plataforma para su futuro proyecto político a través de la primera industria del país, Pdvsa.
Secundado por un tren ejecutivo genuflexo y de los cuales muchos están presos, otros en el exterior disfrutando de sus supuestos “ahorros” y algunos siguen en altos cargos de la industria y en las Federaciones sindicales, pegados de la teta de mamá Pdvsa.
Todo este séquito incrustado en la industria ha logrado hacer malabarismos para ocultar al Presidente Maduro, el descalabro financiero y el presunto usufructo, de los haberes y gananciales de los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional.
Como lo hemos señalado en anteriores escritos, el Poder Moral representado por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General conocen del presunto fraude perpetuado contra el Fondo de Pensiones de los jubilados de Pdvsa.
Hasta la fecha los reclamos que ya alcanzan los niveles de la desesperación y riesgos manifiestos, como lo muestran las últimas protestas de calle realizadas por los jubilados, en el marco de una pandemia como lo es el Covid- 19, esto no tiene parangón.
Es inconcebible y raya en los límites de la injusticia, el trato dado por el Estado venezolano y las autoridades de Pdvsa a los reclamos del colectivo de jubilados representados por Ajip y otras organizaciones de los ex trabajadores de la industria petrolera.
El cansancio y el desgaste se manifiesta en los jubilados de la industria petrolera, a quienes la situación de crisis los ha llevado a constantes manifestaciones, las cuales hoy se suman al reclamo de la violación de los más elementales derechos humanos.
Estos hechos no sólo se expresan en el retraso de los pagos de haberes e intereses de los ahorros sino en el servicio a la salud, representado por SICOPROSA, seguro de hospitalización, cirugía y maternidad con el suministro de medicamentos, el cual está suspendido.
El tiempo transcurre y el peloteo de reuniones infructuosas, ya se ha convertido en una burla y en un descaro para el colectivo de jubilados por parte de las autoridades de Pdvsa, quienes están representadas por el nuevo presidente Asdrúbal Chávez y el líder sindical Wills Rangel.
Los jubilados no tenemos nada oculto pues es público, notorio y comunicacional las comunicaciones y cartas abiertas publicadas a través de los medios de comunicación y las redes sociales, dirigidas al Presidente Nicolás Maduro y las más altas autoridades de Pdvsa, donde se les ha expuesto, hasta el cansancio y con lujo de detalles, la situación.
Se les ha recordado entre otras cosas, de manera reiterada, el sacrificio que por más de 30 años muchos trabajadores petroleros, ahorraron para tener una vejez digna y una manutención garantizada de sus familias.
Son más de 29 mil jubilados quienes acusamos “una agresión de lesa humanidad” y donde se acentúa el hecho de un “secuestro agravado” de los haberes de personas de la tercera edad, con su repercusión en derechos económicos y de vida, porque la salud está en peligro y en riesgo para cada uno de los jubilados de Pdvsa.
Las pruebas y reclamos – que se enmarcan en la legalidad – se han expuesto abiertamente sin una justa respuesta por parte del Estado venezolano y de las instituciones del Poder Moral.
Todo ha sido expuesto a la luz de un Estado de Derecho donde debe prevalecer la justicia y más en tiempos de una Revolución que parece haber sido secuestrada, en beneficio de unos pocos.
Las pruebas han sido remitidas al Presidente “Obrero” Nicolás Maduro con sus respectivos soportes y documentos, así como también a la Fiscalía General de la República, garante de los derechos constitucionales de los ciudadanos y en este caso, de los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional.
El tiempo transcurre y la desesperación ha conducido, incluso en tiempos de pandemia, a los jubilados de la industria y también a los activos a salir a la calle para respaldar sus reclamos, los cuales han sacado a relucir por encima de los intereses políticos y partidistas, sus verdaderos derechos porque es cuestión de justicia.
El silencio parece ser hasta ahora la única respuesta por parte de quienes firmaron y respaldaron al Virrey rojo rojito, para arrebatar los ahorros y haberes (en divisas) del colectivo de jubilados y de su Fondo de Pensiones.
Este grupo de desalmados cambiaron los estatutos y autorizaron, a espaldas de sus legítimos propietarios de los ahorros, utilizar las divisas en obras de interés público con dinero privado, como es el caso del pago de nacionalizaciones como CORPOELEC y CANTV así como realizaron inversiones en la Misión Vivienda, con la utilización de pagarés de los cuales no han pagado ni siquiera sus intereses.
Este hecho, que avergüenza el Estado de Derecho, ya es un signo de burla para más de los 29 mil jubilados de Pdvsa, quienes hasta ahora, apuntalamos la primera industria del país.
La paciencia tiene un límite y los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional esperamos que al más alto nivel del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros y del Poder Moral, haya una respuesta inmediata para subsanar esta violación descarada del Estado de Derecho y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…¡Exigimos Justicia ya!
¡Amanecerá y veremos!
