A los conservadores les encantan sus guerras falsas. ¿Recuerdan aquella sobre la Navidad? ¿Y la “guerra del carbón”? (Donald Trump prometió poner fin a esta última, pero en el tercer año de su presidencia la producción de carbón cayó a su nivel más bajo desde 1978, y el Departamento de Energía estadounidense prevé que seguirá cayendo). Y ahora, cuando el equipo de su campaña electoral busca desesperadamente vías de ataque político, estamos oyendo hablar mucho de la “guerra de los barrios residenciales”. Probablemente sea un tema que no dé mucho juego fuera de la base más conservadora del Partido Republicano; Joe Biden y Kamala Karris no parecen agitadores dispuestos a liderar las hordas antifascistas en los saqueos a los barrios residenciales de Estados Unidos.
Pero sí es verdad que un Gobierno de Biden y Harris retomaría y ampliaría las iniciativas de la era de Obama para aplicar por fin la Ley de Vivienda Justa de 1968, con la intención concreta de reparar algunas de las injusticias provocadas por el uso histórico del poder político para producir y reforzar la desigualdad racial. Porque lo que Trump denomina el “sueño del estilo de vida suburbano” no ha surgido de la nada; lo crearon las políticas estatales. La gran expansión de las zonas residenciales que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial fue posible gracias a enormes subvenciones federales, mediante programas –sobre todo los de la Administración Federal de la Vivienda y la Administración de los Excombatientes, FHA y VA por sus siglas en inglés– que protegían a los bancos de posibles riesgos asegurando las hipotecas cualificadas sobre las viviendas.
Por supuesto, estas subvenciones no solo ayudaron a los compradores de vivienda. Constituyeron también una mina de oro para los promotores inmobiliarios, entre ellos uno llamado Fred Trump, que sería más tarde demandado por discriminar a los inquilinos negros y cuyo hijo ocupa en la actualidad la Casa Blanca.
Pero estas subvenciones solo estaban a disposición de los blancos. De hecho, solo estaban disponibles en comunidades para blancos. Como explica Richard Rothstein en un libro de 2017 titulado The Color of Law (“El color de la ley”), las directrices de la FHA descartaban la concesión de préstamos en comunidades en las que los niños pudieran compartir aula con otros niños que “representen un nivel de sociedad mucho más bajo o un elemento racial incompatible”. De hecho, la FHA no se limitó a favorecer a localidades compuestas solo por blancos; se propuso crearlas. Después de la guerra, cuando promotores como William Levitt se disponían a construir nuevas comunidades en tierras de cultivo, presentaban previamente sus proyectos ante la FHA, garantizando así que los compradores tuvieran acceso automático a hipotecas subvencionadas. Y una de las cosas que la FHA exigía para aprobar dichos proyectos era una estricta segregación racial, supuestamente para garantizar el valor patrimonial.
El racismo descarado que se impuso en la política de vivienda durante la posguerra proyecta una alargada sombra sobre nuestra sociedad. Porque, aproximadamente durante los 20 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la clase media disfrutó de una oportunidad única para consolidar su posición, una oportunidad que se le negó a la población negra. Y es que las décadas de 1950 y 1960 fueron un tiempo de salarios relativamente buenos y de viviendas relativamente baratas. Los salarios se mantenían relativamente altos en parte porque Estados Unidos disponía aún de un movimiento sindical fuerte, y las viviendas eran asequibles siempre que el comprador tuviera acceso a esos programas de vivienda federales.
Después, esa ventana de oportunidad se cerró. Los salarios, ajustados a la inflación, se estancaron. El precio de la vivienda se disparó, en parte debido a que las restricciones a la construcción en muchas zonas residenciales prohibían los edificios de viviendas múltiples. Y a las familias negras, que habían quedado fuera de un mercado en expansión en una época en la que muchos otros estadounidenses compartían los frutos del auge inmobiliario, se les hicieron especialmente altos los obstáculos económicos que debían superar para adquirir una vivienda en propiedad. De modo que el “sueño del estilo de vida suburbano” propugnado por Trump es básicamente una aldea vallada que el Gobierno había construido para blancos y cuyas puertas se cerraban cuando otros intentaban entrar.
¿Qué propone Biden para remediar al menos algunas de estas injusticias? Cosas razonables, significativas, pero difícilmente revolucionarias, como ampliar los bonos para alquiler y eliminar la zonificación excluyente y discriminatoria. Posiblemente Trump afirme que dichas políticas “destruirán las zonas residenciales”, pero esa afirmación solo tiene sentido para quien piense que la única alternativa a la anarquía sangrienta es una comunidad exactamente igual a la de Levittown en 1955.
Es importante entender que nada de lo que se dice sobre la guerra contra las zonas residenciales está relacionado con la habitual retórica conservadora sobre la “libertad” y lo de que el Gobierno no puede decirles a los estadounidenses lo que tienen que hacer. No son las decisiones individuales y la libertad de los mercados las que han convertido Estados Unidos en una sociedad tan segregada y desigual. La discriminación fue una política estatalista que utilizó el ejercicio del poder para denegar a la ciudadanía el ejercicio de la libertad de elección. Y sigue pasando. Lo que ha hecho el movimiento Black Lives Matter ha sido revelar a muchos estadounidenses blancos que distamos mucho de ser una sociedad en la que la ley nos trate a todos por igual, sin importar el color de la piel. Pero la gran diferencia entre los partidos ahora es que Biden y Harris pretenden mejorar las cosas, intentan que Estados Unidos se parezca más al país que supuestamente es. Trump y Mike Pence, en cambio, aspiran básicamente a devolver al racismo manifiesto su grandeza.
Premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2020 Traducción de News Clips
