Lo que viene es demasiado duro. A poco más de 150 días de declarado el alerta epidemiológico las cifras de más de mil contagios diarios y el colapso general de los servicios y la producción nos ponen ante la proximidad de una emergencia nacional de magnitud incomensurable.
La pandemia entre nosotros se ha destacado tempranamente por dos particularidades: la increíble y dolorosa tasa de mortalidad entre el desprotegido personal médico y sanitario, verdaderos héroes de esta batalla, que ronda el 25 % y la forma como el virus ha impactado no sólo al funcionariado nacional a nivel de gobernadores y alcaldes, sino a lo más alto de la cúpula civil del régimen.
En esto último puede decirse que el ejecutivo madurista se ha visto disminuido en su margen operacional: tres de los cuatro más altos jerarcas oficialistas, como lo son el presidente de la constituyente espuria y vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello; el presidente de Pdvsa, Tareck El Aissami, y el estratega partidista y ministro de información, Jorge Rodríguez, quienes se han visto obligados a separarse de sus funciones al haber sido alcanzados por la Covid-19. Lo mismo los gobernadores de los estados Miranda, Zulia, Vargas, Monagas y Sucre y el “protector” del Estado Táchira, más algunos mandos militares medios.
En dos días consecutivos sobrevinieron los decesos del ex sindicalista y director del BCV, José Khan, y del jefe de gobierno del Distrito Capital, Darío Vivas, quien además era el responsable de la logística de los mitines y concentraciones públicas, especialmente en tiempos electorales, así como organizador de los grupos duros para acciones de calle. Una pieza verdaderamente clave en la estructura partidista del PSUV.
A los venezolanos nos recorre un escalofrío cuando pensamos que es a este régimen en bancarrota, aislado, sancionado y diezmado en su alto mando al que le toca enfrentar la crisis que angustiosamente ve venir como un tsunami este pueblo empobrecido al extremo.
Y que en paralelo se trate de llevar adelante, a rompe y raja, unas elecciones legislativas cuyo contexto epidemiológico dentro de tres meses y medio es dable imaginar mucho peor que el presente.
La crisis de la gasolina tiene al país paralizado. Y las medidas paliativas están siendo obstruidas, según se pudo conocer el jueves cuando los Estados Unidos confiscaron la gasolina de cuatro tanqueros iraníes que se dirigían a nuestro país. Una medida que probablemente estrangula menos al régimen, que succiona el poco combustible que pueden producir las refinerías de El Palito y Amuay, que al pueblo llano que no tiene esa alternativa. Este desabastecimiento de gasolina está asfixiando a lo que resta del aparato económico, desde la producción hasta la distribución.
Imagine usted el caso de los productores agrícolas de la región andina que hacen el esfuerzo de comprar la gasolina del lado colombiano. Luego emprenden la ruta hacia, digamos el Estado Falcón. Allí llega dejando jirones de piel en cada alcabala de la corrupta GNB que los matraquea en dinero o especies, costos que el productor se ve obligado a incorporar al precio final en perjuicio de los consumidores. Adquiere pescados en Falcón para llevar a los Andes y nuevamente debe dejar parte de la mercancía en cada alcabala militar o policial. Y no hay en este gobierno autoritario quien ponga coto a eso.
Aún así marchamos hacia las elecciones más atípicas de nuestra historia, por la pandemia, la parálisis y la asimetría abismal entre el oficialismo y los sectores que han anunciado su participación, sin mayores recursos y sin posibilidades de movilización, dadas las particulares circunstancias del país.
En este plano dejó oír su voz nuevamente la Conferencia Episcopal Venezolana mediante un comunicado en el que ratifica su fe en el voto como el instrumento que ha de traer el cambio democrático y critica la abstención sin otra estrategia para crear una ruta de salida a la crisis. Un reclamo más que directo a la oposición que encabeza el presidente interino Juan Guaidó.
