“La salud es un derecho fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”, así se encabeza el artículo 83 de la Constitución, el mismo que compromete al Estado venezolano a promover políticas para “elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios” y establece el deber ciudadano de participar en la promoción y defensa de la salud.
No es el único artículo constitucional que trata ese tema que en estos días ha cobrado dramática actualidad. El 84 habla de un servicio nacional de salud “intersectorial, descentralizado y participativo” regido por el Estado, lo cual es distinto a gobierno y más en una democracia con poderes distribuidos y separados. El derecho a la seguridad social está en el artículo 86 pero antes, el 85 dice que el financiamiento de ese sistema nacional de salud es obligatorio para el Estado que garantizará que el presupuesto “permita cumplir los objetivos”. Y ojo, sigue así: “En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud.” La Constitución apunta a dos objetivos de largo plazo, desarrollo científico y educativo y desarrollo económico. Y para eso indica lo que es obvio. Para una política pública exitosa es indispensable contar con todo el país y en democracia eso se hace debatiendo, dialogando, buscando consensos. Porque deben ser de toda la sociedad, lo cual no se logra por imposición.
Hoy, cuando esa necesidad apremia, nos atrapa la pandemia sin preparación. Casi indefensos. A la buena de Dios. No sólo es que se desaprovechó la ventaja de la cuarentena precoz que demoró la expansión del virus. La pregunta es en qué situación estaban la salud, los servicios y la economía venezolana en marzo.
La propaganda justifica todo pero no sustituye la verdad. Van más de veinte años. En medio de ese tiempo, el país recibió el más fabuloso ingreso de su historia y el gobierno tuvo todo a su favor. Asamblea Nacional dócil, controles inexistentes, poder judicial comprometido y plata para cualquier ocurrencia. Ventajas que desde la omnipotencia se perdieron en dispendio, improvisación, decisiones erradas, indecisiones estratégicas y un afán insaciable de poder total. Si le hubieran preguntado a sus abuelas, les hubieran dicho “Cuidado mijo, el que mucho abarca poco aprieta”.
