Las revelaciones en la denuncia de Emilio Lozoya podrían ser leídas como una especie de “más de lo mismo” o “un antes y un después”, dependiendo de dónde se esté parado. En muchos sentidos el grueso de la información simplemente confirma lo que ya sabíamos: los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto encabezaban Gobiernos corruptos. Sin embargo, lo que no estaba claro es que ellos mismos estuvieran personalmente involucrados, como lo detalla el documento entregado por Lozoya, no solo un testigo clave sino esencialmente un operador directo de las ilegalidades exigidas por el soberano. Esta diferencia es sustantiva, por donde se le mire. Más aun si eventualmente lleva a un proceso judicial que lo encare personalmente. En círculos periodísticos no deja de sorprender que Lozoya se haya decidido a derrumbar el último de los mitos: “el presidente siempre queda por encima de cualquier acusación”. Se daba por sentado que el exdirector de Pemex involucraría a quien detestaba; Luis Videgaray, el todopoderoso ministro de Peña Nieto. Y quizá con ello habría bastado para obtener el codiciado estatus de testigo colaborador. No se esperaba que su acusación alcanzara al centro del Olimpo y dejara en claro que, en cierta forma, Videgaray mismo no era sino el personero del verdadero titiritero de la corrupción, el presidente del país.
Una segunda sorpresa tendría que ver con los “técnicos”. Durante mucho tiempo en los círculos financieros solía asumirse que la secretaría de Hacienda y otras instituciones del llamado gabinete económico eran encabezadas por economistas serios y austeros, por lo general egresados del ITAM con posgrados en el extranjero, ajenos a las perversiones de la clase política tradicional. Los Ángel Gurría y Agustín Carstens de antaño o los José Antonio Meade y José Antonio González de ahora en el peor de los casos eran acusados de voltear la vista para otro lado cuando el partido y el Gobierno cometían algunas de sus infamias. Por lo general, eran financieros o técnicos que navegaban por la vida pública como personas decentes y funcionarios probos. Los dichos de Lozoya, de ser ciertos, echan por tierra tal presunción. En el documento del ex director de la petrolera se describe de manera puntual la forma en que los dos últimos secretarios de Hacienda de Enrique Peña Nieto cometieron delitos involucrándose directamente y buscando obtener provecho personal y profesional. Otro mito que se derrumba.
Otra revelación importante involucra al PAN. Los nuevos dirigentes resultaron la antítesis del viejo panismo, que podía tener muchos defectos pero se enorgullecía de sus códigos morales. En el documento se exhibe la ambición política y enorme avidez de los cuadros de ahora. Resulta cómico leer la manera en que Lozoya se indigna por la extorsión de la cual está siendo objeto por parte del presidente del PAN y luego candidato presidencial, Ricardo Anaya, y otros líderes parlamentarios del blanquiazul. O sea, entre corruptos también hay códigos y límites para el abuso.
Las consecuencias últimas están por verse. No está claro que estas acusaciones puedan sustentar juicios y, eventualmente, condenas en todos los casos mencionados. El viejo sistema intentará cerrarse, silenciar a los muchos testigos que Lozoya cita y descalificar la documentación entregada. El pacto de Omertá entre la mafia del poder había funcionando sin fracturas hasta ahora. Será un fragoroso torneo de poder a poder entre los viejos códigos y la nueva normalidad. De un lado estarán salinistas, peñanietistas, calderonistas, panistas y priistas; del otro, todo el poder acumulado por López Obrador y su revolución moral. Haga sus apuestas. Independientemente del resultado de esta confrontación, el juicio de Lozoya y sus revelaciones abren el camino para todos aquellos que en su desesperación estén dispuestos a sacrificar a sus cómplices.
@jorgezepedap
