Los vecinos del sector Los Cocos de Cabimas sienten que el terror ha venido a integrarse como una presencia cercana en sus vidas. A pesar de que los dos funcionarios de la fuerza de Acciones Especiales (FAES) que una semana atrás asesinaron a dos jóvenes comunicadores de una televisión comunitaria han sido detenidos, hay cómplices sueltos y eso hace que no se sientan a salvo de cualquier sangrienta represalia.
Familiares de las víctimas abandonaron la casa donde se cometió el doble homicidio, han borrado de sus redes sociales fotografías y datos que tengan que ver con lo ocurrido. Nadie vio, nadie sabe. Si Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora comunitaria La Guacamaya TV y leales revolucionarios fueron asesinados sin ninguna razón ni conmiseración en su propio hogar, ¿quién les puede asegurar que no pueden correr la misma suerte?
La Guacamaya TV es una de las numerosas televisoras comunitarias que se crearon para apoyar las políticas públicas y la acción política del gobierno bolivariano. Desde el 2012, el docente Franklin Torres Ramírez, su propietario y padre de Víctor Manuel, estuvo en esas labores. Sus premios regionales de periodismo en 2015 y 2018 dan fe de que las hizo a la altura de lo esperado.
En ocasiones Chávez y el propio Maduro lo llegaron a mencionar en sus alocuciones televisivas. Nunca podrá entender por qué le han pagado así.
El viernes 21 de agosto todo ocurrió de acuerdo al conocido ritual tantas veces denunciado dentro y fuera del país. Este parecía un operativo de envergadura contra sujetos especialmente peligrosos: unos treinta hombres fuertemente armados, algunos encapuchados, llegaron en camionetas y en un camión militar. Cerraron la calle, se apostaron en cada casa y obligaron a encerrarse a los vecinos. Dos de ellos hicieron huir a una adolescente que les abrió la puerta de la vivienda de Torres y al entrar, en la propia sala que servía de estudio a la televisora, estaban los jóvenes viendo películas.
Las víctimas tal vez no tuvieron ni tiempo de percatarse de que venían a matarlos. A Víctor Manuel un balazo le partió el corazón. Andrés Eloy recibió dos tiros en el pecho. Los policías homicidas, después de abandonar los cuerpos en la morgue del hospital de Cabimas, fueron a su comando a reportar el suceso. Sus jefes se encargaron de redactar las actas convirtiendo lo que eran dos hechos abominables en “actos justicieros” en defensa propia. Por supuesto que se sembró la consabida pistola como elemento de utilería que adorna el escenario de las masacres y las justifica.
La otra parte del libreto es la miserable rapiña: cargaron con las botas de Víctor Manuel, sus pantuflas y su ropa; la bomba del agua, arrancaron un aire acondicionado, echaron manos de cuatro computadoras, un router, un ventilador, una laptop. El arrase tiene que ser total: de la nevera sacaron la comida de la familia y la que le guardaba a varios vecinos. Si hubieran podido descuajar la casa de sus bases también hubieran cargado con ella. Dice el régimen que la FAES es “una fuerza élite”.
Al final son 9 los involucrados, cuyos cargos recorren toda la línea de mando del comando de la FAES involucrado en este hecho repudiable. Una fiscal del Ministerio Público se prestó para dar aviso a algunos de los involucrados y se dieran a la fuga. Algún medio también puso inconscientemente o no su parte: “¡Los cercaron! Fulminados por la FAES otros dos delincuentes en Cabimas”. Y cerrado el círculo.
Según los documentados informes de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales han sido perpetradas por las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019. Otras 350 en el primer trimestre de este año.
Convencida de que el despliegue del poder de fuego de la FAES sistemáticamente se lleva por delante a delincuentes e inocentes y que muchos casos son mera aplicación de penas de muertes a capricho de funcionarios, Bachelet propuso la disolución de ese cuerpo policial.
Hay que detener esa oleada sangrienta. Pero la respuesta de Maduro fue inmediata: “Todo el apoyo para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al pueblo Venezuela. ¡Que viva el FAES!”.
Paradójicamente, el mismo día que se anunciaba la detención de los funcionarios, la FAES sostenía un enfrentamiento con delincuentes de la Cota 905 que ultimaron a uno de sus oficiales. La respuesta fue sorprendente. Abandonaron la zona sin ir tras los homicidas por una orden que vino de arriba. ¿Quién entiende?
Son muchas las expresiones oficialistas que han contribuido a crear un clima de condescendencia, de impunidad, que desnaturaliza y desprofesionaliza a los cuerpos policiales y militares. No hay mejor licencia bien sea para atropellar o detener periodistas por el simple hecho de fotografiar una protesta o para matar a quienes se les tilda de delincuentes.
Después de fracasar en la lucha contra el hampa, al régimen no le queda otra que aferrarse a estas brigadas exterminadoras. Hay 456 funcionarios juzgados y 140 sentenciados, dice fiscal, pero las ejecuciones no han parado. Los cuerpos represivos, las fiscalías, los centros de reclusión y los tribunales forman un solo cuerpo gangrenado e irrecuperable en medio de este estado de cosas. Por eso y otras innumerables calamidades este régimen debe salir.
@goyosalazar
