En cinco décadas
Originalmente había titulado estas notas, que pretendían ser volanderas, apelando a una rima de Gustavo Adolfo Bécquer: “¿Volverán las oscuras golondrinas petroleras?” Y me respondía: Todo parece indicar que sí, según las insistentes propuestas privatizadoras, que con todo su poder de fuego mediático y político están impulsando el desmantelamiento de la actual estructura legal y constitucional de la industria petrolera venezolana.
Pero la magnitud del asunto planteado me obligó a revisar los términos de un debate en el cual he participado desde los años 70 del siglo pasado, para revivir aquí algunas de esas incidencias.
Es legítimo que, en las circunstancias trágicas como las venezolanas actuales, cada sector de opinión pública, partido, gremio o asociación privada, elabore sus diagnósticos y proponga la salida que a su parecer sea la más factible, menos dolorosa y conveniente para el país o que se amolde a sus preferencias político-ideológicas y a sus intereses, colectivos o particulares.
En ejercicio de ese derecho, debo decir que en este diferendo político está en juego, nada más y nada menos que el destino de este país como Nación soberana. Esa es, para mí, la entidad de lo que se dirime. Un asunto que tiene que ser asumido con conciencia de su gravedad y sometido un detallado escrutinio público sobre la pertinencia colectiva, social y, una vez más, nacional, de las opciones planteadas.
Lamentablemente, en el debate político actual, más allá de las propuestas inmediatas de los grupos en pugna por el control político del país, nos encontramos, de repente, debatiendo con insólita ligereza sobre la pertinencia de que un Estado tenga injerencia en el destino de los recursos naturales de la Nación.
De hecho, esa discusión es asumida por algunos proponentes modernos, con un desconocimiento, real o pretendido, de la historia universal después de la comunidad primitiva, la cual no es otra que la historia de los Estados-Nación, de sus orígenes sangrientos, guerras, conquistas, colonizaciones y destrucciones de unos para que otros prevalezcan, desde asirios, babilónicos, faraónicos, chinos, tártaros, mongoles, persas, griegos, romanos, aztecas, incas y mayas, para sólo citar a los más conocidos de los antiguos, hasta los Estados feudales absolutistas europeos y asiáticos como el otomano y los modernos Estados liberales, monarquías constitucionales, reinos despóticos, socialdemócratas. comunistas, clericales o fascistas.
En medio de esa historia universal y en un mundo como el actual, donde los mayores de esos Estados se están disputando el control del globo desde los comienzos del Siglo XX y hoy definen sus fronteras, zonas de influencia, “patios traseros” continentales y derechos mineros en la Luna, en Venezuela prosperan discursos demonizadores de nuestro Estado: “Estado Omnipotente”, “Petroestado”, etc.
Lo más paradójico es que esa discusión se produce en un país con una cruenta historia de luchas por la soberanía e independencia como república, como Nación independiente, propietaria de sus minas desde hace 190 años.
Con un discurso que desconoce esa tradición y su evolución a través de todos los instrumentos constitucionales de los cuales se ha dotado, para pretender que el Estado no es la representación jurídica de la Nación y que los propietarios de sus recursos de hidrocarburos son “sus ciudadanos”.
Vale decir, en nuestro caso, un porcentaje de los venezolanos vivos y ninguno de los que han de nacer en los años y siglos por venir, precisamente aquéllos que hacen eterna a la Nación.
Para ello se utiliza una socorrida confusión entre los conceptos de Estado y Gobierno, atribuyendo a esta instancia temporal los atributos del Estado perenne.
Como muestra de que se trata de un problema de larga data, transcribo mis reflexiones de hace 25 años sobre este asunto, salvando la distancia y las circunstancias particulares:
La consideración fundamental que hay que hacer sobre el tema es que se trata de un problema político, de un problema de relaciones de poder, en el cual una peculiar agrupación, integrada por factores privados nacionales y extranjeros vinculados al negocio petrolero y cúpulas gerenciales de la empresa pública, ha logrado imponer como verdades indiscutidas un conjunto de postulados que mezclan realidades objetivas con una carga considerable de falacia.
Dichas afirmaciones forman parte de un programa definido que tiene como norte la expansión constante del negocio petrolero –independientemente de la pertinencia macroeconómica y el rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente privatización de las actividades en esa industria en particular. [Mendoza P. De la participación estatal en el negocio petrolero, Noviembre 1995, Inserto en Mendoza P. 2010, Nacionalismo Petrolero Venezolano en Cuatro Décadas, BCV, Colección Venezuela y su Petróleo, pág.273.] Nacionalismo petrolero en 4 décadas
También de esa época datan los argumentos generados por la gerencia petrolera aperturista, los cuales son esgrimidos ahora como palabras sagradas para justificar sus “novedosas” propuesta:
Al no resolver las diferencias entre Estado y Nación, le dejará al Estado la propiedad de los yacimientos petroleros cuando estos deberían ser propiedad de la Nación. Es decir de todos nosotros. El Estado es su ente regulador más no su dueño.
Mientras no entendamos que el Estado es parte de nosotros, pero no es todos nosotros, y que todos nosotros somos la Nación, seguiremos leyendo declaraciones como las de la UCV en relación con la apertura petrolera, en la cual se sugiere que todo lo que reste propiedad al Estado sobre la industria petrolera es “desnacionalizador”, así esa propiedad o parte de ella pase a manos venezolanas.
[Alberto Quirós Corradi, El Universal, 14/9/1995- pág. 2-2] Subrayado mío, 2020]
Cinco días antes, Andrés Sosa Pietri se preguntaba:
¿Cómo invertir la inmensa fortuna que recibirá Venezuela si privatizamos a PDVSA? [El Universal, 9/9/1995, p. 2-2]
Mi comentario, en el mismo texto donde reproduje esas declaraciones fue:
Planteadas las cosas en estos términos hipotéticos, también podríamos preguntarnos por la magnitud de la fortuna que recibiría la Nación venezolana –y sobre todo sus fuerzas “vivas”- por la venta del estado Zulia o ese deshabitado e improductivo estado Amazonas.
[Mendoza P., 1996, Apertura Petrolera Apertura petrolera: Nombre de estreno para un viejo proyecto antinacional, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones FACES-UCV, N° 2-3, págs. 225-254] – Reproducido en Mendoza P. 2014, Nacionalismo… págs. 279-307. Nacionalismo petrolero en 4 décadas
Como ya dije, pero repito, los citados personajes pretendieron olvidar que patrimonio público significa propiedad colectiva y, en el caso de las minas e hidrocarburos, dada su magnitud, propiedad transgeneracional, eterna.
La privatización es una expropiación de la Nación presente y futura en beneficio de unos pocos, aquél mínimo porcentaje de sus ciudadanos que tienen posibilidades económicas para participar del festín, y peor aún, que la lógica del mercado conducirá a la concentración de ese patrimonio en manos corporativas transnacionales.
En nuestros días, en lo que debería ser una legítima lucha política de oposición a un gobierno sustentado en una ideología política que no se comparte, al cual se le puede juzgar y condenar por corrupto, tiránico, ineficiente y fallido, justificando con ello que se promueva su sustitución legal, algunos herederos de aquellas concepciones cruzan la línea para poner en juego, de manera irresponsable, el patrimonio Nacional.
Peor aún, se pone ese patrimonio en la mesa de negociación con el Estado más poderoso de la Tierra, el cual ha ejercido y mantenido permanentes pretensiones geoestratégicas de control sobre los recursos de este rincón de su patio trasero, pretensiones, por cierto, mencionadas recientemente en su debate electoral: “Venezuela es parte de los Estados Unidos”.
En todos los Estados que poseen petróleo en el mundo, aún en aquéllos anglosajones donde priva el principio de la accesión minera que otorga la propiedad de las minas al propietario privado del suelo, la industria petrolera que esos ciudadanos erigen sobre el mismo está controlada por el Estado y sujeta a las prioridades estratégicas de éste, a una pesada carga fiscal y a un control directo de sus operaciones.
En tiempo presente, no se necesita más muestra que la intervención del Presidente de los Estados Unidos durante la más reciente crisis de los precios petroleros, en febrero-marzo pasados, imponiendo limitaciones a los productores petroleros privados y negociando límites de producción con los países de la OPEP Plus y hasta presionando a un reticente México para que accediera a los recortes asignados.
Sobre las propuestas de desmontaje de lo que un sector de la opinión ha dado en llamar “petroestado” y los proyectos que cursan en instancias legislativas y centros académicos promotores del neoliberalismo más radical, he escrito recientemente varios artículos.
Impúdicamente, a fuer de haberme declarado en campaña personal contra estos desaguisados, transcribo una vez más los links en los cuales pueden encontrarse trabajos tales como
“Proyecto de Ley Orgánica para regularizar el comercio de esclavos en Venezuela”, “Agencia para el Despojo del patrimonio público”, “Agencia Venezolana de Hidrocarburos marca A.C.M.E”, “Soberanía, Delenda Est”, “Cambalache Petrolero: La nueva apertura de PDVSA Ad Hoc”, “El Cuervo, El Pozo y el petróleo”, “La oportunidad la pintan calva… para la rebatiña petrolera”, “Vuelan los rebullones… sobre el petróleo venezolano”, “Aquelarre privatizador de PDVSA Ad Hoc”, y otros: Carlos Mendoza Potellá / Petróleo Venezolano
Insistiendo en ese empeño, en esta oportunidad pretendo enfocarme en otros aspectos del problema, en particular, en la interpretación de la historia petrolera venezolana al gusto de ciertos consumidores.
Esto, sin mencionar muestras de ignorancia e irrespeto supino, como la del Presidente de la “Junta Directiva ad hoc de PDVSA”, Luis A. Pacheco, Ph.D., quien reduce esa historia a la pervivencia de ocho mitos sostenidos por Pero Grullo, Tarzán de los monos y Corín Tellado: “Venezuela’s Oil Mythologies Have Hindered Its Development”,
A ese profundo estudio me referí en mi “Cambalache Petrolero”. Cambalache Petrolero: La Nueva Apertura de “PDVSA Ad Hoc”
Para algunos escudriñadores del pasado, la oportunidad trágica que vivimos es propicia para sostener, a la manera de Jorge Manrique, que todo tiempo pasado fue mejor.
¡Pero cuidado! No cualquier tiempo pasado, sino precisamente aquél que suponen más conveniente para fundamentar sus argumentos y al cual adoban a su manera con tonos heroicos, omitiendo grises y oscuridades, y presentándolo lleno de bondades, para contrastar con el desastroso presente.
Tal es el producto de comparaciones trucadas con épocas pasadas omitiendo los contextos prevalecientes en cada oportunidad. Este es el caso de nuestra historia petrolera.
Una historia contada anacrónicamente, a la manera de “Los Picapiedras”, trogloditas antediluvianos que manejaban “rocomóviles” y en sus hogares middle class se disfrutaba de la “rocovisión”.
Es el caso de los relatores de esta historia revisada “de la industria petrolera en Venezuela”, a la cual conciben como un ente con principios y valores perennes, independientes de cada contexto histórico, idealizan el papel que ese ectoplasma desempeñó en todas las etapas que transcurren entre 1914 y 1998, en su lucha contra el “estatismo”, una peculiar enfermedad tropical de la cual sufrimos los venezolanos.
En un trabajo de octubre de 1997 me referí a ese síndrome:
“A lo largo de toda la historia de la industria petrolera venezolana, incluso antes de la nacionalización, nunca ha faltado un capítulo dedicado a la educación”. (Subrayado nuestro)
Es decir, que para la Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos de PDVSA, “la industria petrolera” sigue siendo la misma, desde 1917 para acá, y que el “Petróleo en Gotas” de Maraven tiene los mismos propósitos del “Petróleo en Pocas Palabras” de la Shell, que en 1960 trataba de convencer a los venezolanos de la peligrosidad de la competencia del petróleo árabe y de la inconveniencia de asociarse con esos milenarios negociantes que se aprovecharían de nuestra ingenuidad.
[Mendoza P. “Privatizadores a la ofensiva… y con todos los hierros”, en Crítica Petrolera Contemporánea, FACES-UCV, Caracas 2000. págs. 80-83]
Veamos una lectura, con sesgo malicioso, de ese trayecto.
En ese lapso “la industria” logró vencer, en cada momento, las acechanzas del estatismo, y se dio maña para preservar y maximizar la inmensa tajada de la renta petrolera que extraían en Venezuela para sus respectivas casas matrices.
Así lo expone abiertamente el principal teórico de esta visión, quien también es la fuente de la mención anterior:
“Se pueden distinguir tres etapas en el desarrollo de la industria petrolera venezolana: la primera culmina con la nacionalización a mediados de los setenta, la segunda corresponde a la consolidación de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y la tercera es la etapa actual, de reapertura del sector a la inversión privada”.
…
“Entre 1920 y 1938 se aprobaron siete leyes de hidrocarburos. Cada una representaba un avance en la posición rentista del Estado.”
“La presión tributaria, la limitación de las concesiones y el hostigamiento constante en las operaciones, desestimuló la inversión petrolera a lo largo de los sesenta…”
“Después de sesenta años de operaciones, la industria petrolera era tan nacional como cualquier otra. La gerencia, el personal técnico, los obreros, eran esencialmente venezolanos”
“La segunda muestra de adopción de una política de orientación productora fue la eliminación, en 1993, del Valor Fiscal de Exportación…”
[Ramón Espinasa en su trabajo “El Negocio Petrolero” en Debates IESA N°2 – Citado por Mendoza P. 2000, Loc. Cit.]
Así pues, “la industria” derrotó las incipientes pretensiones reivindicativas del interés estatal de Gumersindo Torres en 1920-1930 y de Néstor Pérez Luzardo en 1936. Luego, y a pesar de haber sido obligada por el Departamento de Estado norteamericano a concertar un convenio con Isaías Medina Angarita en 1943, se dio maña para encontrar mecanismos amortiguadores de los dañosos mecanismos estatistas que ya se asomaban.
En Noviembre de 1948, “la industria” derrotó por nocaut las pretensiones perezalfonzianas de ejercer la soberanía nacional ¿?, sobre la regalía petrolera, cobrada en especie para cambiarla por carne argentina. Insolencia que se puede medir por el hecho de que se trataba del 16,6% del valor de la producción del mayor exportador petrolero del mundo… y para negociarlo fuera de los canales corporativos con otros paisitos.
Desde entonces, “la industria” vivió diez años de paz y cosecha fructífera de dividendos, en tiempos de Pérez Jiménez, cuando obtuvo nuevas concesiones en áreas probadas y nadie se acordó de estar vigilando puntillosamente las relaciones entre utilidad neta empresarial y participación fiscal.
En el transcurso de cuatro décadas, 1920-1960, “Venezuela se convirtió en el mayor exportador mundial de petróleo”, comprendiendo que en ese entrecomillado la referencia al país es apenas un pudoroso velo para no decir Creole, Shell, Mobil, Gulf Oil, Texaco, Phillips, Standard de California y otras eficientísimas filiales corporativas.
En efecto, partiendo de menos de 20 mil barriles diarios en los años 20, “la industria” llegó a extraer de Venezuela 3 millones 700 mil barriles diarios, en 1970.
Pero no todo lo bueno dura para siempre…
Como dije, en tiempos de Pérez Jiménez “la industria” disfrutó la gloria… hasta llegar al funesto año de 1960, (según lo evalúa Espinasa en el párrafo citado) cuando comenzó a sufrir los primeros embates reales del estatismo:
El mismo proponente de la percepción de regalías en especie, sin haber cogido escarmiento con la lección de 1948, se atrevió a inventar una satánica Corporación Venezolana del Petróleo, de propiedad… ¡válgame Dios!… estatal y, además, logró el establecimiento por vía constitucional de un principio según el cual no se otorgarían nuevas concesiones a “la industria” al vencimiento de las entonces vigentes.
Años más tarde, “la industria”, ya en su etapa “nacionalizada”, evaluó la política de “no más concesiones como una agresión a “la actividad productiva petrolera”:
…y ya en la era democrática, se desataron fuerzas nacionalistas en contra de la actividad productiva petrolera. En lo institucional, esto se sintetizó en la política de “no más concesiones” — La presión a partir de 1958 en contra del capital provoca un proceso de desinversión neta…“ [PDVSA. Guías Corporativas 1993-1998. Visión a Largo Plazo, pág. 6]
Respecto a aquella sulfurosa Corporación, “la industria” logró en su momento torcerle el brazo a gobiernos bastante asustadizos en materia de sus relaciones con las casas matrices y sus Estados metropolitanos, logrando que ese engendro se mantuviera prácticamente nonato, reducida a una mínima capacidad de producción, dos mini barquitos, una oficinita de comercio en New York y una mini refinería, que no hacían mella en el control de “la industria” sobre el petróleo venezolano.
Pero, simultáneamente, se produjo otro evento estatista, esta vez de proporciones internacionales: el mismo genio del mal que ideó a la fulana “CVP”, propuso la constitución de un “compacto petrolero” para concertar las voluntades de un puñado de paisitos para la defensa de los precios de sus crudos, base de cálculo de sus respectivas participaciones fiscales, países en los cuales “la industria” extraía más del 60% del petróleo producido en el mundo.
Pero, como siempre hay un Dios que protege a los buenos, ese organismo, pomposamente autodenominado “OPEP” no logró funcionar, más allá de mudarse de Ginebra para Viena y organizar Secretariados y departamentos de estudios, sin tener incidencia efectiva en los precios de realización, los cuales siguieron siendo dictados unilateralmente por “la industria” hasta 1971.
En esta nueva década sucedieron eventos que obligaron a “la industria” a remozarse: las guerras entre árabes e israelíes, el embargo petrolero anunciado por aquéllos contra quienes apoyaron a su contrincante, la cuadruplicación de los precios del petróleo y un sinfín de novedades suficientemente documentadas desde entonces, hicieron aparecer el fantasma de la “seguridad energética de Occidente” y la necesidad de planificar un suministro garantizado a largo plazo..
Entendiendo los peligros que en ese entonces, tiempos de aguda Guerra Fría, comportaban para “la industria” y “Occidente” en general, los brotes de un nacionalismo radical, el cual ya despuntaba en Libia y Argelia, los peligrosos proyectos como el de la República Árabe Unida de Nasser, más la presencia amenazante de la Unión Soviética en las cercanías de sus yacimientos en el Medio Oriente, “la industria” ideó un plan para desmontar esos riesgos del extremismo.
Textualmente, según sus principales ideólogos, usar la política del palo y la zanahoria: impulsar una “nacionalización” diseñada por ella misma. Una retirada táctica al estilo judoka que le permitiría a “Occidente” ganar la estratégica guerra del petróleo.
La ejecución de ese plan comenzó en octubre de 1972, con el Acuerdo General de Participación, mediante el cual los países productores del Golfo Pérsico se hicieron propietarios del 25% de los activos de las industrias que extraían el petróleo en sus respectivos territorios.
Su justificación fue expuesta por los voceros y geo estrategas de “la industria”, en particular James Akins, Zar energético de Richard Nixon [“The Oil Crisis: This Time the Wolf is Here”, J. E. Akins; 1973; Foreign Affairs] y Gerard M. Brannon de la Fundación Ford, [Políticas respecto a la OPEP” ,1974] quienes teorizaban sobre la conveniencia de que los Estados productores controlaran las fases primarias del negocio, teniendo en cuenta que las mismas seguirían atadas a las redes de la “industria global”, que la tecnología y los técnicos que utilizarían estas empresas “estatizadas” seguirían siendo los mismos y, como broche de oro, que no tendrían otra alternativa sino operar con los medios y canales de comercialización de las casa matrices corporativas.
Ya en ese tiempo, Akins se refería a las propuestas hechas a Venezuela para comenzar la explotación conjunta de la Faja del Orinoco, las cuales se estaban discutiendo con el gobierno venezolano desde 1971.
El suscrito comentó estas incidencias de la siguiente manera:
El Acuerdo General de Participación, limitado a las operaciones de exploración y producción, constituyó el primer gran ensayo de una fórmula substitutiva del régimen concesionario. En él están prefiguradas todas las características que van a ser plasmadas con virtuosismo en la nacionalización petrolera venezolana y que garantizarían el mantenimiento de la relación dependiente que estamos analizando. (Mendoza P., 1983. De las Concesiones a los Contratos, / Ed. El Perro y la Rana 2011, pág. 107.),
De tal suerte, en septiembre de 1973, el Presidente de la mayor filial venezolana de “la industria”, planteaba la conveniencia de esa salida: Robert N. Dolph, Presidente de la Creole Petroleum Corporation declaraba, repitiendo los mismos argumentos de Akins, sostenía de manera insólita, que…
“…es al pueblo y al gobierno de Venezuela a quienes corresponde decidir en ejercicio de su soberanía, el papel que jugarán las corporaciones en Venezuela. A la luz de lo que ocurre en el mundo, … mucho antes de 1983.
(22 de septiembre de 1973. Once meses antes, en octubre de 1972 se habían producido declaraciones similares de J.J. De Liefde, Presidente para entones de la Compañía Shell de Venezuela)
[Mendoza P. Loc. Cit. Pág 124, citando a Rodríguez G. y Yánez, Cronología ideológica de la nacionalización petrolera venezolana, FACES UCV 1977, pág. 115]
Cuando los líderes de las mayores corporaciones extranjeras instaladas en el país comienzan a hablar de los derechos soberanos del pueblo venezolano… ¡prepárense! Que lo que viene es joropo.
Sin embargo, habiendo sido ya concertada esa transición escalonada en el Medio Oriente, la cual sólo en 1982 otorgaría a aquellos países el 51% de la propiedad sobre los activos petroleros, los venezolanos continuaban con su ilusión de tomar el control total de la industria en 1983. Incluso, aprobaron una Ley en 1973 para garantizar la intangibilidad de los activos que deberían “revertir” en aquel año.
Esa amenaza venezolana a “la industria” fue percibida entonces por tres miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quienes propusieron el envío de una “task force” para proteger sus intereses en Venezuela.
Pero estos desprevenidos congresistas fueron callados por la propia industria, la cual ya tenía, como hemos visto, una salida diseñada: Su propia auto-nacionalización, esta vez, a la venezolana.
A diferencia de otros tiempos, cuando promovía golpes de Estado, y como confirman las citadas declaraciones de Dolph, más las K. Wetherell y J.J De Liefde, de la compañía Shell de Venezuela, “la industria” espoleó el adormecido espíritu nacionalista de los venezolanos.
Y así, previo debates para el público de galería, sobre indemnizaciones y lucros cesantes, pero con “avenimientos” subterráneos, en agosto de 1975 las mismas concesionarias designaron, de su seno, a quienes asumirían el primero de enero de 1976, la gerencia petrolera venezolana: el entonces Presidente de la Compañía Shell de Venezuela se convirtió en Presidente de la “Operadora Nacionalizada” Maraven. El Vice-Presidente de la Creole Petroleum Corporación, filial venezolana de la Standard Oil-Exxon se transmutó en Presidente de Lagoven, otra “Operadora Nacionalizada”.
El mismo esquema se repitió once veces con los gerentes de las demás filiales transnacionales, travestidos en gerentes de empresas estatales, un tipo de empresa que ellos habían enfrentado y ridiculizado durante décadas.
Además, cada una de esas nuevas operadoras contaba, de acuerdo con el avenimiento, con un Contrato de Asistencia Técnica que garantizaba la presencia de su antigua casa matriz en todos los negocios futuros. (Cambio de Patrón de Refinación, desarrollo de la Faja del Orinoco, proyectos gasíferos costa afuera, control de siniestros, suministro de equipos, aditivos, partes y piezas, por ejemplo)
Las mayores de ellas habían sido dotadas, además, con un Contrato de Comercialización que garantizaba sustanciales descuentos en los precios de los crudos distribuidos en sus particulares redes de mercados.
Como alertaban las críticas de los eternos inconformes y profetas del desastre, los negocios de “la industria” en Venezuela continuaron viento en popa y con perspectivas de mejorías, en los megaproyectos de la Faja, la posible expansión de la exploración y producción hacia áreas que no habían estado bajo concesiones, los negocios internacionales que se iniciaron en 1983 (la compra total o parcial de 19 refinerías chatarra en el exterior, “porque las estaban vendiendo” y quedaban fuera de la garra fiscal del Estado) y las perspectivas de materialización efectiva de la apertura total, que ya estaba prevista en la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos con la disposición de su Artículo 5° que hacía posible la constitución de empresas mixtas para el desarrollo de las actividades reservadas al Estado.
Las condiciones para el regreso completo a los negocios “as usual” se estaban haciendo propicias, además, por la eliminación del Valor Fiscal de Exportación, la erosión paulatina de la Regalía, el desmantelamiento del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y el sabotaje a las decisiones “anti-industria” de la OPEP, concretado en la constante violación de las cuotas acordadas en esa perversa Organización.
Una muestra de los resultados de esa gestión, en cuando a la minimización del exagerado “government take”, la presento en el siguiente gráfico:
La mencionada quita impositiva fue el factor determinante de que 1998 y 1999 fueran los años de menor participación fiscal petrolera en el lapso considerado 1990-2006. Aun tomando en cuenta la novedosa figura de “dividendos” con la cual se quiso compensar el desmoronamiento.
Las perspectivas de la re-privatización ya se estaban exponiendo públicamente. El máximo dirigente de “la industria”, Luis Giusti, lo proclamaba abiertamente, hasta con un remitido pagado, el 21 de junio de 1997, en la revista Time, precisamente dirigido a los oídos sensibles en el escenario donde se debaten los destinos del mundo, en el cual expuso los planes de una privatización parcial de “solo 15%”, debido a lo poco preparado que estaba el público venezolano para lo inevitable: la privatización total.
Adentrándose en espacios más amplios, hacia la toma del poder político directo, en los escenarios estudiados por la dirigencia meritocrática para las elecciones de 1998, este destacado estratega aparecía como la opción presidencial óptima para una “Dictadura Modernizante”, cuya implantación fue gestionada infructuosamente en el norte: El Vicealmirante Muñoz León, mensajero de ocasión, no obtuvo la autorización indispensable del Departamento de Estado para tal proyecto.
Con el perdón del lector, me voy a permitir otra larga cita:
…Y es así, también, como el nombre de Luis Giusti comienza a ser mencionado como el del consenso de las fuerzas conservadoras y antinacionales para una “solución de emergencia”. Y es entonces cuando comienzan las confesiones que hacen innecesarias las denuncias:
En la industria petrolera “tenemos un proyecto político desde hace quince años”, “una dictadura modernizante garantizaría el cumplimento pleno de los objetivos de la corporación”: “Se elimina el Valor Fiscal de Exportación. Se modifica el esquema tributario para promover la inversión. Apertura amplia a capitales privados nacionales y extranjeros en todas las actividades petroleras. Promoción efectiva de la industrialización de los hidrocarburos. Precios del mercado interno competitivos… Venezuela se sale de la OPEP”. [PDVSA, Coordinación de Planificación Estratégica, “Escenarios Nacionales a Mediano y Largo Plazo”, Caracas junio de 1993. Luis Giusti, Coordinador].
“Venezuela ha venido sobreproduciendo desde hace unos diez años”. [Luis Giusti, El Nacional, 21 de Febrero de 1998. Pág. E-1] (Traducción CMP: PDVSA viene violando las cuotas concertadas con la OPEP desde hace 10 años)
[Mendoza P., La herencia transnacional en el seno de PDVSA: los bebés de Rosemary, en Crítica Petrolera Contemporánea, FACES-UCV, Caracas 2000. pág. 113]
Y según las propias declaraciones de Giusti al Weekly Petroleum Argus en esos días, su próximo trabajo en Venezuela sería el de Presidente de la República.
Ese mismo año, la caída de los precios como consecuencia del sabotaje aperturista, los llevó hasta niveles inferiores a los 10 dólares el barril, lo cual comportó una pérdida neta de más de 90 mil millones de dólares para los países miembros de la OPEP en su conjunto, 10 mil de los cuales correspondieron a Venezuela. La factura petrolera de los Estados Unidos disminuyó, en consecuencia, en 30.000 millones de dólares.
“La industria” global no fue mezquina. Ese mismo año, su principal mentor en el país fue proclamado el Ejecutivo Petrolero del año, como el mejor representante de las ideas y principios de la industria a nivel global:
Luis Giusti recibió el premio “Petroleum Executive of The Year” que confiere la Revista Petroleum Intelligence Weekly al más destacado líder de la industria a nivel mundial, según el dictamen de un jurado integrado por directivos de las principales corporaciones petroleras internacionales.
“The process by which the winner of this award is selected is particularly noteworthy and assures that the selection is fully representative of the views of the industry”.
Nominations for the award were solicited from CEOs and other senior managers of over 100 of the world’s largest oil and gas firms, as they appear in the annual rankings by Petroleum Intelligence Weekly (PIW). The nominations were reviewed by a group of senior oil executives, who made the final selection.
[Raja Sidawi, Chairman of Energy Intelligence, Marzo 2006]
Evidentemente, los principales dirigentes venezolanos de “la industria” estaban cumpliendo cabalmente con los intereses generales de la misma, ateniéndose a los modernos principios de la gerencia corporativa globalizada en tiempos de unipolaridad.
En esta instancia, me corresponde aclarar que mis referencias a la gerencia petrolera de orientación transnacional no comporta ninguna evaluación negativa individual y prejuiciada hacia los miles de empleados y técnicos que laboraron y desarrollaron sus capacidades en las antiguas concesionaras, quienes luego constituyeron la nómina operativa inicial de la industria nacionalizada. Confieso que algunas de mis expresiones fueron en su tiempo demasiado genéricas, sobre todo cuando hablé con rudeza de “los bebés de Rosemary” de la trasnacionalidad y ocasioné la protestas de algunos, quienes se sintieron aludidos injustamente.
La presunta meritocracia fue, por el contrario, y como denunciaron varias de sus víctimas, un mecanismo sibilino para seleccionar, vía campana de Gauss aplicada con vetos previos y otros métodos non sanctos, a una dirección complaciente con las líneas maestras anti estatales, decantándose de funcionarios críticos e incómodos, a quienes se posponía y excluía, a pesar de sus títulos y méritos reales.
En fin, este ha sido un resumen, apresurado por la voluntad de hacer crónica urgente, de una novela que se quiere seguir vendiendo: “La Industria Petrolera contra el Estado Rentista”.
Ese pasado es, precisamente, el que hoy, con legítimo orgullo, sus albaceas pretenden reverdecer con las propuestas aperturistas, -desnacionalizadoras, en mi lenguaje extremista- en curso en la Asamblea Nacional y en el debate público.
Pero también es el mismo que combatimos, desde su gestación hace 45 años, algunos redomados estatistas, quienes pretendemos garantizar que no vuelvan aquellas golondrinas que, a la manera de Bécquer,“aprendieron nuestros nombres”.
