En el caso de Venezuela, dada la metástasis del Estado de Derecho y la alta concentración del poder público en el Poder Ejecutivo Nacional, se ha restringido y bloqueado en forma creciente el conjunto de derechos civiles y políticos, que son los que en última instancia, pueden garantizar el ejercicio de los derechos a la participación política de la ciudadanía. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 1999 bajo una enorme expectativa social y política, sobre todo de los sectores excluidos de nuestra sociedad -población indígena, agrupaciones ambientalistas ecologistas, feministas, sindicales, juveniles-, ha sido sistemáticamente desconocida por la actual élite en el poder, desde el tiempo de gestión del Comandante-Presidente Hugo Chávez Frías.
El Proyecto ´Bolivariano´ se ha basado en un modelo de control estatal de la economía -con sistemáticas expropiaciones y controles a toda forma de empresa e iniciativa económica-; de control político de los medios de comunicación -cerrando 48 emisoras radiales, 3 canales nacionales de señal abierta y ´asfixiando´ a 45 medios impresos nacionales y regionales que dejaron de circular al no aprobarles acceso a las divisas -; interviniendo y destituyendo directivas de partidos políticos a través de subterfugios legales del Tribunal Supremo de Justicia -designado ilegalmente por una Asamblea Nacional Constituyente, elegida al margen de la Constitución en el año 2017- e imponiendo dirigentes que han sido escogidos por la cúpula del partido de gobierno por medio de sobornos y amenazas.
Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia, designado ilegalmente, ha dictado órdenes de detención, sin el debido proceso a diputados electos en los comicios parlamentarios del año 2015, los cuales pertenecientes a partidos políticos opositores fueron electos por mayoría claramente holgada y proclamados por el Consejo Nacional Electoral. A partir de ese momento, el partido de gobierno y la élite en el control del poder público y de las Fuerzas Armadas, ha desplegado una creciente intervención de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional electa, destituyendo a varios diputados para evitar la amplia mayoría obtenida y declarándola en ´desacato´ por lo cual ha emitido 43 sentencias para anular a sus actos y decisiones legislativas.
De tal manera, que hoy en Venezuela los derechos civiles y políticos consagrados tanto en la Declaración Universal de DDHH como en la Declaración Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no pueden ser ejercidos por la ciudadanía venezolana, por encontrarse conculcados por una élite en el poder que: 1. Bloquea la libertad de expresión, opinión y difusión, persiguiendo y deteniendo a periodistas, líderes gremiales, sindicales y políticos que han opinado y denunciado las violaciones a los DDHH en el país. En este momento, según el Foro Penal Venezolano hay 394 ´presos políticos´ en Venezuela (268 civiles y 126 militares) 2. Persigue la libertad de asociación política y de reunión, confiscando e interviniendo partidos políticos e imponiendo directivas (7 partidos políticos han sido intervenidos, incluso 3 que fueron aliados del actual grupo en el poder y apoyaron el ´proceso bolivariano´) 3. Designando un Consejo Nacional Electoral al margen de la potestad legítima de la Asamblea Nacional que ha alterado las condiciones y garantías requeridas para un proceso electoral justo, transparente, competitivo.
Por eso puede concluirse, que hoy en Venezuela el derecho a la participación política, según los estándares del Derecho Internacional de DDHH, está seriamente confiscado, además en medio de un agravamiento de la Emergencia Humanitaria compleja que acosa al país, castigado por el incremento en marcha de la curva de contagios de la pandemia del Coronavirus.
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