Esto es lo que busca el gobierno de Maduro con su oferta de renegociar la deuda
Los bonos de la República, Pdvsa y La Electricidad de Caracas tienen una cláusula de prescripción de 3 años, lo que significa que, a partir de la activación de esa disposición contractual, los inversionistas pierden todo derecho a reclamar los pagos en mora.
Esa cláusula fue aceptada por los tenedores, pero su aplicación es un problema para todas las partes. El mensaje que da el gobierno es que aquellos inversionistas que no se acojan a su nueva propuesta de renegociación, que puede ser un canje de bonos -si se repite la oferta de anteriores oportunidades- antes de la medianoche del 13 de octubre perderían todo derecho a reclamar los intereses vencidos de una deuda que suma alrededor de 30.000 millones de dólares.
Aún no se conocen los términos de la oferta, pero el economista y analista de riesgo financiero Leonardo Buniak dijo que, independientemente de sus términos, si el gobierno de maduro aplica esa cláusula de prescripción «no podrá emitir más deuda en ningún mercado financiero. Más nunca, porque sería una acción casi forajida».
El economista sostiene que «imagina que después de no pagar ni capital ni intereses después de tres años, cómo podría un gobierno acogerse a una cláusula de este tipo. El mercado va a leer eso como un intento grave de incumplir sin consecuencias. Eso no puede ser. Así no son las reglas».
Un análisis de Bloomberg, publicado en febrero, ya advertía sobre la existencia de esta cláusula en las emisiones de deuda venezolana y señaló que era una condición atípica que pudo ser incluida en previsión de cualquier contingencia con los acreedores.
Buniak estima que el primer objetivo de esta medida es tratar de contener los procesos judiciales que aplican contra activos estratégicos de Pdvsa. «La república no corre riesgo, más allá del reputacional, porque existe una cláusula de inmunidad soberana que impide que se embarguen activos que son propiedades de los estados; pero Citgo corre un riesgo real por esta situación».
Para Buniak, la renegociación de la deuda venezolana para la administración de Nicolás Maduro es materialmente imposible por las sanciones del gobierno de Estados Unidos. «Más de 80% de esa deuda está denominada en dólares y la jurisdicción es Estados Unidos, por lo que cualquier tenedor de bonos sabe y entiende que no puede negociar con el gobierno de Maduro, y si lo intenta vamos a ver cómo le va«.
Los 4 puntos cardinales
Evidentemente, el anuncio de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, es parte de una «movida política», cuyo futuro es completamente incierto.
El gobierno tiene dos mecanismos para renegociar la deuda en bonos: una reestructuración que supone un cambio de condiciones de plazos e intereses de la deuda actual, o un canje de bonos que supone la emisión de deuda nueva para sustituir la anterior. Este es el modelo que el gobierno de Maduro ha intentado utilizar en intentos anteriores de renegociación.
«Hay que recordar que incluso hubo una reunión con acreedores en Miraflores, que duró media hora y el gobierno se comprometió a renegociar; pero no pasó nada», recordó Buniak.
La primera condición es que el gobierno pueda presentar una estrategia económica creíble, un plan de ajuste macroeconómico que permita recuperar la capacidad de repago. «Y eso no existe ahora», dice Buniak. «No es igual plantear una renegociación en las condiciones actuales, que hacerlo, por ejemplo, con el apoyo de un financiamiento otorgado por el Fondo Monetario Internacional».
El gobierno de Maduro tiene cuatro puntos cardinales para lograr una renegociación exitosa: el primero es el propio gobierno, que necesita una estrategia económica distinta y convincente de cara a los mercados, para evitar que los procesos judiciales que se han disparado en Estados Unidos prosperen. «Y no le queda demasiado tiempo», afirma Buniak.
El segundo punto es la Asamblea Nacional legítima, no la ANC, que debe aprobar los acuerdos para que tengan validez. Si la Asamblea Nacional que se va a montar en diciembre no tiene el reconocimiento legal de Estados Unidos, el requisito de la aprobación legislativa no se va a cumplir.
Luego están los acreedores, cuya inmensa mayoría son personas naturales y jurídicas que están sujetas a la legislación estadounidense y, por tanto, no pueden violar las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Y el último, «el más importante», es el gobierno de Estados Unidos que reconoce a otra gobierno y el sistema político, al menos por ahora, «no se muestra proclive a abrirse a una negociación con el gobierno de Maduro».
Otra hipótesis
Otra posibilidad es que el gobierno de Nicolás Maduro busque una vía que le permita intentar sacarse el costo político de una eventual enajenación de Citgo y otros activos, con el argumento de haber generado una vía para la renegociación que, en teoría, «beneficia a los tenedores». Si falla, como es lo más probable, el costo sería imputable a la oposición.
Gobierno anuncia oferta condicionada hasta el 13 de Octubre para reestructurar deuda en bonos
La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, informó que el gobierno ratifica su total disposición de honrar los compromisos válidamente asumidos con los tenedores de títulos emitidos por la República, Pdvsa y La Electricidad de Caracas.
Rodríguez leyó un comunicado, en compañía del presidente de Pdvsa y el procurador general de la República, en el que aseguró que Venezuela se ha caracterizado por dar fiel cumplimiento a sus obligaciones de pago por los servicios de deuda externa, «a pesar de la criminal agresión perpetrada contra el país».
Recordó que en noviembre de 2017 Venezuela manifestó su intención de reestructurar su deuda y convocó a un diálogo a los tenedores nacionales e internacionales, para buscar fórmulas que permitieran superar las limitaciones impuestas por las sanciones.
Sin embargo, indicó la ministra de Economía y Finanzas, la emisión de nuevas sanciones de EEUU contra Venezuela «ha impedido el desarrollo del diálogo para alcanzar el objetivo de reestructuración anunciado, entre tanto los plazos de prescripción para las reclamaciones de derechos han comenzado a correr».
En ese sentido, «la República, Pdvsa y la Electricidad de Caracas anuncian una oferta condicional conjunta de interrupción de dichas entidades con el fin de garantizar que los inversores no resulten afectados por el ilegal accionar de quienes detentan el poder en Estados Unidos».
Agregó que las condiciones específicas de la oferta condicional serán detalladas por el Ministerio de Economía y Finanzas y las entidades emisoras.
Estas acreencias a ser reestructuradas están en default desde 2017. Básicamente, de lo que se trata es que antes del 13 de octubre los tenedores de los bonos de la República, Pdvsa y la EDC manifiesten por escrito su intención de reestructurar según los términos que proponga el ejecutivo chavista, lo cual permitirá que los inversionistas registrados no sean afectados por la prescripción legal establecida en las condiciones de emisión.
En consecuencia, cuando el gobierno chavista pueda reestructurar la deuda, una vez que eventualmente supere los obstáculos planteados por la administración y los tribunales de Estados Unidos, que reconocen la presidencia interina de Juan Guaidó, solo tendría que negociar con los tenedores que aceptaron la oferta que vende en octubre.
«Con esta medida la República presenta una nueva muestra de su actuación de buena fe y espíritu de cooperación con el objeto de continuar avanzando en un proceso de reestructuración que permita salvaguardar los derechos de los acreedores sin afectar el proceso de crecimiento y recuperación del país».
La oferta estará vigente hasta la medianoche del 13 de octubre, las aceptaciones recibidas después de esa fecha serán rechazadas.
Banca y Negocios
Diputado José Guerra señala que propuesta de reestructurar la deuda es inviable
El parlamentario subraya que es “absurdo” plantearse pagar la deuda cuando en las reservas del Banco Central de Venezuela hay unos 6.320 millones de dólares
El diputado José Guerra asegura este martes, 15 de septiembre, que la propuesta planteada por el gobierno de Nicolás Maduro para reestructurar la deuda externa es inviable, a su juicio, la única solución es con una salida política que implique elecciones libres y un Gobierno de Emergencia Nacional.
Guerra comenta en unas declaraciones enviadas a medios de comunicación, que lo propuesto hoy por Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, no es factible porque los bonos emitidos por la Republica y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez se rigen por la Ley de Nueva York y por tanto ningún tenedor de bonos va a aceptar un acuerdo de reestructuración de deuda con Maduro.
Ante este panorama el también economista Guerra agrega que una restructuración de la deuda externa implica contar con un programa económico viable y hoy Venezuela carece de ese programa y su economía está a la deriva. Además, se requeriría el aval del Fondo Monetario Internacional.
«Es absurdo plantear pagar deuda en estos momentos cuando las reservas del Banco Central de Venezuela apenas alcanzan a 6.320 millones de dólares, de los cuales más de 5.000 dólares están en oro y además este año el ingreso por exportaciones en su mejor escenario alcanzará a 4.000 millones de dólares. No hay cómo pagar ni se debe pagar«, subrayó.
El parlamentario recordó que el presidente fallecido Chávez fue quien propició el endeudamiento de Venezuela en un momento en que los precios del petróleo eran «buenos».
Destacó que un año antes de él llegara al poder la deuda externa total alcanzó a 28.317 millones de dólares, de los cuales 23.317 millones de dólares correspondían a la República y 5.000 millones de dólares a Pdvsa. Estima que en este 2020, la deuda externa total excede los US$ 120.000 millones, incluyendo la deuda de la República, Pdvsa y el Fondo Chino.
La alta ejecutiva del gobierno oficialista aseveró hoy que Venezuela tiene toda la intención de cancelar la deuda pero que debido a las sanciones del Gobierno de Estados Unidos han impedido que estos giros se hagan a tiempo, por lo que le propuso a los tenedores de bonos una «oferta de interrupción y condicionada».
El Pitazo
