El sector de telecomunicaciones ha mostrado una enorme transformación y evolución a lo largo de las últimas décadas que la pandemia del Covid-19 ha puesto en evidencia e incluso ha acelerado (uso de distintos tipos de plataforma transaccionales y no transaccionales, consumo de contenidos, comercio electrónico, telemedicina, uso de datos para políticas públicas, etc.).
La organización industrial de dicho sector ha sufrido una enorme transformación. Desde la perspectiva de la demanda, la fuente de valor ha evolucionado de la voz a la demanda contenidos y datos. Mientras que desde la perspectiva de la oferta, la otrora estructura integrada e indivisible entre el proveedor de la infraestructura y el servicio de voz -por ejemplo, servicio de telefonía fija- ha pasado a un entorno de competencia de servicios en convergencia, y la prestación de servicios de valor agregado y OTT bajo protocolo IP independientes de los proveedores de la infraestructura. La competencia en convergencia ha implicado rivalidad entre proveedores de servicios de voz, audiovisual e Internet por medio de tecnologías alternativas a través de operadores tradicionales de infraestructura y servicios como las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios audiovisuales o de televisión por suscripción. Bajo este entorno de competencia de proveedores tradicionales en proveer infraestructura y sus servicios, irrumpen proveedores de servicios de valor agregado, proveedores de contenido OTT y de Apps bajo protocolo IP que compiten adicionalmente con los servicios aguas abajo que los primeros suelen ofrecer (por ejemplo, el servicio de voz tradicional vía telefonía fija e incluso móvil versus aplicaciones como WhatsApp entre otras).
Un dato nada menor es la diferencia que puede existir en las estructuras de costos que cada uno de dichos operadores y/o prestadores de servicios enfrentan (altas inversiones en costos fijos para los operadores tradicionales derivadas de acometidas en infraestructura con costos medios limitados por las escalas domésticas y la competencia nacional mientras los desarrolladores de Apps pueden gozar de escalas planetarias y eventuales costos fijos menores -dependiendo de la aplicación-), en sus naturalezas de negocios, ergo, sus fuentes de valor, ingreso y/o monetización, por ejemplo los primeros basados en precios y/o tarifas y los segundos por medio del levantamiento y acumulación de datos que luego pueden monetizarse de distintas formas.
El otrora sector de las telecomunicaciones ha dado paso al sector de servicios TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
La manifiesta transformación de la demanda de voz hacia contenidos y datos, así como la proliferación de plataformas transaccionales y de contenido, diversas aplicaciones, así como el IoT (Internet of Things) exige inversiones en infraestructura que posibiliten y den soporte a dichas funcionalidades, tendencia y desarrollo de la demanda.
Constituye un reto para los distintos países alinear o desarrollar incentivos en favor del despliegue de infraestructura a partir de las cuales y sobre las cuales ha proliferado un universo de servicios y de plataformas de altísimo valor para los usuarios, cuando el proveedor de la infraestructura y los proveedores de los servicios como los OTT no coinciden en una misma persona jurídica, y especialmente cuando estos últimos, resultan “próximos” a los consumidores cuando menos en términos de preferencias, consumo, demanda y disponibilidad de pago, mientras los proveedores de infraestructura resultan “próximos” al usuario final como proveedor de la infraestructura necesaria sin la cual la demanda de los servicios de los prestadores de servicios de valor agregado, OTT y plataformas no pudiera concretarse.
Adviértase que podría pensarse en una especie de falla donde los desarrolladores de infraestructura no internalizan sino parcialmente el valor de los servicios finales, mientras soportan enormes cargas de inversión para desarrollar la infraestructura a partir de la cual los servicios de alto valor para el usuario final se desarrollan. Lo anterior resulta suficiente como para comprender cómo “principios” como la neutralidad de la red no debería constituir un fin en sí mismo -dependerá del caso específico- y por el contrario cómo podría ser deseable una discriminación de precios, por ejemplo por calidad del contenido -de ser materialmente posible llevarla adelante con información perfecta- o muy imperfectamente vía discriminación por intensidad de consumo u otra alternativa basada en valor para viabilizar las inversiones en infraestructura que apoyen la demanda creciente en contenido, datos, aplicaciones y plataformas bajo protocolo IP (de resultar socialmente deseable, ponderando que los proveedores de la infraestructura se encuentran sometidos y disciplinados bajo un régimen de concurrencia en convergencia). En este sentido, una intervención pública podría generar mayores distorsiones en estos mercados si parten de posiciones y enfoques ingenuos, tradicionales o extremadamente intrusivos.
Evidencia de todo lo descrito hasta ahora lo constituye que las preocupaciones regulatorias, de políticas públicas, privacidad, protección al consumidor, derecho de la competencia e incluso impositivas han cambiado su foco de los proveedores tradicionales hacia nuevos actores en el sector (todas y cada una de estas aristas y temas trascienden el presente artículo).
Así las cosas, podemos imaginar una fuente potencial de “conflicto” entre proveedores independientes de servicios o estadios complementarios de una cadena de valor, respecto a la regla de reparto del valor de los servicios o la regla de reparto de la disponibilidad a pagar por parte de los usuarios a lo largo de dicha cadena -es decir, en cuanto se remunera a cada estadio o capa de dicha cadena de valor-.
Un tema con el que tradicionalmente los reguladores de telecomunicaciones han tenido que lidiar lo constituye el acceso, el cual puede, por un lado ser concebido desde la perspectiva de la oferta -acceso aguas arriba a la infraestructura y/o al mercado mayorista- y por el otro desde la perspectiva del usuario final a los servicios finales.
Respecto a la última perspectiva, a nivel mundial los controles sobre precios y tarifas finales han ido levantándose desde que se inició el tránsito hacia un sector en competencia, manteniendo el seguimiento sobre estadios aguas arriba que puedan representar cuellos de botella en contra de la entrada de competidores minoristas. Sin embargo, lo anterior cobra especial sentido en un mercado con operadores Incumbents con poder de mercado e integrados verticalmente, y no automáticamente ante el escenario de proveedores independientes de la infraestructura y proveedores independientes de servicios de valor agregado bajo protocolo IP (hoy día no suelen existir modelos puros extremos). De esta manera, se ha ido reemplazando el enfoque y criterio de regulación de precios basada en costos en favor de un criterio de no-discriminación. Dicho criterio valga señalar no implica que no pueda utilizarse precios o tarificaciones diferentes a una tarificación única, lo que significa es que puede haber discriminación justificada económicamente pero no discriminación contra un operador por el simple hecho de resultar un competidor. Esto resulta interesante porque dicho cambio de enfoque implica reconocer el problema de recuperabilidad y remuneración de la infraestructura por medio de un precio único y/o lineal, sin dejar a un lado la preocupación de conductas exclusorias en contra de competidores minoristas no integrados. De esta manera se sugiere un enfoque de no-discriminación basado en Equivalence of Output en vez de Equivalence of Input, incluso para aquellos casos de un operador con posición dominante (básicamente este enfoque concilia la necesidad de financiar la infraestructura con la prohibición de prácticas exclusorias tipo pinzamiento de márgenes aguas abajo que imposibilita la replicabilidad del servicio en el mercado minorista).
Es así como dicho lo anterior, respecto a la segunda perspectiva se presenta el reto de un balance deseable entre eficiencia estática -fundamentalmente acceso a la infraestructura, facilidades esenciales o cuellos de botella a lo largo de la cadena de valor- y la eficiencia dinámica en favor del continuo desarrollo, alcance, difusión y renovación de infraestructura y más propiamente de redes de nueva generación.
Los países desarrollados, en especial la Unión Europea, ha manifestado especial preocupación por el gap existente entre las metas de inversión y desarrollo en infraestructura de nueva generación y los avances efectivos en esta materia.
Las discusiones actuales a nivel global se centran en cómo crear los incentivos de inversión en la nueva infraestructura requerida para el desarrollo de la nueva economía y la economía digital, fundamentalmente entendiendo quién financiará dicho desarrollo y cuáles son las fuentes de valor y cómo se reparten a lo largo de la cadena de valor.
En Venezuela, el regulador continúa controlando las tarifas de los operadores tradicionales de infraestructura y de servicios de Internet, no sólo contrario a la práctica mundial sino comprometiendo la capacidad financiera de dichos actores económicos para acometer las inversiones en infraestructura necesaria para que Venezuela pueda entrar en la economía digital, economía que para algunos expertos puede constituir una oportunidad de cerrar algunas brechas con el mundo desarrollado.
Economista UCV
