El informe del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela es demoledor. Se concentra en detallar casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos en el país desde 2014.
Queda claro que los funcionarios de la ONU pidieron en diversas oportunidades al régimen de Maduro acceso a la información y que éste ni siquiera respondió las correspondencias enviadas, lo cual no obstó para que hicieran su trabajo y presentaran sus conclusiones.
Estudiaron y documentaron cerca de 3.000 violaciones a derechos humanos, en medio de procesos de desinstitucionalización que produjeron una impunidad “que exacerbó las violaciones”. Reconoce el rol de la Asamblea Nacional y el impedimento judicial para ejercer sus funciones y la actuación de facto de la farsa constituyente.
Deja claros los procesos inflacionarios, la severa escasez de alimentos y medicinas, así́ como la grave crisis humanitaria, profundizada por el covid-19.
La persecución a diputados, alcaldes, dirigentes opositores, militares, a sus familiares, a defensores de derechos humanos, a ciudadanos que han ejercido su constitucional derecho a la protesta queda totalmente documentada en este informe.
Se hace detallada mención de los abusos cometidos por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Se detallan –además de investigaciones, persecuciones y detenciones inconstitucionales– técnicas de tortura como “…las posiciones de estrés; la asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o agua; las palizas; las descargas eléctricas; las amenazas de muerte; las amenazas de violación contra la victima y/o sus familiares; la tortura psicológica, incluida la privación sensorial, la iluminación constante y el frio extremo; y la desnudez forzada”.
Se acusa a funcionarios del Sebin de la perpetración –al menos en siete casos– de “…actos de violencia sexual o de género contra las personas detenidas en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otros, o de degradarlos, humillarlos o castigarlos”.
El informe hace referencia a la arbitraria persecución en contra del diputado Juan Requesens y al suministro de sustancias psicotrópicas a su persona para forzar una confesión. Se refiere también al caso de Fernando Albán, a quien detuvieron a su arribo a Venezuela y sometieron a torturas que acabaron con su vida para luego lanzar su cadáver desde el onceavo piso de la sede del Sebin en Plaza Venezuela, con el objeto de simular un suicidio.
Se hace igualmente la descripción del caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció luego de graves torturas infligidas en la Dgcim. Se documentan casos de civiles y militares sometidos a distintos procesos de tortura y al incumplimiento del debido proceso. Creo que se produce una omisión con el caso de Oscar Pérez y sus compañeros, quienes fueron asesinados a pesar de haberse rendido públicamente.
Las famosas OLP (Operaciones para la Liberación del Pueblo) quedan claramente descritas como acciones inconstitucionales e ilegales para “limpiar” espacios en las que se produjeron decenas de muertes extrajudiciales. Se denuncia a funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y específicamente a las FAES (Fuerzas de Acción Especial) así como a funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) como responsables de varias muertes, no solo a través de las OLPs, sino también aisladamente.
Se describen diversas violaciones a derechos humanos en el marco de protestas pacíficas en las que convocantes y pueblo asistente tuvo que someterse a diversos mecanismos de represión, con bombas lacrimógenas, perdigones y armas de fuego, a manos de la Fuerza Armada Nacional, específicamente la Guardia Nacional.
Para finalizar, los autores del informe expresan que tienen “…motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe, y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas”.
Creo que este informe marca un avance impresionante en el reconocimiento mundial de la grave situación de Venezuela en materia de Derechos Humanos, así como en la responsabilidad directa de Nicolás Maduro, sus ministros y funcionarios militares y policiales en hechos tan graves como torturar y asesinar a personas por razones políticas.
Si la ONU ha sido conservadora en el caso Venezuela, imagínense ustedes las evidencias que deben haber encontrado para producir un informe con las impactantes conclusiones que hemos referido. Este informe es crucial en la lucha que libramos los venezolanos. ¡Sigamos luchando por la libertad!
juanpguanipa@gmail.com
