Será muy difícil que a futuro algún autor o autores puedan recoger con tanta prolijidad, equilibrio y veracidad la historia del duro período vivido por los venezolanos en los años que van del 2014 al 2020, y en específico sobre la situación de los Derechos Humanos, como lo acaba de hacer el Informe de la Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A pesar de las cinco negativas del régimen a permitir el ingreso al país de ese equipo investigador, de no aceptar inclusive reunirse previamente con sus representantes y de oponerse a dar sus observaciones sobre los hechos investigados, el impactante informe de la ONU hurga profundamente en las entrañas de la tormentosa, degradada y degradadora revolución chavista, disecciona y expone ante el mundo sus inhumanas miserias y deriva antihistórica.
En la era de la revolución de las comunicaciones las torpes negativas oficialistas resultaron inútiles. La labor investigativa que respalda el informe y para la cual los trece investigadores acudieron no solamente a víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios, sino también a la información de dominio público que circula por las redes sociales, además de documentos oficiales, decretos, sentencias, manuales, instructivos, blogs, informaciones, artículos de opinión y comunicados de prensa cuya fiabilidad fue rigurosamente examinada proveyó a la Misión de fuentes de certidumbre y capacidad de verificación.
Ya puede decir el inefable canciller Jorge Arreaza, con el cinismo que caracteriza su actuación y la de la insensata cúpula del “proceso”, que el informe “está lleno de falsedades”. Las 443 páginas del documento ONU, el segundo sobre esta materia, son ahora una sólida referencia a la que sin duda acudirán reiteradamente, desde ahora y a lo largo de los años, investigadores, periodistas, escritores, historiadores e incluso creadores que quieran acercarse a lo que ha sido la realidad venezolana bajo el régimen chavista de Nicolás Maduro.
Visto que el mandato que le dio la Asamblea General ONU a la Misión fue investigar el deplorable estado de los DDHH, centrándose en los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la contextualización política, económica y social de la realidad en la que se produjeron esos abominables hechos llevó a los investigadores a un recorrido sobre los cruciales acontecimientos políticos ocurridos en el período.
De modo que en sus páginas están reflejadas, entre otros eventos políticos, las irregulares condiciones en que se realizaron los procesos electorales; las violentas protestas de calle como la denominada La Salida en 2014 y las manifestaciones del 2016, tras las cuales se desencadenaron excesos represivos; todo el retorcido laberinto de judicialización que llevó al desconocimiento de la Asamblea Nacional electa en 2015 con mayoría calificada para la oposición y cómo fue desmontada por instituciones subyugadas por el régimen; la sustitución de la AN por una constituyente elegida por mecanismos inconstitucionales y que, por cierto, ya ha anunciado el fin de su funesta actuación para finales de este año sin llevar a cabo ¡por fortuna! todos los desmanes para la cual fue creada.
Interesante por demás la descripción, casi milimétrica, de cómo un régimen militarista ha desnaturalizado el rol institucional de las Fuerzas Armadas y cómo ha incorporado para ello un componente civil instrumentado partidariamente como el de la milicia y la interacción con los violentos “colectivos”.
Destaca en la actuación del componente armado el surgimiento de un concepto que emparenta al régimen que se proclamó el Socialismo del Siglo XXI con las antiguas dictaduras militares del continente y que está plasmado en los manuales distribuidos a la tropa, según los cuales son enemigos internos “aquellos individuos que pueden ser nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y mantienen posiciones opuestas a las políticas del gobierno nacional”. Qué extrañar entonces de las muertes, torturas y trato inhumano a que han sido sometidos dirigentes políticos y militares en rebeldía.
Mucho de esto es sabido. Pero ahora allí están sistemáticamente recogido y organizado las fechas, los nombres de víctimas y victimarios, los lugares, las incidencias pormenorizadas de los crímenes, miles de asesinatos en operativos policiales, tipos de torturas y otras violaciones a los DDHH, cometidos por ese macabro aparato del horror en que quedaron convertidos el FAES, el Sebin, DGCIM, GNB, PNB, y que además aceptan la actuación de gobiernos extranjeros y permite la actuación de grupos guerrilleros.
El objetivo de las Nacionales Unidas está muy claramente enunciado desde las primeras páginas del informe: la plena rendición de cuentas de los autores y justicia para las víctimas, para lo cual se exhorta a los Estados a considerar “la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y los crímenes identificados en el presente informe”. Esto último no es menor, si se toma en cuenta que en los patrones de actuación aparecen señalados las autoridades más altas del Estado venezolano.
Dado que la impunidad para consigo mismos es la actuación de quienes controlan el poder, queda fortalecer la esperanza que este registro descarnado del catastrófico estado de los DDHH (más de 3 mil casos fueron examinados) y las amenazas bajo las que transcurren las vidas de los venezolanos de estos tiempos de “revolución” motive la solidaridad y la responsabilidad de la comunidad democrática internacional para que no solamente se haga justicia, sino para que con todos los mecanismos democráticos y la sinergia institucional de la que sea capaz ayude a abrirle camino a la vuelta de las libertades y todos los valores de la democracia en Venezuela.
@goyosalazar
