Estuvo encarcelado en la celda “La Escalera” en El Helicoide, sede del Sebin. No es más que estar esposado debajo de una escalera, en un espacio diminuto infectado de roedores e insectos junto a otros presos por motivos políticos. A Gregory Hinds lo privaron de libertad el 17 de enero de 2018, después que Diosdado Cabello lo acusara en su programa Con El Mazo Dando de ser líder de una “célula de terrorismo internacional”, aunque su profesión en realidad es defensor de derechos humanos. Aseguró que en sus interrogatorios los golpearon con bates en su espalda y genitales, lo abofetearon, amenazaron con violarlo, lo obligaron a ingerir aguas residuales y le negaron el derecho al agua potable, alimentos e ir al baño.
Hinds, junto a su compañera de trabajo Geraldine Chacón, quien también estuvo presa, forman parte de los más de 17 casos que el informe de la Misión Independiente de Determinación de la ONU describe con detalles, de un total de 233 analizados, como muestra de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, tratos crueles, inhumanos y degradantes aplicadas en Venezuela de manera sistemática desde 2014.
El documento resalta dos muertes ocurridas en custodia de la Dirección de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Sebin, los casos del exconcejal de Caracas, Fernando Albán el 8 de octubre de 2018, y del capitán Rafael Acosta Arévalo, el 29 de junio de 2019 y responsabiliza a la cadena de mando que encabeza Nicolás Maduro.
Golpes fuertes dejando marcas visibles; huesos rotos y órganos dañados; esposas excesivamente apretadas; asfixia con sustancias tóxicas y en agua; posiciones de estrés como crucifixiones; sometimiento a luz artificial las 24 horas del día; aislamientos en celdas con poca ventilación y ojos vendados; mutilaciones; choques eléctricos en genitales; violaciones sexuales, privación de alimentos, consumo de excremento obligado y amenazas de muerte, son los mecanismos de tortura que se aplican en el país, según la ONU.
“La tortura es una política que el Estado aplica dándole órdenes a los cuerpos de seguridad que actúan con odio y alevosía”, explicó Rafael Narváez, abogado y defensor de DD.HH. Sostiene que ni en gobiernos dictatoriales como los de Juan Vicente Gómez o Marcos Pérez Jiménez se habían registrado actos tan crueles contra detenidos.
Señala que las sedes del Sebin en El Helicoide, Dgcim en Plaza Venezuela, Cárcel Militar de Ramo Verde, el Centro Penitenciario de la Región Centro Oriental, (El Dorado) y la Cárcel 26 de Julio de San Juan de los Morros, son los “museos del horror en Venezuela”, por donde ha pasado la mayoría de las víctimas de violación de DD.HH en Venezuela.
“Si nos referimos al caso del capitán Acosta Arévalo, prácticamente fue un homicidio cometido por el Estado, porque él llegó a la audiencia muerto en vida. Cuando la juez se dio cuenta y lo mandó al hospital, murió. Tenía hematomas, costillas rotas, laceraciones, intentaron ocultar esa realidad, pero de la morgue mandaron la información de cómo estaba reventado por dentro”, recordó.
Ocurrió igual con Fernando Albán. “Tanto el Ministro de Interior, Néstor Reverol como el Fiscal Tarek William Saab, se contradijeron al informar su muerte. Él fue detenido en Maiquetía y 10 días después informaron a la familia que estaba en el Sebin. La pena para un funcionario que desaparezca a una persona es de 18 a 25 años, según el Código Penal Venezolano, y sin embargo el Poder Judicial hizo caso omiso”, manifestó.
Explica que la relevancia del informe de la ONU es que por primera vez argumenta los crímenes de lesa humanidad con pruebas y se dan nombres de responsables. “Quien ordena la tortura es el presidente de la República, pero el que sea poder público y avale la tortura es cómplice. La responsabilidad penal es individual de quien dio la orden y de quien la ejecuta”, aseveró.
No prescriben
Tulio Álvarez, jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, informó que el régimen de Maduro violó tratados internacionales sobre el tema de tortura como el Estatuto de Roma, y por eso el informe de la ONU califica a Venezuela como una nación donde el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad.
“Se activa la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), son crímenes que se caracterizan por la no prescripción. Los funcionarios no puedan oponer obediencia de vida, y los principales responsables son las cabezas políticas. Por eso la responsabilidad directa de Maduro y altos funcionarios militares y policiales”, explicó.
Sostiene que con estos elementos la comunidad internacional se activó en la fase preparatoria. Es de obligación de la Fiscal General de la CPI, Fatou Bensouda, inquirir. “Cuando hay un informe con tantos elementos, la fiscal no puede dejar de actuar, porque podría ser desplazada por obstrucción de la justicia internacional”, resaltó.
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