Se decide que las clases presenciales de millones de estudiantes de educación básica, media y superior no pueden iniciarse antes de enero de 2021. Se decide que hay una semana de confinamiento estricto y una de confinamiento flexible, es decir, que la vida social y económica del país es intermitente, aunque nunca normal. Hay un racionamiento de gasolina, se deciden días por número de placa porque escasea. No todas las estaciones de servicio expenden todos los días.
Las mismas personas que deciden todo eso, deciden que las elecciones parlamentarias convocadas se realizarán el 6 de diciembre, “como sea”, en nombre de un rigorismo constitucionalista estricto que no asoman en ningún otro caso. Por ejemplo, sin que atinen en cómo mejorar la cosa, van como veintisiete prórrogas de la emergencia económica que según la Constitución se decreta hasta por sesenta días prorrogables una vez por plazo igual. Eso sin mencionar, para evitar atascos argumentales, lo hecho a la Asamblea o al sistema electoral.
Si aquellas decisiones fueron correctas, ésta no puede serlo.
Comprendo que no den su brazo a torcer así como así, principalmente por atender a la clientela interna. No a la popular que vive la realidad y sabe qué es posible y qué no, sino a la dirigencia. Pero lo sensato, lo juicioso, es preparar el ambiente para ese diferimiento, porque todo indica que tendrá que decidirse. La realidad es desobediente y mientras más le llevas la contraria más caro te pasa factura.
En el otro extremo, el opositor, a veces casi tan impermeable a las realidades como el rojo, hay quien plantea como cuestión pre vía la ilegitimidad de la convocatoria y por tanto su desconocimiento. Tiene lógica, pero incompleta. Mis opiniones al respecto son conocidas.
Otra cosa. El canciller pidió a la Unión Europea que viniera a observar la votación. La respuesta fue que necesita seis meses al menos para hacerlo de modo creíble. He ahí otra razón, si lo que se quiere es una elección de verdad, respetable, que pueda servir al país para abrir vías hacia la recuperación de la normalidad democrática aquí y el reconocimiento internacional para bien de nuestra esperanza de salir de la crisis. El duro informe de la ONU sobre derechos humanos refuerza esa necesidad, no la debilita.
