Ahora, a raíz del informe reciente sobre los DDHH elaborado por una comisión investigadora del Consejo de DDHH de la ONU, aparece de nuevo en el escenario político venezolano, y con carácter perentorio según petición de Juan Guaidó a los países del mundo que lo apoyan, el fantasma de la invasión de nuestro territorio por fuerzas militares, esta vez para protegernos de los crímenes de lesa humanidad que comete el gobierno de Nicolás Maduro. El informe está siendo utilizado para crear una expectativa nacional de resolución cercana de la crisis que nos agobia, pero además como soporte básico de la exigencia “humanitaria” internacional. Se reinicia un ciclo similar al iniciado en enero de 2016 y profundizado en enero de 2019, después de la auto juramentación del interino ilegítimo.
Y hago un alto en la secuencia narrativa para aclarar, pues existen cerebros muy complicados que requieren que les aclaren lo que está más que claro, que mi preocupación no es el gobierno de Maduro ni ninguno de quienes dirigen en este momento el Estado venezolano, sino el destino de la República Bolivariana de Venezuela y los graves peligros adicionales que se ciernen sobre la nación venezolana. Trabajo desde hace mucho más de 10 años para salir de este gobierno y reemplazarlo electoralmente por un gobierno verdaderamente democrático, plural, nacional, pacífico y soberano, lo que descarta totalmente a quienes han jugado a la intervención extranjera de nuestro territorio o han incurrido, como el régimen, en graves violaciones de DDHH.
La “ayuda humanitaria” ha sido siempre acariciada como excusa para la agresión armada de nuestro país. Al igual que en su momento se denunció que aquélla “ayuda”, que se quería hacer entrar por la fuerza desde Colombia, no era ninguna ayuda ni mucho menos humanitaria, hoy se denuncia que se utiliza perversamente el informe señalado no para defender los DDHH ni para proteger a los venezolanos de sus siniestras violaciones, sino para alentar el uso de fuerzas militares extranjeras, con el único propósito de tumbar a Nicolás Maduro y colocar en su lugar a un títere de los intereses estadounidenses en la región. Y no me importa coincidir en este señalamiento con el discurso del gobierno, aunque esta coincidencia en absoluto significa que me desentienda o minimice las violaciones de DDHH que todos sabemos ocurren en el país.
La responsabilidad (R) de la comunidad internacional de proteger (P) a las personas frente a crímenes como el genocidio, la limpieza étnica, delitos de guerra y de lesa humanidad, que se conoce como doctrina R2P, ha sido recientemente aducida por Guaidó como forma de intervención armada extranjera en Venezuela y derrocamiento de Maduro. La petición tiene además un objetivo nacional demagógico de recuperación política del desacreditado personaje, presentando una opción similar a otras propuestas que ha llevado adelante en estos dos últimos años de fracasos. La aplicación inmediata de la doctrina es imposible, pues el procedimiento a seguir es largo y complejo, aparte que la intervención armada es la última opción y requiere de la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, pudiera ser utilizada por el “gendarme” del mundo como elemento legitimador de una intervención unilateral.
No hay ningún cambio en la política del extremismo opositor. No hay ningún tipo de rectificación. Intentaron la aplicación maniquea del TIAR, para que varios de nuestros vecinos nos invadieran, y no pudieron a pesar de tener a una OEA muy complaciente junto a su Secretario General. Han presentado a Venezuela como el país más importante del narcotráfico internacional, aunque no aparezca en los informes de las agencias internacionales dedicadas al tema. Intentaron muchas otras locuras: golpes de Estado, guarimbas, atentados diversos, incursiones armadas de mercenarios, ataques con drones, abstenciones electorales… Fracaso total. Y hoy vuelven a reivindicar su carácter lacayo y aventurero con la propuesta de la aplicación de la doctrina R2P.
