La sede de Citgo Petroleum Corporation en Houston, Texas, EEUU, foto tomada el 19 de febrero de 2019. REUTERS / Loren Elliottt
La presidenta de Citgo Petroleum Corp, Luisa Palacios, dimitirá como presidenta de la junta directiva del octavo refinador de petróleo más grande de Estados Unidos el 30 de octubre, según un comunicado en su sitio web.
Palacios, quien se unió a la compañía en febrero de 2019 cuando fue nombrada en una junta directiva independiente de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, permanecerá como miembro de la junta directiva, según el comunicado. La funcionaria no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios.
Citgo no dijo quién reemplazaría a Palacios como presidente y una portavoz no respondió a las solicitudes de comentarios. La compañía nombró en julio al presidente ejecutivo Carlos Jorda y a dos ejecutivos externos para su directorio.
La refinería con sede en Houston, en Estados Unidos, es propiedad de Venezuela, pero no es manejada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien sí mantiene el control interno de PDVSA.
La salida de Palacios se produce cuando otros funcionarios cercanos con el jefe del Congreso, Juan Guaidó, dejaron sus cargos. Luis Pacheco, presidente de la junta administradora de PDVSA, y José Ignacio Hernández, el representante legal de la oposición venezolana en el extranjero, renunciaron más temprano este año.
“Ha sido un verdadero honor liderar las entidades de CITGO durante estos 20 meses”, dijo Palacios en un comunicado.
Según el comunicado, el directorio de Citgo logró bajo la conducción de Palacios, “avances significativos” en sus objetivos iniciales de mejorar el gobierno corporativo, la gestión de la empresa, recuperar la estabilidad operativa y financiera, y ayudar a la compañía a enfrentar una serie de desafíos legales.
La opositora Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por Guaidó, un cuerpo cuya vigencia expira en enero, nombró a Palacios, Pacheco y Hernández el año pasado. El opositor creó juntas administradoras en empresas estatales como parte de una estrategia de protección de activos de Venezuela en el extranjero.
Reuters
