El año próximo deberían celebrarse elecciones para presidente en Nicaragua, y para integrar una nueva Asamblea Nacional. La buena fe del régimen, si la tuviera, debería estarse demostrando desde ahora, ya a contrarreloj, en busca de crear garantías democráticas suficientes que permitan a los ciudadanos elegir de verdad. Integrar una autoridad electoral independiente e introducir reformas profundas a las leyes electorales que aseguren que los votos serán contados sin trampas, y que todo el proceso estará sometido a la observación internacional. Sería la única manera de superar pacíficamente la crisis política, social y económica que agobia al país.
Pero está ocurriendo todo lo contrario. No sólo la voluntad para garantizar unas elecciones libres está lejos de manifestarse, sino que el régimen ha tomado la iniciativa de apretar las tuercas antidemocráticas a través de dos medidas legislativas que están ya en marcha: restablecer la cadena perpetua como castigo a los delitos de odio, con la intención de castigar a los adversarios; y perseguir a esos mismos adversarios estigmatizándolos como agentes extranjeros.
No se trata, en el primer caso, de castigar el odio racial, o el odio contra las minorías, sino a quienes adversan al régimen. Esto quedó claro en un discurso de Daniel Ortega el pasado 15 de septiembre, día de la independencia, al referirse a su propuesta de cárcel de por vida: “Ellos quieren ya seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas, provocar destrucción, más destrucción de la que provocaron en abril de 2018… no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo”. Estos serán, pues, quienes irán a prisión perpetua, condenados por delitos de odio.
La otra medida es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, presentada a la Asamblea Nacional por el propio partido oficial, la cual obligará a registrarse como tal a todo aquel que “se desempeñe o trabaje como agente, representante, empleado o servidor… o bajo orden… supervisión o control de un organismo extranjero… o cuyas actividades sean directa o indirectamente supervisadas, dirigidas, controladas, financiadas o subsidiada en su totalidad o en parte por gobiernos, capital, empresas o fondos extranjeros…”.
Todos estos ciudadanos pasan a formar una clase aparte de parias antipatrióticos, porque se presume que al recibir fondos provenientes del extranjero cometen acciones contra la seguridad del Estado, ya sea para financiar un seminario de formación democrática, promover los derechos humanos, o proveer mascarillas preventivas contra la pandemia, y que por eso mismo deben ser puestos bajo vigilancia y control profiláctico, y obligados a registrarse en una lista negra.
“Consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos” quedarán obligados a inscribirse, y a proporcionar el nombre de “los gobiernos extranjeros, partidos políticos extranjeros, empresas y otras personas físicas o jurídicas que financien, proporcionen fondos o de cualquier manera faciliten medios económicos y materiales o de cualquier otro tipo”. Si alguien se niega, el Estado quedará autorizado “a intervenir los fondos y bienes muebles e inmuebles de la persona”. Pena de confiscación.
Y una vez registrados, “deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna”, y les queda prohibido “financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o a asociaciones”. Y tampoco pueden ser, en adelante, “funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza”, aún hasta un año después de ser retirado del “registro de agentes extranjeros”. La muerte civil.
Llamar a todas estas personas “agentes extranjeros” es un eufemismo. El régimen, bajo los términos de esa ley, los considera agentes al servicio del enemigo. Gobiernos que busquen establecer programas de cooperación con entidades privadas; organismos financieros internacionales que procuren hacer desembolsos a organismos no gubernamentales; agencias de cooperación internacional, todos se hallan en el campo enemigo, y deben registrar a sus agentes.
En Rusia se llama igual, ley de agentes extranjeros, votada por el parlamento fiel a Putin en julio de 2012, la que obliga a todas las ONG a registrarse bajo apercibimientos muy similares a los que contiene la ley propuesta en Nicaragua. Una ley contra la que el Parlamento Europeo emitió una resolución de condena en diciembre de 2019, por violatoria de Declaración Universal de Derechos Humanos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La ley de agentes extranjeros que va a aprobarse en Nicaragua no sólo viola las convenciones internacionales de derechos humanos, sino también la propia Constitución, pues pasa por encima de las garantías y derechos ciudadanos de manera flagrante. Es una obsolescencia, que trata de afianzar un modelo totalitario, igual que la cadena perpetua es otra obsolescencia, piezas de un museo ideológico.
O peor que eso. Piezas para armar la fantasía de un poder para siempre que más imposible se vuelve mientras más se cierra sobre sí mismo, y enlista a quienes se le oponen como enemigos a muerte, condenados a cada perpetua, o al estigma excluyente de agentes del enemigo.
Escritor y Premio Cervantes 2017.
