Los constitucionalistas genios de Venezuela, todos seguidores y asesores de la inexistente Asamblea Nacional (AN), ya han producido su nuevo adefesio, que se suma a sus anteriores producciones académicas de 2002, 2016, 2017 y 2019. Hablamos de la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional más allá de la fecha constitucional de su finalización, la cual además será sometida a “consulta popular”, lo que le agregaría cierto carácter refrendario. Se trata de una parodia de consulta, muy similar a la del 16 de julio de 2017, en la que participarán solamente los seguidores de esta fantasía, quienes además serán totalmente inmune al contagio del coronavirus y no precisamente porque hubieran sido vacunados.
Los organizadores del evento, que son los mismos que piden la suspensión de las elecciones de la AN, pues el acto de votaciones será un evento propicio para el contagio masivo de los votantes, al parecer consiguieron la fórmula mágica para que sus consultados, que serán todos seguidores fanatizados de las fantasías de Guaidó-López-Borges-María Corina, no se contagien, aunque la pandemia esté en su momento más expansivo y peligroso según sus propias advertencias. Ninguno de los venezolanos que asista a esta extraña consulta correrá ningún peligro, gracias no sabemos a quién ni a qué, pues ambas informaciones se mantienen en el más estricto secreto.
En cambio, quienes osen votar el 6 de diciembre sí correrán un gravísimo peligro de contagiarse en la peor forma conocida y de sufrir una penosa enfermedad. Pero dejemos ahora estas consideraciones sobrenaturales y volvamos a las luminarias que produjeron toda la jurisprudencia golpista de 2002, incluyendo el cuento aquél de que no hubo un golpe de Estado sino un vacío de poder, que algunos irredentos sostienen todavía. El Decreto de Carmona y sus decisiones democráticas, leídas por un energúmeno cuya expresión facial denotaba un sádico disfrute cada vez más intenso, en la medida en que iba destituyendo a un mayor número de funcionarios electos: nacionales, regionales y locales. El “lock out” y sabotaje petrolero, disfrazado de huelga de trabajadores de PDVSA, están también entre sus “asesorías” suicidas.
Son de estos jurisconsultos las acciones iniciales tomadas por la AN, una vez instalada bajo la presidencia de Ramos Allup: los seis meses de plazo para sacar al Presidente, la nacionalidad colombiana de Maduro, su destitución y la acusación por abandono de cargo. Siempre nos preguntamos cómo abandonaba su cargo alguien que había sido destituido. El plebiscito del 16J, el interinato de Guaidó más allá de los 30 días establecidos en la Constitución, la división de la AN en enero, para tener a un grupo de diputados convertidos en AN, luego de perdida la mayoría de ésta al dividirse los diputados de PJ y VP. Pero la obra máxima es la que pretenden llevar adelante en este momento. Prorrogar el funcionamiento de esa inexistente AN más allá del 5 de enero 2021.
Les permitiría mantener viva la posibilidad de la intervención militar extranjera, de carácter humanitario, para protegernos de los crímenes de lesa humanidad de Maduro (R2P), o de cualquier otro carácter que los lleve a ser impuestos mediante la acción de ejércitos vecinos. Les permitiría mantener el control de los activos venezolanos en el exterior y de los fondos congelados en distintos países, que seguirían siendo manejados sin limitaciones y sin supervisión ni control ninguno. Seguirían administrando a discreción la ayuda humanitaria otorgada por distintos países. Pero, lo más importante, seguirían estando en el escenario político de manera privilegiada, listos para participar cuando lo crean propicio en cualquier acuerdo que se dé. De hecho, están en el CNE. Tienen a un rector principal, coyunturalmente separado de ellos, pero que puede perfectamente volver a ser parte del tronco original.
