Chávez debe estarse retorciendo en donde esté; la revolución de un día a otro ha pasado de socialismo radical a capitalismo entreguista.
Apoyados en supuestos efectos de las sanciones sobre la economía criolla, desde el gobierno proponen una ley antibloqueo. En muy corto plazo, la postulación de dicha ley ha causado un monumental rechazo desde diversas tribunas, sugiriendo que en Venezuela esta realmente despertando el verdadero patriotismo.
Una ley “gatopardiana”, inconveniente e innecesaria. Una ley entreguista que además adolece del detalle de abordaje y mecanismos de control, para proteger la integridad de nuestros recursos e industrias de la depredación y corrupción interna. Que abre la vía para la penetración descontrolada de capitales de origen entredicho, que bien podría facilitar a grupos de poder engendrado al resguardo de la corrupción y el crimen, hacerse de nuestros recursos, bienes e industrias.
El país debe estar claro que el bienestar de Venezuela no depende de la permanencia en el poder de ningún partido político. El bienestar del país solo depende de la solidez y respeto hacia nuestras leyes, de nuestra soberanía e integridad de nuestras instituciones.
Venezuela ha estado en manos de verdaderas mafias políticas, militares y civiles que han saqueado el bolsillo e imponen verdaderos peajes al pueblo más necesitado, impidiendo el acceso a salud, bienes, servicios y disfrute. Muchas de esas mafias políticas, civiles y militares hoy poseen inmensas e incalculables riquezas, capaces de tornar a muchos de ellos dueños de esas empresas, bienes y recursos que hoy con la ley antibloqueo pretenden facilitar.
La excusa:
Las sanciones son sin duda parte del problema, pero de ninguna manera son responsables de la totalidad de la debacle que ha destruido a Venezuela. Prueba de ello es la dilapidación de más de $1.500.000.000 de millones recibidos y equivalentes a más de 11 planes Marshall a valor real, solo por concepto de ingresos petroleros a lo largo de 21 años, sin incluir los cuantiosos ingresos por concepto de ventas de oro, coltan, diamantes y otros elementos estratégicos que han salido sin control desde sus entrañas.
Aflora desde la pésima percepción-país como un engendro de incompetencia y corrupción. Para 2018 aun cuando Venezuela producía sobre 1.500.000 BPD con un barril sobre $52, de las 11 provincias mundiales con mayor volumen de reservas de hidrocarburos, nuestro país era el menos atractivo a nivel global [https://www.fraserinstitute.org/studies/global-petroleum-survey-2018] para las inversiones. Hoy un gobierno asfixiado por sanciones, con un país dominado por la anarquía, donde prácticamente nadie se apega a las leyes, con una industria petrolera destruida, en manos incapaces, pésimamente manejada y plagada de corrupción, el gobierno se lanza a la aventura de pretender captar capitales sin percatarse, que no es cuestión de capital solamente, sino de un sistema que hay que resetear totalmente. Que hay que darle un giro de 180 grados.
Pretenden presentar las sanciones como la única culpable de una rapaz y continua destrucción-país, que en realidad lleva varios lustros en desarrollo, mientras que las sanciones se integraron con posterioridad a partir de 2011-12, en un proceso que en realidad se arrecia contra PDVSA desde 2019.
Muy probablemente, esta ley surge de la necesidad real de honrar compromisos pre-contraídos por el gobierno de espaldas al país y de espalda a las leyes vigentes. Compromisos que solo estarían a la espera de las elecciones parlamentarias y de la aprobación de leyes como la ley antibloqueo para naturalizarse. Muchos por ejemplo piensan que ella en Venezuela Rosneft cerró operaciones y desapareció del país, cuando en realidad todo su personal estratégico permanece intacto “in situ”.
La verdadera necesidad:
Al ciudadano lo que interesa es que Venezuela retorne a la normalidad y el progreso lo antes posible. Salir de esa catástrofe en la que se encuentra sumergida. Parte de esa solución quizá sea más simple de lo que aparenta.
Recordemos que en tiempos de la nefasta apertura petrolera, se presentó ante el congreso una ley antinacional tejida finamente para asaltar al país, cuando en realidad lo que se necesitaba era simplemente modificar la cuestión impositiva. Esos nefastos convenios operativos terminaron por recalentar las finanzas de PDVSA, donde los costos de dichas operadoras llegaron a ser para entonces (1992-1998) sobre $18.1 (RT: 1996) por barril, mientras PDVSA producía tradicionalmente a un promedio de $4.5 pb (RT: 1996), reduciendo criminalmente la participación fiscal y llevando la pobreza extrema a cifras cercanas al 50% mientras se reciclaban impunemente nuestras divisas de vuelta al exterior.
La situación que atraviesa Venezuela amerita algo más que una política tributaria-fiscal, pero sin duda alguna dicho eslabón, aparte de la necesidad de un cambio político y social profundo, constituye elemento fundamental en la solución definitiva.
Reconociendo que algunos han ido relegándose por “falta de adaptabilidad” al cambio impuesto por los efectos de la pandemia, hay que aceptar que en realidad el mundo está plagado de países con elevada conflictividad interna y elevado nivel de inversiones; caso Irak, Nigeria, Mozambique, Libia, Myanmar, etc. De manera que aunque limitante, no es del todo determinante la atmosfera política y social, tanto como lo es la claridad en las “reglas de juego” desde el punto de vista de las inversiones. Es allí donde verdaderamente falla Venezuela.
Al inversionista en esencia le importa un bledo el progreso de país donde va a invertir; esa es la responsabilidad de sus propios líderes asegurarla, resguardarla y garantizarla, como lo es la de sus ciudadanos reclamarla y exigirla.
En la búsqueda de esa apertura al capital que pretende el gobierno lograr con una improcedente e innecesaria ley, el verdadero “cuello de botella” es y ha sido siempre buscar la solución manteniendo a Venezuela como un ente aislado y divorciado del concierto internacional. Particularmente de la integración de nuestras potencialidades al orden global, teniendo por delante la complementariedad de intereses.
En el entorno político, geopolítico y financiero actual, no es suficiente con mirar lo que esta sucediendo dentro del país, sino buscar la solución dentro de un contexto más amplio. Se deben buscar oportunidades para mejorar el “clima” de inversión, manteniendo presente desde nuestra perspectiva e intereses propios como expresamos en artículo previo [https://www.aporrea.org/energia/a295517.html], que el actual no es el mejor ambiente para privatizar, sino para poner las manos a precio de remate sobre unos bienes en esencia mil millonarios, con un inmenso potencial. Ese es el riesgo de la ley antibloqueo.
Hoy es el mercado del comprador y manda el que tenga el capital. Al gobierno se le ocurre proponer privatizar en el peor momento posible, cuando la economía global en el mejor de los casos, decrecerá sustancialmente y el consumo cederá en cerca de 10 MMBD respecto a cifras de comienzo de año. Cuando la situación tiende a radicalizarse con una 3er ola de COVID-19 para EEUU y una 2da ola para la UE y donde de llegarse a dar estas condiciones, la caída en las economías podría superar no el 7%, sino hasta un 10%.
Lo que queda de 2020 y parte de H1’2021 será testigo de despidos masivos, quiebra de multinacionales y hambruna severa. La onda expansiva impactará severamente la industria petrolera, castigada con un barril drásticamente deprimido que quizá pudiese ceder hacia el entorno de los $20. Ello lleva consigo implicaciones drásticas sobre distintas economías petroleras de elevado barril fiscal; Nigeria, Saudí Arabia, Angola, UAE, Argelia, Gabon, Ghana, Rusia y Venezuela, entre otras. La crisis en dichos países se agudiza de forma inversamente proporcional al nivel de diversificación de sus economías.
Venezuela, tal y como el resto de los países con elevado barril fiscal y bajo nivel de diversificación, es una de esas economías expuestas a sufrir castigo severo, drástica devaluación, escasez y más pobreza.
La oportunidad:
La crisis actual ha causado la desaparición de proyectos de inversión en la industria petrolera a nivel global, en cifras verdaderamente astronómicas que apunta a una inminente desaparición gradual pero sustancial de oferta en el mediano plazo [https://maritime-executive.com/article/oil-majors-announce-deep-opex-cuts-due-to-oil-price-collapse].
Abrirse a la privatización en un momento como el actual no es lo aconsejable. Lo necesario es crear el sustrato para atraer inversiones sin privatizar, por aquello del valor de oportunidad, apoyándose en nuestros bajos costos de producción y relativamente bajo riesgo operacional, en comparación con productores vecinos y no tan vecinos. Para ello no hace falta modificar la constitución, ni promulgar ninguna ley antibloqueo.
Por desgracia, el bajo riesgo operacional y bajo costo de producción se contrapone y atenúa por el elevado riesgo político, la inconveniente política fiscal y sobretodo, la menguada credibilidad legal e institucional del sistema.
Yendo al detalle, la política fiscal y su impacto en la captación de inversiones hacia aquellos activos que como la FPO, Costa Afuera y campos marginales es necesario monetizar cuanto antes, es anacrónica, ilusa e inconveniente. Es preciso recordar que cuando ramírez propuso en 2006 el plan Plena Soberanía Petrolera, las empresas mixtas y el cambio de política fiscal; el momento era otro. PDVSA producía 3.250.000 BPD, los ingresos brutos superaban $99.250 millones, no existía una pandemia global, el barril superaba $55, el nivel de demanda pronosticaba un crecimiento de 1.4 MMBD hacia 84.6 MMBD, mientras que la economía global pronostico 06’2006 indicaba crecimiento a un ritmo del 4.7%, mientras hoy visualiza una caída del 7% @ 10%.
Esa política fiscal (distribución de intereses, CAPEX, regalía e impuestos) contenida en el contrato de conversión del plan Soberanía Petrolera es hoy extemporánea, inconveniente y precisa de un cambio urgente, ya que las condiciones del mundo en 2006 y las de 2020 son al extremo divergentes. En el caso de Guyana por ejemplo, el intereses real del estado apenas totaliza entre 12.5% @ 13.5% en un activo donde el costo de equilibrio varia desde $35 en el caso de activo Liza, a $25 en el campo Payara y donde Exxon expone en ambos casos la totalidad del capital. En el caso de Brasil los costos de producción promedian $48+ pb y en colombia $35+ pb.
Conociendo de primera mano que el potencial de producción cautivo de nuestra industria es elevado y que la estructura de costos de producción de una PDVSA bien manejada no debería en todo caso exceder los $8 @ $10 por barril, nuestra política fiscal en el caso de los activos más costosos con total seguridad podría ser aun más ventajosa, competitiva y con suficiente holgura para negociar, en comparación con dichos competidores cercanos e incluso más allá en Canadá, EEUU, México, África y Mar del Norte, entre otros.
Pero en el caso específico de esos activos que urge monetizar como la FPO, Costa Afuera y campos marginales, el gobierno no puede seguir pensado en renta, sino en ganancia junto a esos futuros socios. Ganancias progresivas; no regresivas, en donde el gobierno percibe mayores ganancias en la misma medida en que el negocio mejora y en la misma medida en la que la productividad, eficiencia y rentabilidad aumentan.
La política tributaria debe estar atada a la rentabilidad del proyecto, no al precio del barril. Las políticas fiscales deben garantizar la estabilidad y sustentabilidad del proyecto. No tienen porque ser rígidas. La carga tributaria podría ser mayor mientras el proyecto en cuestión esté en modo de crecimiento y aceleración, mientras menor entrada en la etapa de desaceleración y abandono. Pero el inversionista debe saber a que atenerse en el corto, mediano y sobretodo largo plazo.
El verdadero riesgo que enfrenta Venezuela es desde adentro. Es desde PDVSA, del MENPET, donde escasean individuos que conozcan a profundidad el negocio, que sepan negociar y que aseguren la mayor suma de valor para el país. Ese es el cambio que requiere el país. Dejar a un lado el divisionismo, buscar el talento donde esté; sin complejos retrógrados y pensando en Venezuela como un solo país.
Asesor Petróleo y Gas “Upstream” & RE SME/Estudios de Especialización a nivel de doctorado en flujo de fluido en medios porosos – The University of Oklahoma, 1991 / Master of Science Petroleum Engineering – The University of Oklahoma, 1990 / Ingeniero de Petróleo Universidad de Oriente, 1979. Ha publicado y presentado en diversas revistas y conferencias internacionales más de 12 trabajos especializados en materia de Petróleo y Gas. Ha escrito más de 300 artículos de opinión y sido citado en materia de petróleo y gas en: spglobal.com, aporrea.org, NoticiasVenezuela.org, Plattsblog, Oilpro.com, las armas de coronel, Vanguardia de España, segurosybanca.com, The Slush Pit (Oklahoma Oil & Gas News), Energy Economist, Kaieteur-news & Stabroeknews Guyana, Sputnik-news y Los Ángeles Times.
@EinsteinMillan
