Cobran alquileres de hasta 30 dólares por los espacio invadiados
El coordinador del Frente del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas explicó que las invasiones a edificaciones de Caracas se han convertido en un negocio para colectivos armados, quienes cobran hasta $30 mensuales a los invasores. Detalló su modus operandi y denunció que en lo que va de año han registrado al menos 40 intentos de invasión en el municipio Libertador.
En entrevista concedida a ND, Rojas reprochó que los colectivos cuentan con el apoyo de dirigentes políticos de la Administración de Maduro y actúan bajo la mirada cómplice de la alcaldesa Erika Farías.
«En lo que va de cuarentena, hemos recibido denuncias de 32 intentos de invasión en el municipio Libertador y en lo que va de año llegan a 40 las edificaciones invadidas. Durante la cuarentena ha habido un aumento de las invasiones, y no solo de apartamentos sino de industrias y comercios», expresó. «Lo peor de todo es que no hay a donde ir porque en el MP no te escuchan y menos en el Cicpc», aseveró.
Según contó tuvo una conversación con el asistente del director del Cicpc y este le manifestó que «por órdenes de arriba, la policía no se puede meter en el tema de las invasiones». Fustigó que ante esta realidad, los propietarios no tienen a donde ir y solo les queda la organización popular y la unión para enfrentar estos atropellos.
«Estos colectivos tienen el apoyo del Gobierno, de concejales, existe una complicidad directa de Érika Farías. Tenemos pruebas de que concejales han estado involucrados en la invasión del hotel Center Salas, es una situación sumamente grave. Podemos decir que las invasiones se han convertido en un negocio, no es un tema de vivienda. Después de que llegan e invaden, los colectivos meten unas personas y le cobran en dólares, en Center Salas cobran hasta 25 y 30 dólares por estar alquilados en las habitaciones y todo ese dinero lo reciben los colectivos», enfatizó.
La PNB actúa cuando es un colectivo de «poca monta»
Rojas refirió a un episodio de violencia que se suscitó cuando un grupo de invasores arremetió contra los propietarios de un apartamento ubicado en la avenida Fuerzas Armadas, específicamente, en el edficio Cori, ubicado en la esquina de Crucecitas. «Estos invasores usan la ley de arrendamiento como excusa y precisaron uno de los pocos apartamentos que quedan vacíos porque los inquilinos se fueron del país hace unos años. Cuando los propietarios llegaron a principios de septiembre a recuperar el apartamento, miembros del Sunavi, colectivos y la PNB forzaron las cerraduras que habían colocado los dueños e ingresaron al apartamento».
«Se vivió un hecho de violencia, porque los invasores le dieron una patada a uno de los propietarios. Todo esto es dantesco porque están violando la ley y son los malandros quienes se adueñan del apartamento, porque están acompañados de colectivos armados, de la PNB y de la violencia», fustigó.
Destacó que en este caso los propietarios se quedaron fuera del apartamento, pero en otras oportunidades la PNB ha actuado y ha efectuado desalojos debido a la presión de la comunidad.
«Ellos invaden sin pudor y la PNB actúa solo cuando los colectivos son de poca monta. Nos hemos dado cuenta de que cuando la invasión la realiza un colectivo muy asociado a algún enchufado o alto personero de la dictadura todo se queda allí. Pero se han obtenido victorias, ya que los vecinos se convierten en el muro de contención para estas injusticias», dijo.
Sin embargo, refirió al caso del edificio Sociedad, donde funciona el Centro Contable y contó que al menos 45 colectivos armados entraron por la fuerza al inmueble el domingo pasado en la madrugada.
“Entraron a la edificación, rompieron la puerta, el mobiliario y los vecinos llamaron a la PNB para que desalojará a los colectivos. Pero, desde ese día en la madrugada los propietarios no pueden acceder al inmueble porque la policía no los deja entrar, incluso llegando con los papeles en mano. Lo más grave que puede ocurrir es lo que pasó en el edificio Padrón, donde es la misma Alcaldía la que impide entrar al inmueble a los propietarios».
Rojas recordó que denunció en 2019 que fueron los mismos integrantes del Psuv los que realizaron un censo para determinar cuáles eran las viviendas que están solas en Caracas.
«Del 20% al 25% de los apartamentos de Caracas se encuentran vacíos o al cuidado de conocidos. A través del Censo de Vivienda, tienen una base de datos y eso les ha servido para ejecutar las invasiones. Nosotros denunciamos que poner a colectivos, a miembros de comunas y del Psuv a hacer este tipo de actividades es poner a zamuro a cuidar carne. Es el propio invasor el que hace el escrutinio», reprochó.
La invasión es ilegal y es un delito
El abogado y profesor de la UCV y Unimet Gustavo Manzo Ugase explicó a ND, que la Constitución establece que la invasión es un delito y destacó que no hay ninguna norma que justifique las invasiones.
«No hay ninguna norma que permita la invasión de terrenos, apartamentos ni ningún espacio. Formalmente no existe una ley que autorice una cosa como esta. La Constitución establece en su artículo 115 que se garantiza el derecho a la propiedad con todos los aspectos: goce, disfrute y disposición de la propiedad», detalló.
Sin embargo, Manzo Ugas precisó que hay restricciones de naturaleza social que condicionan este tema.
«Cuando existen motivos de utilidad pública o interés social, y con el pago de una indemnización justa que también lo establece la misma Constitución y un procedimiento legal previo es posible la expropiación, esto es lo que establece la Constitución. Si tienes un inmueble nadie puede invadirlo, nadie está autorizado, lo que puede pasar es que si el Estado lo requiere para una causa de utilidad pública, porque va a pasar una carretera o una calle, puede expropiarse la vivienda», señaló.
Asimismo, refirió al tema del desalojo y expresó que esto ha complicado mucho más las cosas.
«Lo que está prohibido en la ley es el desalojo, esto ha colocado elementos más gravosos porque se ha dificultado el ejercicio del derecho en este término. Se han colocado mayores obstáculos legales, porque se colocó un procedimiento administrativo previo a la posibilidad judicial del desalojo y esto hace más engorroso lo que que significa el desalojo de una persona de un inmueble», concluyó.
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