En mi artículo anterior, sobre este mismo tema, expuse los últimos hechos que han contribuido a incrementar el rechazo y pérdida de autoridad moral al régimen dictatorial de Nicolás Maduro tanto nacional como internacionalmente. Durante la presente semana esta realidad fue corroborada en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, con la aprobación de una resolución que renueva, por dos años más, el mandato de la Misión Internacional Independiente para la Verificación de Hechos en Venezuela, cuyo informe recibió el total respaldo de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para Derechos Humanos de esa Organización. Cabe destacar que horas antes de que se aprobara esta medida, la representación del régimen madurista, en alianza con la de Irán, presentó ante dicho Consejo un proyecto de resolución mediante el cual “se ratifica que en Venezuela se garantiza el respeto de los derechos humanos”. Dicho proyecto fue aprobado solo por 14 países de los 47 que integran el Consejo, rechazado por 7, entre ellos Perú, Brasil, Chile y Uruguay, con 26 abstenciones.
En el debate tuvo particular relevancia la intervención del representante del Perú, quien refiriéndose a la presentación del rechazado proyecto, expresó: “Nos preocupa que esta iniciativa pretenda evitar el nivel de escrutinio que requiere la grave situación de Venezuela, ya que no ha habido suficientes cambios en los patrones utilizados en las violaciones de derechos humanos y que, incluso, la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) sigue operando, pese a que la Alta Comisionada Michelle Bachelet le recomendó al señor Nicolás Maduro disolverla”. También señaló que: “En Venezuela continúa una grave persecución y un creciente hostigamiento contra la Asamblea Nacional, periodistas, y defensores de derechos humanos. Nuestros países lamentan la falta de una cooperación estrecha de las autoridades venezolanas con el sistema de derechos humanos. Este proyecto de resolución no aborda la gravedad de las violaciones de derechos humanos ni la crisis humanitaria existente en Venezuela documentadas con absoluta claridad tanto por Michelle Bachelet, Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas como por la Misión Internacional de Determinación de Hechos en Venezuela”.
El esfuerzo del régimen de Nicolás Maduro fracasó totalmente y la resolución, mediante la cual se renueva por dos años el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, fue aprobada. En esta oportunidad, la votación fue muy importante: 22 países votaron a favor: Argentina, Australia, Austria, Alemania, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, Corea del Sur, Dinamarca, España, Eslovaquia, Fiyi, Italia, Islas Marshall, Japón, Países Bajos, Perú, Polonia, República Checa, Ucrania y Uruguay. Sólo tres países votaron en contra: Eritrea, Filipinas y Venezuela, cuyos gobiernos presentan un deplorable record de violación a los derechos humanos. Es importante resaltar la nueva posición de los gobiernos de Argentina y España, cercanos ideológicamente al régimen madurista, al votar a favor de la extensión del mandato de la mencionada Misión. En la votación hubo 22 abstenciones. Sin embargo, la abstención de México reviste gran importancia ya que, históricamente, ha votado en contra de cualquier acción de este tipo, por considerar que puede comprometer el principio de la soberanía del Estado. Cabe destacar además el insignificante número de votos en contra de la Resolución y la naturaleza de los gobiernos que lo hicieron.
Ante la innegable y catastrófica realidad existente en Venezuela y la negativa del régimen madurista de acatar las recomendaciones relacionadas con el respeto a los derechos humanos de su población, tarde o temprano, se requerirá del auxilio de la Comunidad Internacional para modificar esa situación. En ese sentido, es de interés conocer el significado y diferencia entre dos conceptos relacionados con la defensa de esos derechos. Se trata de la “Intervención Humanitaria” y la “Acción Humanitaria”. El primero se define como: “acciones emprendidas por la comunidad internacional en el territorio de un determinado Estado con el fin de proteger y defender a la población de violaciones graves y masivas de los derechos humanos fundamentales, y de garantizar la asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados cuando el gobierno soberano impide su paso”. En este caso, la acción se realiza sin el consentimiento del Estado receptor. La Acción Humanitaria, en cambio, se realiza con autorización del Estado receptor. Algunos autores consideran que la Intervención Humanitaria abarca acciones políticas, diplomáticas y militares, por lo que otros creen que se debería llamar Intervención Militar Humanitaria.
En la post-Guerra Fría, después de 1990, se han producido numerosas Intervenciones Humanitarias, debido al incremento de situaciones internacionales complejas, caracterizadas por violaciones masivas de los derechos humanos en contextos de guerra civil y debilitamiento del Estado. Este crecimiento guarda relación con una creciente relativización del principio de la soberanía, sobre todo en lo referente a la protección de los derechos humanos fundamentales. Por ello, a finales de la década de los ochenta se empezó a aplicar la expresión “deber de injerencia” por un grupo de autores que mantenían la necesidad de revisar el Derecho Internacional, a fin de no confiar solamente al Estado soberano en su territorio la competencia para el suministro de la ayuda humanitaria y el acceso a los heridos. Ahora bien, la expresión implicaba por encima de todo un comportamiento ético, pero no jurídico. De allí la delicada situación el gobierno de Nicolás Maduro ante la total pérdida de autoridad moral en Venezuela y el Mundo y su contumacia en la violación de los derechos humanos. Esa criminal conducta y su empecinada negativa a modificarla, podría traer como consecuencia una Intervención Humanitaria. De ocurrir, Nicolás Maduro sería el único responsable ante la historia.
Nota: le agradezco infinitamente al pueblo colombiano y a su gobierno la permanente solidaridad mostrada a los venezolanos que han tenido que abandonar nuestra Patria como consecuencia a la dictadura madurista.
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