La Consulta Popular, convocada por Juan Guaidó en el marco del llamado Pacto Unitario de la oposición, es la mejor respuesta que la República civil le puede ofrecer al oficialismo a ese evento truculento; que vendría a ser el proceso electoral, convocado para el 6 de diciembre; aparte de que constituye una prueba, para esa oposición exigente; cuestionadora, y allí entra hasta la Conferencia Episcopal, que demanda el hecho de que, si no se va a participar de dicho proceso; entonces hay que llevar a cabo una acción política, para no pecar de apático e indiferente ante las salidas constitucionales, que se plantean en nuestra tradición republicana; constituye una prueba, decía, de que sí se tienen jugadas certeras, en ese sentido; pues, visto desde la óptica de Nicolás Maduro, se trata de un adefesio de Guaidó, que no es vinculante por ninguna parte, y a cuyos resultados su régimen no pasaría de hacerle una trompetilla; en el fondo, se trata de un pronunciamiento político; tanto más, si atiende al llamado la ciudadanía en forma masiva.
Porque ese es el otro reto, que tiene esta propuesta; su parte de riesgo: ¿acaso el ciudadano venezolano está dispuesto a participar de una consulta electoral en las presentes circunstancias? Claro, aquí habría, como ocurrió con la jornada del 16 de julio de 2017, que garantizar la protección del elector; en hechos tales como el quemar de inmediato; una vez obtenidos los escrutinios de los votos, los cuadernos de votación; que no dejaría de ser una prenda importante, para una régimen policial que no tiene paz con la miseria, en materia de pasar factura a cada una de las posiciones políticas, que adoptan los ciudadanos; tanto más que estamos en un país, que registra una nómina de trabajadores de la administración pública de unos dos millones de personas, y que estarían dispuestas a participar en esta Consulta; si tomamos en cuenta, además, que apenas en el país quedan unas dos mil industrias; aparte de que, prácticamente, todo el comercio tiene las santamarías cerradas; en especial, ahora, en tiempos de pandemia; lo que explica la explosión de venezolanos en el exterior: una diáspora de unos cinco millones, y lo que supone, además, que no vamos a tener las cifras de la consulta de julio de 2017; cuando se pronunciaron más de siete millones de ciudadanos; de modo que se trata de un reto, que se ha impuesto la República civil; que demuestra además que se anda lejos de los esquemas de la violencia, que quiere achacarle el régimen a cada una de las acciones de su dirigencia; como alternativa al no participar en ese otro también adefesio de Maduro del 6 de diciembre.
Por supuesto, nunca se había puesto en el panorama político una situación tan dramática; en lo que atañe a nuestro destino; pues si bien es cierto que la vía de la Consulta Popular está llena de incertidumbre; el evento del oficialismo ya hasta tiene todo contado. Ya se sabe quién va a ganar; quién va a obtener su cambur; como se decía antes en el argot de la política venezolana; a ponerlos a ganar dólares, que será lo que perciba esta gente tan pronto se instale esa Asamblea Nacional nacida del voto del 6 de diciembre, y donde se ha visto que todo está calculado, desde el mismo momento en que se comenzaron a intervenir los partidos del Polo Patriótico, es decir, los partidos “amigos del proceso”, y esto en razón de no dejar filtrar a nadie, con aspiraciones a ser diputado, que no esté en la lista que se preparó en el cenáculo de la elite gobernante. Si nos dejamos guiar por una persona; esa lista la presentó Jorge Rodríguez, con ocasión del anuncio de los candidatos, que lleva el PSUV y, por supuesto, los partidos intervenidos del Polo Patriótico.
Incluso, así como más de uno tiene allí su cambur seguro; también pudiéramos hablar de una votación amarrada; que serían los dos millones de empleados públicos, y a quienes se le está chantajeando desde ya, a los fines de que participen a la fuerza. He allí cuando el voto de ser un derecho, como lo contempla la Constitución de 1999, que se puede ejercer o no, ha venido a ser en las presentes circunstancias obligatorio, como lo contemplaba la Constitución de 1961; precisamente, porque estamos ante un régimen que necesita legitimarse por esta vía, y de no darse esta presión, allí nadie votaría. El problema es que esa no sería sino una legitimación mediatizada; puesto que ya hasta la OEA acaba de aprobar una resolución; mediante la cual se le advierte al gobierno que se desconocerán los resultados de esa elección del 6 de diciembre. Por supuesto, ya esta gente que nos gobierna está vacunada contra este mal, si tomamos en cuenta que fabricó un poder Legislativo a su imagen y semejanza, como sería la Asamblea Nacional Constituyente; como lo acaba de demostrar con la Ley
Antibloqueo, que viene de aprobar, y la que le quita de en medio todo nuestro estado de derecho a la camarilla que nos gobierna, para entregar el país al mejor postor, y cuyo espíritu se prolongará ahora a esta AN del 6 de diciembre; como el espíritu de la AN de Juan Guaidó, se prolongará, si tomamos en cuenta que en las presentes circunstancias se plantea la posibilidad de darle continuidad administrativa a partir del próximo 5 de enero, cuando vence su período constitucional.
Así tenemos dos Repúblicas, claramente perfiladas; una, la del poder Ejecutivo, y que carece de legitimidad; partiendo del hecho de que la AN de Guaidó se ocupó de considerarla una usurpación, vista su ilegitimidad de origen; la otra, la del poder Legislativo, y a la que el poder Judicial de la República Bolivariana, se ocupó de considerarla en desacato. La bolivariana está sentada sobre las bayonetas; la civil está sentada sobre la soberanía del pueblo, no sólo porque fue electa con una mayoría absoluta, sino además por la asistencia masiva, que ha tenido el llamado de Guaidó a salir a la calle a manifestar; cuando el momento lo ha requerido.
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