La Ley Antibloqueo sigue generando mucha polémica debido a su falta de transparencia. En el artículo 34 establece: “Se crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y reserva de información para proteger las decisiones tomadas por el Poder Público”. En el artículo 35: “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”. Y en el artículo 36: “Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de las medidas establecidas en esta ley que supongan la desaplicación de normas de rango legal”.
Toda esta opacidad genera dudas, sobre todo porque esta ley busca modificar el marco legal vigente para autorizar una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y otros minerales estratégicos, así como en la gestión de los servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, vialidad, puertos y aeropuertos.
María Alejandra Díaz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ANC, informó que solicitaron el proyecto de la Ley Antibloqueo pero no les permitieron revisarlo antes de su aprobación, razón por la cual salvó su voto. Otro constituyente del PSUV, Telémaco Figueroa, rechazó la reiterada actuación de la junta directiva de la ANC de incorporar temas en la agenda de discusión sin que previamente sean conocidos por los constituyentes. El PCV también alzó su voz crítica y su secretario general, Oscar Figuera, cuestionó: “El contenido de esta ley es entregar el país, estableciendo una censura enmascarada en una supuesta defensa de la soberanía nacional (…) es entregar la industria petrolera al capital transnacional, la devolución de tierras a terratenientes y el regreso de empresas nacionalizadas al sector privado, es la venta de activos y empresas de la República al mejor postor”.
En defensa del interés nacional, vale la pena recordar las lecciones y advertencias que se desprenden de la privatización rusa, luego de la implosión de la URSS. La desestatización de la economía soviética fue una operación bien orquestada. La jugada maestra fue el “Programa de préstamos a cambio de acciones”. El gobierno ruso, en lugar de solicitar al Banco Central los recursos que necesitaba para cubrir el déficit fiscal, se endeudó con los bancos privados amigos del gobierno o propiedad de sus testaferros. Como garantía de los préstamos recibidos, el gobierno les ofreció acciones de las empresas públicas. Y al no poder pagar, los bancos ejecutaron las garantías y se apropiaron de los principales activos públicos.
A través del acceso a información privilegiada, los jerarcas del partido y de la burocracia soviética se apropiaron descaradamente de importantes empresas del Estado. El desmoronamiento del socialismo soviético demostró que el verdadero peligro no provenía de la amenaza imperialista, sino del propio modelo estatista que la dirigencia del partido había creado para medrar insaciablemente de una posición privilegiada en las empresas públicas y a la cual no iba a renunciar tan fácilmente en caso de un inminente cambio político.
Ante la certeza de lo que venía después de la caída del Muro de Berlín, prefirieron pactar con el capital transnacional que tanto habían criticado para seguir medrando de las empresas públicas que serían privatizadas. Al derrumbarse el comunismo soviético, las empresas estatales se abrieron a la inversión privada aceleradamente y los nuevos dueños terminaron siendo sus anteriores directivos y jerarcas del gobierno y del partido. Por eso en la Rusia de hoy, buena parte de la pujante y próspera clase empresarial proviene de la vieja nomenclatura comunista y de la burocracia estatal.
Al referirse al proceso de privatización en Rusia, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió: “El resultado (…) fue que un puñado de amigos y socios de Yeltsin se convirtieron en multimillonarios, pero el país fue incapaz de pagar a los jubilados su pensión de 15 dólares mensuales”.
De nuevo nos formulamos la misma pregunta: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en un proceso de privatización apresurado y poco transparente?
