Chile, Ecuador, Colombia y Perú han unido fuerzas para enfrentar la presencia de flotas extranjeras que faenan en sus costas. Es el primer paso para acabar con un problema que también afecta a Argentina y Uruguay.
“Uno de cada cinco peces es pescado ilegalmente”, recordó a DW Maximiliano Bello, asesor ejecutivo de Políticas Públicas del Océano de la organización Mission Blue. Un hecho que se vive en los países sudamericanos.
“En los meses entre junio y octubre, las aguas cercanas al Ecuador Continental y a las Islas Galápagos se caracterizan por ser extremadamente ricas en nutrientes, lo cual incrementa la disponibilidad de recursos pesqueros en esta región. Esto ha ocasionado que, en los últimos años, se incremente la presencia de una gran flota de pesquera internacional, mayoritariamente de bandera china, que realiza actividades en la zonas adyacentes a las aguas jurisdiccionales del Ecuador”, dicen a DW fuentes de la cancillería de dicho país.
Se trata de un fenómeno que también afecta a otros países de la región. “Hay un patrón de desplazamiento: en el verano suelen estar en el medio del Pacífico por unas semanas, entre mayo, julio y agosto están por Galápagos y el resto del tiempo están principalmente frente al Perú, Chile y una parte de la flota voltea y va a Argentina”, detalló a DW Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de Oceana Perú.
Por este motivo, los miembros de Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), Colombia, Chile, Ecuador y Perú, acordaron dos resoluciones que sirvieron de base para la declaración conjunta que subscribieron el pasado 3 de noviembre los ministros de Relaciones Exteriores sobre la pesca de ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) de embarcaciones extranjeras en las zonas adyacentes a las a las zonas marinas bajo la jurisdicción nacional de cada país.
Dicha Declaración recoge la voluntad de optimizar los mecanismos de cooperación e intercambio de información en tiempo real, “con la finalidad de evidenciar presuntas prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y promover la adopción de medidas rápidas y eficientes a nivel local y regional”, apuntaron fuentes de la cancillería ecuatoriana.
La pesca ilegal, sobre todo de las especies migratorias como el tiburón martillo, amenaza la conservación del océano y el uso sustentable de sus recursos, hecho que preocupa a los cuatro países que han subscrito la Declaración conjunta.
Una “muralla” contra la pesca ilegal
Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) valoran positivamente la iniciativa. “Es una problemática que afecta a la región en su totalidad y requiere de esfuerzos conjuntos y coordinados”, dijo a DW Magie Rodríguez Esquivel, Abogada Junior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera. Asimismo, “esta medida es un paso importante para procurar la gobernanza adecuada del océano” así como “avanzar en el manejo adecuado de los recursos marinos en la región”.
Para que ello sea eficaz, Bello apuntó al esfuerzo colectivo de todos los países ya que hay que “cortar cualquier ayuda que permita a esas flotas seguir pescando, llenando sus bodegas o descargando en el mar, en el puerto o incluso consiguiendo combustible para que pesquen en esa zona”. En este sentido, recordó que “Perú y Uruguay siempre están dando apoyo o la posibilidad para que esos barcos puedan descargar en sus puertos”.
“En los últimos años esta flota está recibiendo mantenimiento en puertos peruanos”, aseguró el director de Pesquerías de Oceana Perú, abogando porque esta Declaración incluya entre sus acciones que “Perú modifique su política respecto a la frecuencia, la forma o la facilidad con que estas embarcaciones entran”. No obstante, apuntó que el gobierno peruano “ha sacado hace un mes un Decreto Supremo que busca reducir eso, pero todavía faltan otros aspectos”.
Sueiro consideró que deben hacerse restricciones a las embarcaciones extranjeras para que no vayan a Perú. “Les hacemos la vida más fácil, les rebaja los costos que puedan ir a un sitio tan cercano a hacer alguna reparación, alguna gestión logística”, explicó, apostando a “que se vayan más lejos, que regresen a China”.
Por su parte, Bello consideró que “hay que hacer revisiones en alta mar, hay que tener más control”, subrayando la necesidad de “una mayor capacidad de las Armadas de la región para poder destinar tiempo y recursos”. Asimismo, apostó por un cambio en la legislación que permita perseguir a las personas que lleven a cabo pesca ilegal y que se impongan penas elevadas.
Recursos marinos ecuatorianos: desde el pasado mes de septiembre y hasta finales de noviembre hay una moratoria de pesca propuesta por China.
Además de la Declaración conjunta, la CPPS elaborará un Plan Regional para combatir la pesca ilegal, a través de un grupo de trabajo presidido por Ecuador. Este país también está negociando acuerdos bilaterales sobre esta temática con Colombia, Perú y Costa Rica, así como con Panamá y México.
Igualmente, “se fortalecerá la participación del Estado en las reuniones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y el Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS) para que se adopten medidas de seguimiento, control y vigilancia orientadas a reducir el impacto de las flotas de pesca, que permitan asegurar que esas operaciones se ajustan a las medidas de ordenación y conservación”, anunciaron fuentes de la Cancillería ecuatoriana.
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