En el derecho penal estudiamos la figura de la premeditación y alevosía como un agravante en la comisión de un hecho punible. Se trata de la deliberada planificación de un crimen y del brutal enseñamiento con el cual actúa su autor o autores durante la perpetración del mismo, aprovechándose de que la víctima se encuentra en estado de indefensión.
El crimen del fraude electoral que adelanta la dictadura “bolivariana” no tiene precedentes, por lo diverso, afinado y pérfido de la premeditación con la que se viene adelantando, llegando a unos niveles de avasallamiento y degradación, que le dan a la alevosía un tamaño descomunal, pues al controlar todo el estado y al reprimir brutalmente la protesta, deja sin posibilidad de defensa a la sociedad.
Lo más irritante del proceso criminal en marcha es la impúdica forma, como los voceros de la camarilla usurpadora se presentan a la nación, cuan inocentes actores democráticos que adelantan un evento de limpia factura. Agreden profundamente, cuando Maduro, Cabello y Rodríguez, principales conductores del evento, en abierta violación a expresas normas constitucionales y legales, hacen la campaña promieviendolo y solicitando votar por los agentes con los cuales coparan la sala del capitolio.
Nunca en nuestra historia una dictadura había adelantado un fraude igual. Montaban sus congresos títeres de forma abierta y/o adulteraban los resultados a plena luz del día.
Los “revolucionarios del siglo XXI” piensan que con el conjunto de elementos fraudulentos ya cumplidos, no tendrán que adulterar los números del 6D. Las circunstancias, muy probablemente, también les obligará al fraude numérico, como lo hicieron con el de la inconstitucional Asamblea Constituyente, donde de acuerdo con lo denunciado por su aliada empresa Smartmatic procedieron a inflar en un 300% la participación obtenida.
La barbarie roja se planteó para esta ocasión un fraude mejor planificado y elaborado, con el fin de no tener que acudir a la tradicional adulteración de los resultados numéricos. Pero la premeditación y alevosía aplicada en su preparación ha sido tan ostensible, que salta a la vista de entrada, así se trate de ocultar con la voluminosa propaganda que adelanta la plataforma oficial y la de sus colaboradores y cómplices.
Ni siquiera la censura y bloqueo a la opinión y publicidad de los sectores de la oposición, lograrán que nuestra sociedad y la comunidad internacional dejen de apreciar en toda su dimensión el burdo montaje del criminal fraude.
Veamos sus elementos más grotescos:
1.- Designación, por parte de la ilegitima Sala Constitucional del TSJ, de un C.N.E totalmente obediente a los dictados de Miraflores, desconociendo al parlamento la atribución constitucional de su nombramiento.
2.- Cambio de las normas que regulan los procesos electorales a cuatro meses del evento electoral, violando el artículo 298 de la vigente Constitución que prohíbe hacerlo en los seis meses anteriores a un proceso electoral.
Incremento inconstitucional de 110 nuevas curules, violando el criterio de la base poblacional consagrada en el artículo 186 de la CRBV y creando una circunscripción nacional de 48 diputados, con lo cual modificaron el criterio de elección de los diputados por los estados, establecido en el citado artículo 186
Este incremento de los curules se hace con el objetivo de ofrecerle a los “colaboradores” un paquete de curules, aparentemente importante, pero que en nada pone en peligro la mayoría de las 2/3 partes del cuerpo, meta a lograr por el régimen. Más curules para “los opositores”, pero menos poder real. Es una forma de decirle al país: la oposición tiene 70 u 80 diputados. Serán meros elementos decorativos que en nada incidirán en la ecuación del poder. Además se garantiza la cúpula roja, que si alguno de los “elegidos” se vuelve incomodo, tendrá los mecanismos para anularlos, callarlos o simplemente excluirlos del cuerpo.
Eliminación del secreto del voto a los indígenas. Con lo cual buscan, a través del control social y político, forzar el voto por los candidatos obedientes a la dictadura.
Confiscación de todas las tarjetas de los partidos de la oposición, colocando al frente de los mismos a personas claramente obedientes a los dictámenes del poder, para postular como efectivamente ocurrió una plataforma dividida, que permita reducir a su mínima expresión la fuerza electoral de los pocos ciudadanos opositores que por diversas razones concurran a las urnas y ejerzan el voto. Esta media constituye la mayor operación de gansterismo político electoral jamás vista en América Latina. Al robarse las tarjetas de los partidos opositores, el régimen adelanta una operación de oferta engañosa, pues con la multimillonaria campaña que les concede, busca captar una parte del electorado de esas organizaciones que desinformados y manipulados, sufragaran por ellas, creyendo que lo están haciendo, en verdad, por lo que las mismas han representado en la vida política del país. Es lo que podemos llamar un consentimiento bajo engaño, lo que hace nulo el mismo.
Designación de candidatos por parte del agente nombrado por la cúpula roja para representar las tarjetas confiscadas. En todas las postulaciones presentadas se violó el artículo 67 de la Constitución. Ningún candidato fue seleccionado por los miembros de dichos partidos y pueden ser cambiados en cualquier momento por los franquisiados. Algunos, inclusive, fueron postulados por expresa solicitud de los miembros de la cúpula roja.
Los anteriores elementos son los planificados para el evento del 6D, a los cuales se suman los ya tradicionales elementos fraudulentos y ventajistas forjados desde procesos anteriores, tales como el registro electoral, la negación del derecho al voto a los venezolanos en el exterior, los mecanismos de presión y control del voto, la inconsistencia e inauditabilidad de los programas de trasmisión y totalización de los votos
A esos actos planificados con pérfida intención se suma la alevosa conducta con la que hostigan y persiguen a la oposición real. La primea expresión de esta línea es la censura para quienes denunciamos toda la operación criminal. La amenaza a los pocos medios independientes, que quedan, de ser sancionados si estos hechos son denunciados con las características y adjetivaciones correspondientes. La prohibición de ejercer el derecho a la protesta bajo la figura de la abstención. Así como el régimen y sus colaboradores hacen campaña para avalar el evento fraudulento, debería permitirse publicidad parar denunciar la naturaleza y alcance del fraude aquí descrito. La dictadura no lo permite, con lo cual impide que muchos ciudadanos desinformados sean tomados en su buena fe por los candidatos impuestos por los agentes a quienes les concedieron la representación de los partidos opositores.
Este brutal fraude debe ser repudiado por todos los ciudadanos promotores del cambio político en el país. Es tan inmoral su diseño y ejecución, que una persona con valores democráticos está en la obligación moral de no avalarlo con su presencia, mucho menos con su participación.
