Dólares, dólares, dólares. Mi reino por unos dólares. Todas las medidas económicas y financieras que los funcionarios de Nicolás Maduro vienen sancionando o anunciando a cuentagotas tienen como propósito fundamental obtener la ansiada moneda estadounidense. Dolarización de facto, “ley antibloqueo” e impuestos a las transacciones en divisas tienen ese objetivo central. Atrapar dólares ajenos.
Este 25 de noviembre la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía y Finanzas de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, anunció por medio de su cuenta de Twitter una serie de “acciones” dirigidas a combatir “a los especuladores cambiarios”.
Entre ellas destaca un impuesto a las transacciones en divisas que efectúen las entidades financieras. De modo que Rodríguez admite, en primer término, la intención oficial de autorizar el uso de divisas extranjeras (léase dólares) en el sistema bancario venezolano. Esto viene a confirmar recientes informaciones de prensa según las cuales el Banco Central de Venezuela (BCV) habría estado considerando en las últimas semanas establecer con los bancos privados un mecanismo de compensación y liquidación en dólares que les permitiera brindar servicios en esa moneda legalmente dentro del país.
Pero en segunda instancia, y he aquí lo que realmente le interesa al gobierno de Maduro, su vicepresidenta hace pública la razón por la cual admitirán las transacciones en dólares en el sistema financiero privado: para tener una nueva fuente de ingresos en moneda dura.
Esa es la misma motivación de la cuestionada “ley antibloqueo” que sancionó la Constituyente de Maduro hace pocas semanas. Ofrecer como zanahoria los recursos del subsuelo nacional, o los disminuidos activos en manos del Estado, como los servicios de electricidad o telefonía fija, o la industria petrolera, todo a cambio de las divisas del odiado imperio. Y una vez que esas inversiones estén en Venezuela, cargarlas con tributos.
Así, a trompicones, poco a poco y por etapas el gobierno de Maduro va mostrando sus auténticas intenciones. Pero, por supuesto, estas suelen estar lejos de los logros cuando no se corresponden con la realidad.
Así por ejemplo, la mayoría de las transacciones que se hacen hoy en dólares en Venezuela son en efectivo o por medio de operaciones con bancos ubicados fuera del país. Los funcionarios de Maduro han puesto sus codiciosos ojos en esa dolarización de facto de la vida cotidiana nacional. Pero ocurre que no tienen cómo controlarla.
Y no será por medio de impuestos que lo consigan. Cuba, por cierto, eliminó en julio pasado un impuesto que regía desde 2004 mediante el cual retenía el 10% de cada dólar que ingresaba a la isla vía remesas. La razón de la medida es que alguien dentro de la burocracia comunista de la isla se percató finalmente de que la manera más eficaz de atraer dólares es por medio de incentivos y no espantarlos con los tributos. Esta lección aún no la aprenden sus alumnos chavistas.
La mayoría de las transacciones en dólares en Venezuela se hacen en efectivo.
Las “acciones” económicas anunciadas por Delcy Rodríguez ocurren en un momento en el cual el ritmo de devaluación del bolívar soberano se ha acelerado bruscamente, acercándose rápidamente a la marca de los 1.000 por dólar. De modo que sus anuncios también son parte de la permanente improvisación oficial que caracteriza al madurismo, donde sólo existe lo urgente e inmediato.
Maduro se ha negado a designar al frente de la economía a profesionales en el área. Se aferra a su estrecho círculo de colaboradores a quienes va rotando de un cargo a otro. Delcy Rodríguez ha sido ministra de Comunicaciones, Relaciones Exteriores, presidente de la Constituyente, vicepresidenta ejecutiva y ahora comparte esta responsabilidad con Economía y Finanzas. En el otrora decisivo sector petrolero ha designado como ministro a Tareck El Aissami, quien en otros momentos fue ministro del Interior y vicepresidente sin ninguna experiencia o conocimiento en el área.
Maduro se mueve con un círculo muy cerrado de colaboradores, ninguno de los cuales son gestores administrativos. Son sus operadores políticos.
Para ellos la política y la lucha por el poder han sido la absoluta prioridad por encima de cualquier otra consideración.
El punto débil
Sin embargo, de un tiempo a esta parte Maduro y su grupo se persuadieron de la necesidad de contar con el sector privado para poder gestionar la economía. Un primer paso luego de haber destruido el 70% del PIB venezolano de 2013 y expulsado a más de cinco millones de habitantes. Todavía les falta admitir que necesitan financiamiento internacional y confianza para atraer las necesarias inversiones.
Pero ocurre que esto último sólo es posible reinsertando a Venezuela en la estructura económica internacional, es decir, levantado las sanciones norteamericanas. Y esto sí es un asunto de orden político. Maduro puede negociar el levantamiento de esas sanciones pero a cambio debe conceder lo que no quiere dar. Cambios políticos.
Aquí está el detalle. La agenda política de Maduro está en total contradicción con los planes económicos que va anunciando. Para decirlo en otras palabras, uno sabotea al otro.
Las condiciones en las cuales se está convocando la elección de la Asamblea Nacional (AN) para el próximo 6 de diciembre, harán que esta no tenga el reconocimiento de las principales democracias del mundo, empezando por Estados Unidos y la Unión Europea. Maduro cree que sí. O al menos es lo que dice.
Su apuesta es que la comunidad democrática internacional se terminará resignando a su régimen y a su nueva Asamblea. Que los sucesivos informes de Naciones Unidas denunciando las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de sus fuerzas de seguridad serán olvidados, así como el largo etcétera de sus abusos contra los venezolanos y sus derechos más básicos.
Pero si Maduro y su entorno creen en esto se equivocan radicalmente. Ese es el punto débil de sus nuevos planes. Mientras tanto ensayarán con sus “acciones” para atrapar dólares ajenos.
