La alianza TalCual – Provea conversó con Manuel Gómez, director general de Acción Campesina, quien hace un balance de lo que ha sido el año 2020 para el sector agrícola del país y cuáles son los principales elementos que atentan contra la actividad productiva nacional
Carlos Seijas Meneses | @carlosgmeneses
Un uniforme verde oliva o un camuflaje de un azul intenso, beige y gris en el medio de una carretera no es señal de seguridad. Todo lo contrario. Es en las alcabalas de militares y policías donde el matraqueo, como se le llama coloquialmente, está garantizado, y que se ha convertido en una especie de impuesto o peaje al margen de la ley.
El número de estos puestos «de control» sembrados en las extensas y descuidadas carreteras de Venezuela ha crecido desde marzo de 2020 con el estado de alarma decretado por el gobernante Nicolás Maduro debido al coronavirus, en el que ha impuesto una cuarentena y aplicado restricciones en la movilización entre estados.
«En estos meses de pandemia ha habido una multiplicación de esos controles, y todo el país está lleno de historias de cómo extorsionan», asegura Manuel Gómez, director general de Acción Campesina, una organización, fundada en 1976, que presta servicios a las organizaciones e instituciones del sector rural y, especialmente, del pequeño productor. «Y el gobierno de Nicolás Maduro, por omisión, permite el matraqueo».
La alianza TalCual – Provea conversó con Gómez, quien cuenta cuáles son los elementos estructurales que están impactando negativamente la producción en Venezuela. Sostiene que son muchos, pero puede mencionar los más importantes: el acceso a semillas y agroquímicos, la caída del consumo y un proceso de desinstitucionalización, que tiene como una de las principales manifestaciones el cada vez mayor abuso de las autoridades en los puestos de control.
– El tema del matraqueo no es nuevo, pero, por lo que denuncian cada vez con más ímpetu los productores, pareciera que este año se ha agravado.
– Ahora con la pandemia eso ha aumentado. A mí me sorprende que en carreteras viajando de Caracas a Barquisimeto o a Guárico la distancia entre la alcabala de la policía del estado y la alcabala de la Guardia Nacional sea de apenas 200 metros, y yo creo que la multiplicación de las alcabalas en pandemia está asociada más a la necesidad que tienen los funcionarios de expoliar y de quitarle real a la gente.
Algunos jefes de comando les dicen a sus subalternos que ‘salgan a ver qué consiguen’, uno se entera cuando le da la cola a un guardia nacional o un policía que dicen que ‘también la pasamos muy mal y ganamos una miseria’.
– ¿Cuánto aproximadamente se queda en alcabalas desde que se sale del estado hasta que se llega al centro de consumo?
– La gente tiene que pagar muchas veces este «impuesto» para poder pasar. Algunos productores dicen que ellos saben que 30% de la carga que traen a Caracas tienen que dejarla en el camino. Todo el mundo sabe que en las alcabalas roban, pero hay una suerte de permisibilidad por omisión y el Gobierno no hace nada. Es parte de un proceso de desinstitucionalización que ha habido en el país en los últimos 20 años.
– ¿Cuáles son hoy las consecuencias de ese proceso de desinstitucionalización?
– Los pequeños, medianos y grandes agricultores no hallan cómo resolver temas como la inseguridad, las dificultades para obtener la permisología, como guías de movilización, para el transporte de mercancía, especialmente en el sector pecuario; y no hay una política pública que favorezca la investigación agrícola. No hay asistencia técnica a los productores.
Toda esa institucionalidad que estaba al servicio de las actividades productivas fue desmantelada por el chavismo y hoy día estamos en un estado de abandono total por parte del Estado. Se trata de una precarización de la institucionalidad, la cual está siendo sustituida por una suerte de institucionalidad paralela y una parainstitucional, que se va conformando a partir de los caprichos de alguna gente, como alcaldes y gobernadores que ordenan que de un determinado municipio o estado no sale nada, u obligan a los productores a vender a pérdida parte de la producción.
– ¿Qué otros ejemplos nos puede dar sobre esta precarización de la institucionalidad?
– Por ejemplo, en la zona alta del estado Lara los compradores de café tienen que, como se dice, bajarse de la mula y vender el equivalente a 20% de la mercancía al estado Lara al precio que este fije, por orden de un militar de alto rango que coordina el rubro en esa entidad.
Tenemos como ejemplo que hace dos años el estado de Miranda decidió hacer una suerte de monopolización de la compra del cacao a los productores de Barlovento, que no son grandes, son campesinos. Esta compra compulsiva y monopolizada por parte de una instancia de la gobernación de Miranda (en manos del chavismo) era la liquidación y expropiación del trabajo de la gente. Primero querían comprar cacao al precio que dijeran y no como estaba en el mercado, y luego que debían vender obligatoriamente a algunas alcaldías, como una especie de impuesto para que el cacao pudiera salir del municipio.
Frente a esta institucionalidad difusa, han emergido los que manejan cuotas de poder para sacar provecho de los productores. En Barlovento, las alcaldías, el Cicpc y me han dicho que hasta las FAES están obligando a los productores a que les vendan cacao al precio que los funcionarios digan para hacer negocios.
– Y Barlovento es una zona prácticamente controlada por bandas organizadas…
– En Barlovento parece que el acuerdo es que tienen que entregarle al pran, que supuestamente protege, 30% de la cosecha.
El Gobierno sabe lo que es el tema del pago de vacunas a pranes y bandas organizadas que obligan a productores a que paguen una especie de comisión de seguridad, para que no los roben. A veces se hace en especie y otras veces en dinero, pero es una cosa que se ha generalizado en el país.
Antes lo pagaban los grandes productores, ahora todo el mudo, hasta los pequeños. Incluso, a una señora que tiene un quiosco de chucherías en un pueblo de Guárico también la obligan a pagar vacuna.
Todos esos elementos se conjugan y disminuyen enormemente la actividad productiva.
Es evidente que hay una caída importantísima de la actividad productiva este año, más todavía con la covid-19.
– ¿Pero qué ha sido peor en 2020: la pandemia o la escasez de combustible?
– La escasez de combustible ha sido mucho más grave que la pandemia. La gente no tiene idea de la cantidad de asuntos que son afectados por la falta de combustible, no solamente el tema de los vehículos, también el tema de los tractores, de las bombas de riego que algunas se alimentan con combustible, y la movilización interna del personal. Hay una cantidad de elementos colaterales que la ausencia de combustible está afectando. La gente puede moverse en medio de la pandemia, pero si no tiene cómo es complicado.
Yo he pagado en el mercado paralelo hasta cuatro dólares por litro, en zonas de Barquisimeto. A pesar de que la mayoría de la mercancía se mueve con gasoil y ha habido abastecimiento hasta ahora, mucha gente todavía tiene que usar gasolina y no la consigue. En Sanare, Lara, un agricultor puede pasar tres semanas estacionado en una cola en una estación de servicio esperando que llegue el camión y rezando para que les alcance.
– Entonces no es cierto lo que asegura Maduro de que los productores, por ser de un sector que él llama esencial, tienen prioridad en el abastecimiento de combustible.
– Los productores no creo que estén de acuerdo con eso que dice Maduro. La crisis del combustible es tan honda que creo que los que han tenido prioridad son los que de alguna manera están traficando con la gasolina en el país.
– ¿Qué otros elementos se conjugan para que siga reduciéndose la actividad productiva?
– Además del proceso de desinstitucionalización, hay otros dos importantes elementos estructurales que están impactando negativamente la producción en Venezuela, y uno de ellos es el acceso a semillas, fertilizantes y controladores de plagas y enfermedades.
La falta de insumos no tiene dos días, sino varios años. La gente tiene que inventársela para ver cómo resuelve el tema del acceso a semillas, fertilizantes y controladores de plaga y enfermedades. Es un tema estructural. Mucha gente lo que hace es que importa de manera casi clandestina las semillas e insumos por caminos verdes.
El otro tema estructural que también impacta la producción evidentemente es la disminución del consumo, asociada a la poca capacidad adquisitiva que tiene la gente para comprar alimentos y los altísimos precios que los alimentos tienen en el mercado.
Pero esto no es responsabilidad de los productores, porque si tienes que comprar insumos en mercados paralelos con un dólar hiperinflacionario, unas tasas de cambio totalmente sorprendentes, la gente tiene que hacer algo para seguir produciendo y luchando.
– Y cada vez que el Gobierno habla de los precios, le echa la culpa al productor
– Desde hace mucho tiempo las políticas públicas en Venezuela tienen una tendencia a favorecer al consumidor por encima del productor, inclusive con cargo al productor, y cuando se diseña una política pública pensando solamente en el consumidor, al final termina afectando al propio consumidor a unos niveles insospechados. Si no creas incentivos para que haya producción, y lo que haces es aumentar los impuestos y controlar los precios, evidentemente la producción va a disminuir.
– ¿Y cree que este año el Gobierno realmente se ha preocupado por el consumidor?
– Uno percibe que el Estado, los que gobiernan al país, son profunda y enormemente insensibles al sufrimiento de la gente. Sin duda hay un conjunto de medidas económicas y de políticas públicas que se podrían diseñar para favorecer el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente y, sin embargo, esas decisiones no se toman. Por qué no se ha transparentado el tema del uso del dólar de manera clara ya que está instalado en la economía. Uno siente que hay un tema de enorme insensibilidad frente al sufrimiento de la gente.
