Diosdado Cabello prestó, una vez más, un servicio catastrófico a la dictadura venezolana, que él integra. Amenazó con que “el que no vota, no come”. La extorsión no funcionó. Esos comicios, impugnados por la oposición y considerados fraudulentos por una gran mayoría de la comunidad internacional, tuvieron una participación muy baja. Alrededor del 30% de los venezolanos en condiciones de votar. Una proporción ínfima, en una sociedad cuya concurrencia a las urnas suele ser masiva. La advertencia de Cabello sólo sirvió para corroborar que el hambre es un fenómeno dramático, hoy, en Venezuela. Pero los venezolanos no se sometieron al chantaje.
Más allá de testimonios de observadores independientes, hubo un registro bastante irrefutable de que hubo grandes niveles de abstención. Desde las oficinas del poder se divulgaron muy pocas fotos de los centros de votación. Cuando se estaba por cumplir el horario establecido, el propio Nicolás Maduro pidió que llevaran a la gente a votar de la forma que fuera: “A buscar, a buscar, a buscar a todos…” fue la consigna.
No debería sorprender que ahora la concurrencia sea exagerada por las autoridades. En las elecciones de 2017, la empresa Smartmatic, que había provisto la tecnología, denunció que el Gobierno chavista había agregado en las planillas por lo menos un millón de sufragios que no habían existido.
El experimento del domingo había sido pensado para renovar la composición de la Asamblea Nacional, que controla la oposición y preside Juan Guaidó. Pero se convirtió en un plebiscito contra Maduro y su Administración.
Los resultados del domingo convalidan las advertencias de los Gobiernos que denunciaron la falta de garantías electorales. Entre ellos estuvieron, temprano, los del denominado Grupo de Contacto, que intenta una transición ordenada a la democracia. Lo integran Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay. Las Cancillerías de varios de esos países denunciaron la ilegitimidad de los comicios en los últimos días. Alemania, Francia y el Reino Unido fueron categóricos. Entre los latinoamericanos, el más drástico fue el Gobierno chileno, cuyo canciller, Andrés Allamand, declaró que “la elección venezolana carece de toda legitimidad: sin autoridad electoral independiente, ni partidos políticos libres, ni observadores extranjeros”.
En el frente interno, también la Asamblea Episcopal viene denunciando el autoritarismo chavista. Hace una semana había anticipado que las nuevas elecciones agravarían la crisis del país. Maduro sólo puede aspirar a la condescendencia de un pequeño grupo de países que tampoco son un modelo de pluralismo y calidad electoral: Rusia, China, Cuba e Irán. El resto son figuras individuales: el español José Luis Rodríguez Zapatero, el boliviano Evo Morales o el ecuatoriano Rafael Correa.
Los intentos de fijar algunas reglas de juego que democraticen la vida pública venezolana han sido burlados por la tiranía de Maduro. El último fue el que encararon los integrantes del Grupo de Contacto, entusiasmados por la apertura de un diálogo del opositor Henrique Capriles, rival de Guaidó, con el régimen.
A partir de los resultados del domingo se abre un abanico de incógnitas. El chavismo pretenderá instituir una Asamblea Nacional carente de legitimidad. ¿Qué alternativa propondrá la oposición? Un camino es prorrogar los mandatos de la composición actual, que vencen el 5 de enero próximo. Otra variante es reducir la representación a la Junta Directiva de esa Asamblea, hasta que se realicen elecciones transparentes. Entre los dirigentes rivales del chavismo hay quienes sueñan que el rol de presidente encargado, que ejerce Guaidó, se convierta en rotativo. Son formatos todavía indefinidos.
Los partidos que enfrentan al régimen convocaron a una consulta popular que se realizará por medios electrónicos hasta el próximo sábado. Pueden intervenir todos los venezolanos, también los de la numerosísima diáspora. Del éxito de esa convocatoria depende también el curso de acción a seguir con la Asamblea.
Otro interrogante se refiere al aislamiento de una dictadura cada vez más tóxica. El chileno Allamand propuso que se inicie una liberalización coordinada por el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto y los negociadores noruegos, que fueron los que llevaron el esfuerzo de negociación más sistemático, aunque también estéril. El panorama debe incorporar ahora un nuevo dato: el cambio de Gobierno en los Estados Unidos.
Joe Biden es todavía un enigma. Aun cuando su equipo latinoamericanista se está armando sobre los trazos de la experiencia Obama, en la que él fue el protagonista principal en relación con la región. Roberta Jacobson, por ejemplo, está armando el equipo diplomático para esta área en el Departamento de Estado. Retirada hace un par de años de la carrera, Jacobson fue la responsable de la diplomacia de los Estados Unidos en América Latina durante el proceso de restablecimiento de relaciones con Cuba. Después pasó a desempeñarse como embajadora en México.
Julissa Reynoso, que fue embajadora de Barack Obama en Uruguay, y antes había colaborado con Hillary Clinton en el Departamento de Estado, ejercerá también una función influyente como jefa del equipo de Jill Biden, la primera dama.
Una visión convencional supone que Washington girará frente a Venezuela. Que la predilección de Donald Trump por el intransigente Guaidó será relativizada por los demócratas. Y que habrá una postura más dialoguista con el régimen caribeño. Por ahora son prejuicios. Cuando visitó el Congreso norteamericano, Guaidó recibió el aplauso de los dos partidos. Su embajador en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, se ha ocupado también de cultivar a los opositores de Trump. Por otra parte, dentro de dos años habrá en Florida elecciones para gobernador y senador. El resultado de esa competencia tiene una relevancia de primera magnitud para el control del Senado por parte de Biden. Muchos observadores sospechan que ese factor impedirá al nuevo presidente retomar la política de Obama frente a La Habana y frente a Caracas. Las sanciones penales contra los altos jerarcas del chavismo, que son cruciales en cualquier negociación, se mantendrán. Sólo podría haber cambios en el bloqueo económico que afecta a la sociedad venezolana. La que decidió no prestarse a una farsa electoral, a pesar de la extorsión del hambre.
