Los videos de policías o militares golpeando a ciudadanos que protestan por fallas en el suministro de agua y gas doméstico o que se quejan por la falta de gasolina han sido postales repetidas durante todo 2020, consideran activistas por los derechos humanos en Venezuela, a pesar de las medidas de cuarentena que se extendieron por nueve meses.
Por Adriana Núñez Rabascall | VOA
La pandemia, en opinión del abogado Alí Daniels, sirvió para ampliar el espectro de arrestos en Venezuela, mientras el país se encontraba en estado de alarma por coronavirus. Según un informe de la organización PROVEA, en los primeros seis meses de cuarentena se registraron 159 detenciones arbitrarias. El rango de los perseguidos por el régimen aumentó a aquellos que daban información sobre la pandemia, como médicos, enfermeras, periodistas y comenzaron a detenerse personas que protestaban por los servicios públicos”, expresó a la Voz de América Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
La jurista Jackeline Sandoval lleva dos décadas siendo vocera de los llamados presos políticos, entre los que figura su esposo Rolando Guevara, uno de los condenados durante el chavismo con más tiempo en prisión: 16 años. Guevara y otros encarcelados se contagiaron de coronavirus, pero sus familiares sólo se enteraron de la noticia tras la muerte del recluso Erick Echegaray por esa enfermedad.
“Si no se hubiera muerto Echegaray, no se hubiera sabido que en el Sebin había COVID-19”, advirtió Sandoval.
En medio de estas denuncias, en septiembre de 2020 llegó el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. Tras entrevistar a 274 testigos, víctimas, familiares, oficiales de seguridad y activistas, los enviados de naciones unidas concluyeron que miembros del Estado venezolano cometieron crímenes de lesa humanidad.
A juicio del abogado Alí Daniels, el documento es relevante “porque ubica a Venezuela en un grupo muy pequeño de países que están en esa misma situación. Esas declaraciones ponen a Venezuela al mismo nivel que Siria, que está acusado de crímenes de guerra, o de Myanmar con el genocidio del pueblo Rohingya. La comunidad internacional ya no está viendo a Venezuela como un gobierno autoritario más, sino un gobierno que comete crímenes de lesa humanidad”.
Sin embargo, Daniels, afirma que el camino para una condena en la Corte Penal Internacional aún es largo, pero abre algunas puertas. “Si se dicta una orden de detención contra el señor Maduro, quiere decir que no podría salir a ninguno de los países que respeta la Corte Penal Internacional e incluso a la ONU, como ahorita lo puede hacer. El mundo se le pone muy pequeño, porque cualquier país que respete el estatuto de Roma está en la obligación de capturarlo, aún cuando tenga inmunidad diplomática”, añadió.
El documento de la ONU señala, con nombre y apellido, a 45 policías y militares de torturas y tratos crueles e inhumanos. Además, se alerta que en Venezuela hay seis centros clandestinos dedicados a la tortura.
Una de las víctimas de estos delitos es el coronel José Acevedo, detenido en 2019 . Su esposa, Mónica Jiménez describió a la Voz de América lo que vivió el militar tras ser capturado. “Fue rociado con gasolina y prendido fuego a su alrededor. Lo lanzaban de un precipicio, con las manos atadas. Tenía desollada cabeza, espalda y extremidades. Yo logré verlo un mes después y había perdido 18 kilos”, relató Jiménez.
La deuda pendiente en materia de derechos humanos en Venezuela sigue siendo la desarticulación de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, exigida por la alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet, pero que ha sido negada por Maduro. Las FAES fueron responsables de 417 asesinatos durante el primer semestre de 2020, según PROVEA, e incluso, el fiscal general de Venezuela ha dicho que no sabe qué pasa con este cuerpo de seguridad.
