La libertad de expresión, el acceso a la información, el libre juego de las ideas, así como el derecho al trabajo constituyen, en suma, un derecho humano que evoluciona en el mundo moderno y está asociado a la libertad, tanto individual como colectiva. Es por tanto, menester indispensable para garantizar transparencia en la gestión pública y procurar así la perfectibilidad de las democracias, cada vez más expuestas al escrutinio del ciudadano global. Desde el retorno a la democracia, en 1958, hasta 1999, los venezolanos gozábamos de una creciente libertad de expresión. No fue fácil llegar a este punto. Todos pensábamos que los tiempos del oscurantismo y del cercenamiento de la libertad de prensa formaban parte de la historia venezolana. Bastó que la élite del chavismo se percatara del “peligro” de la prensa libre en sus apetencias hegemónicas, para ponerle cortapisa a este derecho también desarrollado en nuestra Carta Magna. De manera sistemática, el régimen impuso restricciones sin precedentes al periodismo y los medios de comunicación. Lo más grave, sin embargo, fue que muchas personas se sentían cómodas con las prohibiciones, la autocensura y la reprensión, y otras limitaciones.
El cierre de la emblemática RCTV fue el inicio del más brutal cerco sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, que hoy se hace cada día más alto y más espinoso. No han transcurrido 15 días del 2021 y ya varios medios de comunicación han sentido el peso de la barbarie. En general, el panorama es realmente oscuro. El gobierno va en contra de todos los medios que son críticos y no anuentes con sus políticas. Por la restricción del papel, la gran mayoría de los impresos venezolanos pasaron a digital. En los medios que han cambiado de dueños, se evidencia un “periodismo” complaciente. A más de 300 emisoras les revocaron el permiso de transmisión. La situación del periodismo se hace cada día más difícil. Ahora la persecución a la libertad de expresión se traduce en el uso de hackers o confiscación de instrumentos de trabajo, amén del uso del SENIAT o el TSJ para aplicar cierres a diferentes medios.
Hoy, hay cada vez menos posibilidades de conocer lo que pasa en la comunidad. En un momento de crisis como el que estamos viviendo en el país, tener menos información implica un riesgo para otros derechos humanos e implica que haya menos debate y deliberación sobre estos temas de interés. No es lícito, ni democrático, que la libertad de expresión y el derecho al trabajo, penda de los sigilos discrecionales de un grupito, que se cree dueño y señor de Venezuela. Menos aún, cuando estamos siendo escrutados por el planeta entero, en los tan mentados “diálogos” para el mantenimiento de una golpeada democracia y de un desajustado Estado de Derecho. Entregarse no es una opción porque es mucho lo que se pierde. La única alternativa que tenemos es reinventarnos y nuestros periodistas están muy comprometidos en seguir haciendo su trabajo.
@cesarmalave53
