La libertad de expresión se ve amenazada por los totalitarismos y las posiciones extremas. Siempre. E día 8 de enero, asistimos a un hecho nuevo, sin precedentes: la anulación de la cuenta oficial de Twitter del presidente en ejercicio de una república democrática
Luego de los incidentes en el Capitolio y de la actitud temeraria de Donald Trump, incitando a sus seguidores a seguir desconociendo la elección ganada por el presidente electo, Joe Biden, Twitter procedió al cierre de su cuenta personal, @realDonaldTrump. El conflicto entre Trump y las plataformas digitales no es nuevo. En junio de 2020, cuando el movimiento Black Lives Matter ganaba las calles en repudio a la muerte de George Floyd, Twitter ocultó un posteo del Presidente Norteamericano por considerar que incitaba a la violencia. “Cuando empiezan los saqueos, comienza el tiroteo”, expresaba Trump, en una clara respuesta represiva a las manifestaciones sociales.
Luego del bloqueo, que Twitter realizó siguiendo las reglas aceptadas por todos sus usuarios, incluido el Presidente afectado, se bloqueó el comentario pero se lo dejó visible tras una leyenda que explicaba, que justamente por tratarse de un gobernante, sus dichos tenían interés público, y no obstante infringir sus reglas de no glorificación de la violencia, el comentario seguía accesible en la red.
Un enfurecido Trump respondió inmediatamente con una orden administrativa enviada al Congreso para modificar la Sección 237 de la CDA, Ley que regula la neutralidad de las plataformas y considera responsabilidad de los usuarios a sus comentarios o publicaciones.
En la nueva controversia desatada ayer tras la decisión de Twitter de dar de baja directamente la cuenta personal del Presidente, la misma plataforma, cometiendo un acto de “censura por mano propia”, le da la razón al flamígero gobernante. Twitter, Facebook y las plataformas de contenidos dejaron de ser intermediarios de la información subida por sus usuarios para convertirse en medios de comunicación con opinión política propia y línea editorial independiente.
Pero el debate sobre la responsabilidad de intermediarios y la neutralidad de los buscadores y redes sociales no termina allí. Twitter eliminó también mensajes de la cuenta oficial de la Presidencia de Estados Unidos, @POTUS, al advertir que, tras la cancelación de su cuenta personal, Trump posteaba desde la oficial.
Sin ahondar en el fondo del conflicto institucional que vive el país y sin compartir en absoluto las posiciones del Presidente saliente en un contexto donde la propia democracia se ve amenazada por violentos que toman las calles y el Capitolio, debemos reflexionar sobre los riesgos que implican las facultades que se arrogan tanto Twitter como Marc Zuckerberg, quien además, como una suerte de extrapoder dictaminó sobre las implicancias políticas y sociales de la coyuntura institucional en un posteo explicativo de la censura directa a todas las cuentas y posteos de Donald Trump de Facebook.
Con estos hechos de censura, las plataformas acaban de definir que tal como los medios tradicionales de Estados Unidos, toman posición política y editorializan, pero además nos generan acuciantes preguntas: ¿pueden las empresas tecnológicas o corporaciones, los dueños de compañías o sus equipos que moderan contenidos, arrogarse la facultad por sobre todo el sistema democrático y decidir quién puede expresarse, cómo o en qué tono hacerlo? ¿Puede una persona o una empresa privada concentrar los cientos de años de democracia republicana, la jurisprudencia completa y/o la aplicación directa de las leyes y garantías constitucionales, en pos de preservarla?
El debate sobre la influencia de las redes sociales y las tecnologías de la comunicación e información atraviesa todos los aspectos. Modifican las conductas sociales, irrumpen en la formación de opinión pública y hasta interfieren en los procesos electorales. Las redes sociales y los gigantes tecnológicos adquieren cada vez más poder, sobre la privacidad y la libertad individual. Una carrera se desata entre las potencias mundiales por controlar la web y tácticas digitales non sanctas de todo tipo fueron dirigidas a interferir sobre los asuntos internos de unos y otros.
La libertad de expresión y la naturaleza de los sistemas democráticos se ve amenazada por los extremos y los totalitarismos. No importa de qué extremo ideológico se trate, el afán represivo contra la libertad individual se registra tanto en China como en Estados Unidos.
La iniciativa de Twitter de bajar la cuenta oficial de un Presidente en ejercicio en el país más liberal se asemejó mucho al comportamiento del gobierno menos liberal del mundo, que utiliza las redes, el 5G, las aplicaciones de rastreo y la cibervigilancia para mantener la opinión pública dentro de los parámetros fijados por el gobierno. En China se patrullan las calles, se detiene personas, se encarcela a periodistas, como Zhang Zhan por lo que expresan en las redes sociales. En Estados Unidos, a partir de las acciones de Twitter y Facebook, ese control aspira a establecerse con el agravante de que quienes lo dirigen no son las instituciones consagradas, ni el Congreso, ni la Justicia, ni ninguna autoridad administrativa, sino los dueños de las plataformas a través de las cuales se comunican millones de ciudadanos.
Debemos volver a los orígenes para recordar la fundación de la democracia en el mundo, la cuna de las libertades, la fuente de todas las constituciones nacionales de los países democráticos que se basan en el respeto de la libertad individual, en la consideración de los hechos privados del hombre dentro de su esfera de intimidad, en la preservación del libre albedrío y las garantías para el desarrollo de su vida, su formación y su elección religiosa y/o política.
El debate queda abierto, la naturaleza de una internet libre, abierta, plural y con neutralidad informativa queda marcada por estos nuevos hechos, retomar la multilateralidad de la gobernanza de internet es una tarea que nos debemos todos, no puede quedar en manos de los dueños de los gigantes tecnológicos, ni en manos de ningún gobierno, porque internet refleja la condición humana; el paradigma de la comunicación social cambió, pero nuestra identidad individual trasladada a nuestra identidad digital obliga a que no nos desentendamos del debate. Nuestra libertad de expresión, el derecho de recibir información plural y sin cortapisas, está vigente tanto en la vida real como tras las pantallas por las que nos comunicamos.
