Por donde quiera que se mire, el gobierno hace aguas. Es un gobierno disfuncional, incapaz de gobernar, que no es lo mismo que controlar el país. Que no gobierna para el pueblo, empeñado en imponer un modelo autoritario de derecha, que no tiene viabilidad política, económica, ni social.
Al madurismo “por más que se tongonee, se le ve el bojote”, bien sea en el gobierno, en el Poder Judicial, en la Fiscalía; incluyendo su nuevo juguete: la Asamblea Nacional. Cada una de sus acciones revelan su esencia y los intereses a los cuales protege.
Veamos sólo dos temas –aunque podrían ser muchos más–, donde se refleja la situación real del país y que representan aspectos muy importantes, no sólo para el presente y la tragedia que vive nuestra patria, sino de cara al futuro, una vez que el madurismo salga del poder.
Soberanía
La Soberanía es uno de los Principios Fundamentales de nuestra Constitución. Es un concepto que abarca muchos aspectos como lo son la soberanía política, que reside en el pueblo; la soberanía económica; la soberanía petrolera y la soberanía territorial. En manos de este gobierno, el concepto de soberanía se ha venido diluyendo por la acción política deliberada del mismo. El gobierno tranza la soberanía para mantenerse en el poder, dejando de lado el hecho de que ésta es patrimonio de todos los venezolanos.
La soberanía política no existe. El concepto de Democracia Participativa y Protagónica, y los mecanismos de ejercicio de la soberanía popular fueron desmantelados por este gobierno o, sencillamente, ignorados. No existe más el Poder Popular, ni el debate político, ni las plenas libertades políticas y, por supuesto, tampoco el referéndum revocatorio, ni las garantías para el ejercicio del voto universal y secreto.
La soberanía económica hace tiempo que fue cedida al capital privado, nacional y transnacional. Todos los mecanismos de conducción y regulación de la economía, construidos con tanto esfuerzo durante el gobierno del Presidente Chávez, fueron derogados de facto por el madurismo. Ya no existen. Hoy en día, la economía venezolana es manejada por los factores más especulativos y depredadores del capitalismo.
Se ha instalado en el país un capitalismo atrasado y dependiente, basado en el saqueo de nuestros recursos naturales –como el petróleo y el oro–, y en la explotación brutal del pueblo venezolano, convirtiéndolo en mano de obra esclava y arrojando a millones fuera del país, o condenándolos a sobrevivir en medio de una miseria atroz. Tal vez el elemento más emblemático de la pérdida de la soberanía económica es la dolarización de la economía, la cual, el mismo Nicolás Maduro “agradeció a Dios” por ella, y que implica en la práctica la eliminación del Bolívar como moneda de curso legal en el país, ya que más del 70% de las transacciones en Venezuela se hacen en dólares, mientras que el gobierno mantiene el Bolívar solo para pagar sueldos y salarios.
La soberanía petrolera se basa en la reserva que ha hecho la Constitución sobre la propiedad, la administración y producción de los hidrocarburos por parte del Estado. Un factor estratégico para la Nación, pues ésta constituye la principal riqueza y le pertenece a todos los venezolanos. El gobierno de Maduro no solo destruyó el instrumento que teníamos para ejercer esa soberanía, es decir PDVSA, sino que además, mediante sucesivos actos inconstitucionales, ha venido entregando el petróleo y el gas a intereses privados nacionales e internacionales. Del desmantelamiento de la plena soberanía petrolera, incluyendo la destrucción de PDVSA, son responsables directos tanto Nicolás Maduro y su gobierno, como la extinta y tristemente célebre Asamblea Nacional Constituyente, que aprobó –a la manera de “saqueo express”–, una ley llamada “Antibloqueo”, que va a quedar para la historia como ejemplo del entreguismo de un gobierno.
La pérdida de la soberanía territorial tiene su máxima expresión en lo que está sucediendo en El Esequibo, con la presencia de las transnacionales petroleras que han iniciado operaciones desde el año 2015, y hoy han consolidado su presencia en aguas territoriales venezolanas ante la indolencia e inacción del gobierno de Venezuela, al dejar hacer a Guyana lo que dictaban a este país los intereses extranjeros, a expensas de nuestra soberanía, tal como lo denuncié en sucesivos artículos, videos y entrevistas. Nadie hizo caso, ni el gobierno, ni la oposición.
El pasado 20 de enero nuestra flamante vicepresidenta Delcy Rodríguez, responsable directa, junto a Nicolás Maduro, de la pérdida de El Esequibo cuando fungía como Canciller, llamó a una “consulta popular” sobre el mismo. Una extraña y conveniente convocatoria para oír la opinión del pueblo; mientras que la Asamblea Nacional hace aspavientos y Maduro lanza fuegos artificiales sobre el tema, con la ya acostumbrada retórica del madurismo: hacer mucha bulla para no hacer nada. El gobierno sigue evadiendo su responsabilidad, y llama a una consulta para traspasar al pueblo la culpa de lo ya hecho. Sería mucho más útil convocar una consulta para ver si el pueblo está de acuerdo en revocar al gobierno, esto comenzaría a resolver el “tapón” en la que el madurismo tiene al país.
En declaraciones ofrecidas el día de ayer, 23 de enero, fecha emblemática para la soberanía popular, donde habría que reivindicar con hechos la memoria de la Junta Patriótica de Gobierno de 1958 y de Fabricio Ojeda, nicolás Maduro lanza otro ruego desesperado por su propia supervivencia a los Estados Unidos, pero esta vez dirigido a la nueva administración del demócrata Joe Biden. Pareciera que ni Maduro, ni Jorge Rodríguez, escucharon las declaraciones de Antony Blinken, nuevo Secretario de Estado norteamericano, quien calificó el pasado 20 de enero a Maduro como un “brutal dictador”. Como diría la VTV de antes, a Maduro le hace falta un “contacto con la realidad”.
Justicia
En el país existe una extraña justicia, la justicia del madurismo, administrada de acuerdo a los caprichos, revanchas o intereses, no solo de Maduro y su círculo íntimo, sino de cualquier empresario, jerarca, político o militar, que necesite aniquilar a alguien, robarle su negocio o, sencillamente, sacarlo del medio, bien sea por razones políticas, económicas o incluso personales.
Tenemos un Poder Judicial que emite órdenes de captura y extradición selectivas, por encargo. Para unos sí, y para otros, no. La justicia en Venezuela está vulnerada, guarda un silencio cómplice ante las más de 15.000 ejecuciones extrajudiciales del FAES y otros cuerpos policiales, sobre todo en las barriadas del país, la más reciente la razzia del FAES en la Vega, lo cual constituye, tal como lo estableció la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en la República Bolivariana de Venezuela –creada a solicitud del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019–, en su contundente reporte de fecha 16 de septiembre de 2020, donde identifica y documenta Crímenes de Lesa Humanidad y violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela, perpetrados como una POLÍTICA DE ESTADO y, señala, como responsables directos de ello, a nicolás Maduro, Tareck El Aissami, Tareck William Saab y otros personeros políticos y militares del gobierno. Pero la justicia madurista mira para otro lado.
Igual hace caso omiso respecto a la existencia de cientos de presos políticos –tanto de la oposición, como del chavismo–, dirigentes obreros, sindicalistas, oficiales militares, trabajadores y gerentes de PDVSA a los cuales se les violan sus derechos fundamentales garantizados en nuestra Constitución. Lo he denunciado en mis escritos y le he entregado estos casos a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunciando la violación de los Derechos Humanos Fundamentales, incluyendo los míos, de cualquiera que se oponga al gobierno de nicolás Maduro.
No deja de ser grotesco que Nicolás Maduro exija, a través de la Cancillería de Arreaza, al gobierno de Cabo Verde medidas humanitarias para su “agente” Álex Saab, operador económico del madurismo, requerido por la Justicia Internacional por varios delitos, entre otros, lavado de dinero y corrupción; mientras niega los Derechos Fundamentales y medidas humanitarias mínimas para sus propios presos políticos.
Al tiempo que Maduro-Arreaza piden medidas humanitarias para Álex Saab, le niegan al Mayor General Rodríguez Torres, oficial del 4 de febrero, uno de los más cercanos colaboradores y jefe de inteligencia del presidente Chávez, las medidas humanitarias necesarias para resguardar su vida.
Igual sucede con el ingeniero de PDVSA Pedro León, quien estuvo al frente del desarrollo petrolero en la Faja Petrolífera del Orinoco, y quien está preso desde el 02 de septiembre de 2017, sin que se haya seguido el debido proceso y se le haya permitido su derecho a la defensa. Pedro León está preso en condiciones infra humanas, a pesar de que tiene una operación de corazón abierto –como la tenía Nelson Martínez (muerto en custodia)–, Pedro León ya sufrió un infarto en prisión, el cual ameritó, incluso, una intervención de emergencia y en vez de ser beneficiado con una medida humanitaria o con prisión domiciliaria –como Maduro exige para Álex Saab–, ha sido sometido, de manera reiterada, a castigos en prisión, lo mantuvieron encerrado en las celdas de aislamiento en el DGCIM de Boleíta, una prisión militar. nicolás Maduro es responsable directo de la vida de Pedro León y de Rodríguez Torres, así como lo es de la muerte en prisión de Nelson Martínez.
Es grotesco cómo los voceros e instigadores del odio de Maduro en sus programas, tuiter y, ahora, desde la Asamblea Nacional, se desgarran las vestiduras por su compinche Álex Saab, mientras guardan absoluto silencio sobre la detención arbitraria de dirigentes sindicales como Eudis Girot y de otros tantos cientos de gerentes y trabajadores petroleros a los que, por cierto, muchos de estos personajes del madurismo, sobre todo los sicarios más furiosos como el Fiscal Tarek William Saab, extorsionaban y pedían recursos y más recursos, los cuales nuestros gerentes, hoy presos, se negaron a entregar. Quizás ésta sea la razón del encono y odio del madurismo contra estos gerentes y trabajadores.
Lo que ha sucedido con los activos del país en el exterior ameritaría una intervención de la Justicia. Por ejemplo, un Juez de Delaware ha autorizado el remate de Citgo, a favor de la empresa Crystallex para cobrarse 1.400 millones de dólares; pero resulta que ese monto se lo ofreció expresamente el gobierno de Maduro, en 2018, a esa empresa.
Es decir, Crystallex tiene posibilidades legales de reclamar este dinero en los Estados Unidos porque el gobierno de Maduro se lo ofreció, cuando llegó a un acuerdo con esta compañía canadiense para que volviese, después que su concesión había sido revocada en el gobierno del Presidente Chávez. El gobierno de Maduro ya le había pagado a Crystallex 425 millones de dólares para firmar el acuerdo, y además firmó documentos donde se comprometía a pagarle hasta 1400 millones de dólares.
La gran pregunta es, ¿por qué Maduro se comprometió a pagar esa suma exorbitante a Crystallex, siendo que esta empresa de maletín canadiense no produjo ni un gramo de oro en el país, y tampoco realizó inversión alguna?
Para dar una idea de la ilegalidad y desproporción de la actuación de Maduro en el manejo de los activos del país, viene al caso señalar que en los juicios de arbitraje internacional que la Exxon Mobil interpuso contra la República, ante la CCI (Cámara de Comercio Internacional, en París) y el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organización del Banco Mundial, en Washington), y que nosotros ganamos contundentemente aunque la transnacional exigía un pago exorbitante de 16 mil millones de dólares por todos sus activos en el país –es decir, mejoradores y desarrollo de campos petroleros–, al final los tribunales internacionales dictaminaron un pago a la Exxon de sólo 900 millones de dólares, un monto muy por debajo del que Maduro pagó a Crystallex a cambio de nada.
Ésto deja en evidencia que, detrás de ese acuerdo de Maduro con Crystallex el cual dio paso a la demanda por la cual hoy nos quitan Citgo, está la mano de algún “agente” del madurismo.
Igual ha sucedido con la minera estadounidense Golden Reserve, la Refinería Cienfuegos, Nynax, Petromonagas, PetroSinovensa, PetroZamora, buques, taladros, empresas y tantos otros activos y bienes de la República de los que Maduro ha dispuesto a su conveniencia.
Pero igual sucede con el autoproclamado gobierno de Guaidó, donde uno de sus operadores económicos, negocia con “Petropar”, la cancelación de la deuda de esta empresa paraguaya con PDVSA, de más de 269 millones de dólares, con una reducción “graciosa” del 50% de la misma. Nuevamente está metida la mano, ahora, de un “agente” de Guaidó, para obtener una comisión en el cierre de esta negociación totalmente contraria a los intereses de nuestro país.
La justicia madurista no hace ni hará nada porque prevalecen los interés políticos y particulares por encima de los intereses del país. Pero tampoco hará nada la nueva Asamblea Nacional, la cual creó una “comisión” encabezada por un personaje tránsfuga de la oposición a sueldo de Álex Saab y una “Comisión de Contraloría” que incluye entre sus miembros a los más connotados sicarios del madurismo.
Ya sabemos que tendremos en esa Asamblea otra Comisión de Contraloría, como la “Comisión Clap”, o la Comisión de aquel personaje que, siendo su presidente en 2016, arremetió contra nosotros, contra PDVSA y contra el gobierno de Chávez, para luego salir a instigar guarimbas que provocaron directamente más de 100 muertos en el país y que hoy gozan de la “gracia” y el perdón de Maduro y de su “justicia”, mientras los familiares de las víctimas de estos hechos seguirán preguntándose, ¿qué pasó con la verdadera justicia?
No tenemos nada que esperar de la nueva Asamblea y de sus “Comisiones de Investigación¨, más allá del renovado ataque de odio y mentiras en contra nuestra y del chavismo, mientras desde el gobierno y la oposición se siguen perpetrando las violaciones más flagrantes a la Constitución y leyes de la República.
Pero cuando todo esto acabe y el madurismo salga del poder, los responsables directos de la violación de los Derechos Humanos, perjuicio y destrucción del patrimonio público, la cesión de nuestra soberanía y otras violaciones a nuestras leyes, los crímenes y delitos sobre los que hoy guardan silencio conveniente los órganos responsables de la justicia y del control de la gestión del gobierno, deberán rendir cuenta ante el pueblo y ante la justicia. Que no les quepa duda: la responsabilidad penal es personalísima, la responsabilidad ante la historia también.
