Los candidatos a la presidencia repiten clichés para combatir la corrupción: respetarán la independencia de las funciones del estado, que recuperarán lo robado, o que promoverán un nueva cultura anti-corrupción. Para ellos, pareciera que la corrupción es un problema de las personas que llegan al poder y no del sistema.
El enfoque de la Escuela de Opción Pública nos permite mirar a las personas y a la política sin romanticismo. Los principales exponentes de esta escuela, James Buchanan y Gordon Tullock, explican que en el mercado de la política, como en los demás mercados, los individuos actúan en búsqueda de beneficiarse personalmente. La diferencia es que en el mercado de la política sus decisiones afectan el bolsillo de otros, no el suyo. Los políticos y burócratas son personas de carne y hueso, con el mismo potencial para el bien y el mal que el resto de los ciudadanos, pero, a diferencia del resto, tienen harto poder discrecional para tomar decisiones sin asumir el costo de sus consecuencias.
Mientras mayor es el tamaño y la envergadura del Estado, mayores serán las tentaciones y oportunidades para cometer actos de corrupción. Conforme crece el presupuesto general del estado y se multiplican vía leyes y regulaciones el alcance de los políticos y burócratas hacia cada vez más áreas de nuestras vidas, también crece el poder de estos para exigir las “coimas” a cambio de “favores”.
Considerando esto, un elefante en la habitación es la contratación pública. Los políticos que realmente quieren controlar la corrupción “a partir de ahora” tendrían que proponer un gobierno limitado mediante reformas que reduzcan el gasto público a lo mínimo necesario para cumplir con las funciones básicas del estado.
Es mejor prevenir la corrupción porque “recuperar lo robado” es complicado. Primero, resulta difícil seguirle el rastro al dinero de los atracos cometidos hace varios años. Algo se ha de poder recuperar pero eso no será ni remotamente cercano al monto del perjuicio. Segundo, la mayor parte de los recursos no fueron robados sino despilfarrados. Los funcionarios públicos en un modelo que fomenta la búsqueda o captura de rentas del sector público muchas veces toman decisiones de inversión pública no en base a lo que convenga o requiera la ciudadanía sino en base a lo que tenga el potencial de generar la mayor coima. Se construyen puentes que no van a ninguna parte, se mueve tierra en un terreno vacío por $1.200 millones, se construye carreteras y aeropuertos que luego pasan vacíos.
Decir que mejorará la justicia o que vendrán a ayudarnos expertos extranjeros —quienes, por cierto, no son inmunes a las tentaciones que vienen con las mieles del poder como quedó dolorosamente demostrado en Guatemala con el comportamiento de la comisión internacional para combatir la corrupción allá— sin abordar la raíz de una estructura estatal en la que abunda la discrecionalidad para usufructuar del dinero de otros, equivale a decir que uno bajará de peso sin dejar de tener la despensa llena de chocolates.
Hay muchos fines públicos que pueden lograrse con medios privados y funciones del gobierno central que deben ser descentralizadas para que compitan entre sí los municipios. Así se desconcentraría el poder político y reducirían las tentaciones para cometer actos de corrupción y la escala de los mismos.
