No compres porque vas a “afectar a muchos”, escribió el trader de Deutsche Bank en un chat privado que compartía con otros traders que supuestamente eran su competencia. Era el 13 de abril del 2011.
La conversación fue descrita en el caso del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York como parte de las investigaciones para sancionar a un cartel de banqueros que se ponían de acuerdo en chats de Bloomberg para manipular el precio de los bonos del Gobierno mexicano y así aumentar sus ganancias.
La manipulación quedó documentada en miles de chats a los cuales las autoridades, en particular la Comisión Federal de Competencia (Cofece), tuvo acceso. Los textos, que he podido comprobar, mostraban a los traders de varios bancos compartiendo posiciones comerciales y flujos de clientes de manera anticipada para aumentar sus ganancias. El cartel de los banqueros estaba integrado por Barclays, Deutsche Bank, Santander México, Citi, Bank of America, BBVA México y JP Morgan y se ponían de acuerdo en un chat aparentemente llamado “escuadrón ratón.”
Es difícil medir el daño causado por el cartel de los banqueros, pero pocos piensan que el efecto fue menor. El Gobierno mexicano tiene bonos en circulación por cerca de 175.000 millones de dólares de los cuales 20.000 millones vencen en 2021. El “escuadrón ratón” precisamente se ponía de acuerdo para manipular los bonos que vencerían en 2021. El año de una pandemia global donde el Gobierno mexicano estaría hambriento de recursos para salvar vidas.
En este texto cuento la historia del cartel de banqueros que por años manipuló el mercado de bonos del Gobierno mexicano en detrimento de trabajadores y fondos de pensiones. Tres investigaciones realizadas en dos países distintos, incluyendo una que terminó hace unos días, no lograron multarlos de manera significativa.
La lección es clara. En México no hay forma de castigar los delitos de cuello blanco aún si las instituciones hacen su mejor esfuerzo. Es momento de repensar el marco legal del sistema financiero y a sus reguladores.
Creando un monstruo
Todo comenzó hace más de 20 años cuando el Gobierno mexicano no podía convencer a inversionistas de que le prestaran dinero por más de siete días. En esa época el 80% de los instrumentos de la deuda pública mexicana eran de corto plazo o cupones revisables. Sin poder colocar deuda de largo plazo el potencial de desarrollo del país se veía limitado.
Para resolver este problema, el Gobierno tuvo la idea de crear un mercado de deuda él mismo. Invitó a un grupo pequeño de instituciones financieras de prestigio a conformar un mercado primario, es decir un espacio exclusivo en el que solo ellos podrían comprar bonos directamente del Gobierno mexicano para posteriormente revenderlos por una utilidad. A los invitados se les llamó “formadores de mercado” y se les dieron privilegios financieros muy atractivos.
La idea parecía buena. Al vender a instituciones financieras de prestigio el Gobierno lograba obtener préstamos. Además, a partir de 2011 las ventas de bonos se hacían con subastas sindicadas lo que supuestamente aseguraba que el Gobierno mexicano recibiera buen precio. O al menos eso se creía.
La realidad es que el Gobierno mexicano había creado un monstruo. El mercado primario artificial era altamente susceptible a la colusión. Las ventas de bonos se hacían con opacidad en transacciones telefónicas donde el Gobierno mexicano estaba en contacto directo con los formadores de mercado. Además, cada formador controlaba una parte muy significativa del mercado de bonos por medio del trabajo de traders que se conocían entre sí y se comunicaban entre ellos.
Lo esperado pasó. Investigaciones posteriores demostraron que los formadores de mercado estaban aprovechando su posición de privilegio para manipular los precios en su favor.
Los traders tenían un chat donde se ponían de acuerdo para bajar el precio al que compraban los bonos y venderlos más caros. Los banqueros habían conformado un cartel que manipulaba el mercado, de facto extirpando recursos de las arcas del Estado mexicano y de fondos de pensiones alrededor del mundo para convertirlas en ganancias privadas.
Trabajadores contra la banca
Pronto los rumores de la existencia del cartel de banqueros llegaron a un Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Se presentó una demanda colectiva.
La demanda estaba encabezada por varios fondos de pensiones y representantes de trabajadores que habían comprado los bonos del Gobierno de México de manos del cartel de banqueros. Entre los demandantes se encontraban trabajadores de a pie. Eran los bomberos de Oklahoma, los operadores de transporte de Manhattan y del Bronx, así como comerciantes de la industria alimentaria. Exigían justicia pues la manipulación el cartel, argumentaban, les habían causado pérdidas millonarias a sus fondos de pensiones.
Las pruebas de los demandantes, sin embargo, eran bastante débiles. No se tenía evidencia directa de la colusión de los banqueros y por tanto el caso estaba a punto de ser cerrado.
Todo dio un vuelco cuando la Cofece dio a conocer en abril del 2017 que estaba investigando al cartel. La Comisión no solo tenía transcripciones de los chats, sino que contaba con las declaraciones directas de uno de los bancos que se había adherido al programa de inmunidad para reducir su sentencia.
Los banqueros reaccionaron de inmediato. Como muestran los documentos del Tribunal de Distrito, en cuestión de días la varianza en el precio de los bonos aumentó 36%, evidencia de que las posturas de los formadores de mercado probablemente estaban coordinadas hasta antes del anuncio de la Cofece y dejaron de estarlo inmediatamente después.
Los bancos hicieron un código de conducta y prometieron cambiar. Pero prometer no volver a hacerlo no era suficiente. O no debía serlo.
El caso del Tribunal de Distrito de Estados Unidos revivió. Se presentó ante la corte, no solo la evidencia que tenía la Cofece, sino estudios cuantitativos que mostraban los efectos del cartel en los precios de los bonos.
El Tribunal también recibió, por ejemplo, evidencia de que el precio de los bonos crecía entre 20 y 60 puntos base cuando el cartel de los banqueros vendía sus bonos en el mercado secundario. Es decir, el cartel estaba aumentando artificialmente su utilidad sin incurrir en riesgo.
El caso parecía tan sólido que JP Morgan y Barclays decidieron llegar a un acuerdo y pagar 20,7 millones de dólares a los demandantes. El temor era que, de continuar el juicio, las multas serían mucho más elevadas.
Había precedentes fuertes. En 2015, Barclays pagó más de 3.000 millones de dólares de multas por manipular referencias financieras. Los mismo le sucedió a Deutsche Bank por fijar precios de múltiples productos financieros. Por su parte, Bank of America pagó 250 millones de dólares luego de admitir el uso de chats grupales para manipular los precios al contado de divisas.
La decisión de J.P. Morgan y Barclays probó ser muy equivocada.
La no-justicia mexicana
El caso del Tribunal de Distrito de Estados Unidos termino viniéndose abajo cuando la Corte resolvió no tener jurisdicción sobre el caso. Todo debía ser resuelto por autoridades mexicanas, es decir, por la Cofece que ya llevaba el caso.
Lamentablemente otras instituciones mexicanas no pensaban lo mismo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no compartía la convicción de que fuera competencia de la Cofece resolver el caso. Aparentemente motivada por rencillas personales y batallas territoriales, la CNBV se aprestó a presentar su propia indagatoria y resolver rápidamente el caso por su cuenta.
Como resultado de su investigación, unos cuantos bancos recibieron una multa combinada de menos de un millón de dólares. La multa era irrisoria. Corrieron rumores de que la CNBV en realidad solo quería proteger al cartel. Bloomberg incluso reportó que la CNBV le había pedido a los bancos que limitaran la información que le enviaran a la Cofece sobre el caso.
La esperanza de llevar al cartel de los banqueros ante la justicia recayó en la Cofece quien continuó dándole seguimiento por cinco años.
Esta semana se comunicó la resolución del caso. La Comisión encontró evidencia de que, de 2010 a 2013, siete bancos y once traders pactaron 142 acuerdos ilegales en el mercado de bonos de deuda gubernamental. Se multó a los implicados por 1,8 millones de dólares. Es decir, otra cantidad irrisoria.
Cada banco perteneciente al cartel terminó pagando en promedio poco más 1.800 dólares por cada uno de los acuerdos ilegales. La cantidad es menor incluso para lo permitido por la ley de competencia mexicana anterior a 2013.
Los únicos que salieron perdiendo en este caso fueron los que de verdad creyeron que se haría justicia, es decir JP Morgan y Barclays. Obviamente no lo volverán a creer.
Cómo llegamos aquí
Ante fuertes críticas por la nimiedad de las multas impuestas, Alejandra Palacios, la comisionada presidenta de la Cofece, explicó que “no se imponen multas con el estómago, sino con la ley en la mano.” Y en efecto, ese es precisamente el problema de México: le ley que tiene a la mano.
La Ley de Competencia y el sistema de justicia son extremadamente restrictivos en México. Los abogados mexicanos no lo ven así porque están acostumbrados doctrinalmente a no cuestionar al sistema. Sin embargo, la realidad es que pruebas que se pueden presentar y son aceptadas en Estados Unidos como evidencia de colusión, en México serían simplemente rechazadas y tildadas de inválidas.
Además, los tribunales especializados mexicanos utilizan el “principio de proporcionalidad” sobre las sanciones de manera muy ortodoxa. Los jueces no se atreven a sancionar las colusiones de mercado con mucho más dinero del daño que supuestamente causaron de manera directa, aún si indirectamente los efectos son devastadores.
De la misma manera en la que una mujer mexicana no puede acusar de violencia doméstica si no llega con golpes frescos, la Cofece no puede presentar un caso con evidencia indirecta sin que sea ampliamente cuestionada.
La Comisión teme perder los casos y por ello limita la ambición de lo que presenta. El resultado es el mismo. Un país donde no hay castigo, ni para los golpeadores de mujeres que terminan cometiendo feminicidios, ni para los cárteles de banqueros.
Este marco legal la Cofece debe centrar miopemente sus recursos en buscar pruebas ultra minuciosas que puedan probar daños muy concretos y sean aceptadas por los tribunales. La intencionalidad de manera más amplia se deja prácticamente a un lado o al menos en el caso del cartel de banqueros, así fue.
Así, la Cofece solo se concentró en medir el daño causado por conductas que encontró explícitamente reportadas en los chats, con respecto a los bonos M, y solo considerando el mercado secundario. El resultado de esta investigación tan limitada fue que se encontró que el cartel de los Banqueros solo causó un daño de 1,4 millones de dólares. La intencionalidad y otros agravantes les valieron otros 400.000 dólares de multa. Casi nada.
Cuando un ciudadano comete una conducta ilegal, digamos pasarse un alto, este recibe una multa independientemente de si causó un daño a otros o no. Cuando un banquero incurre en colusión ilegal la multa depende mucho de la gravedad del daño que causó. De hecho, de la gravedad del daño que se le puede probar que causó. No es lo mismo ser banquero que ser ciudadano de a pie. Como banquero puedes pasarte un alto y si no matas a alguien, no pasa casi nada.
Es momento de tener una reflexión sobre cómo podemos ayudar a la Cofece a dar mejores resultados.
Esta reflexión pasa por una severa crítica a los tribunales especializados, la forma en la que opera el Banco de México y la misma ley. La figura de los formadores de mercado debería ser eliminada, pero sobre todo, los tribunales especializados deben actuar de manera menos conservadora. Es momento de que la sociedad civil se organice en demandas colectivas. Las colusiones nos han quitado mucho, a muchos mexicanos.
