Ante la visita que realiza al país Alena Douhan, relatora Especial de la ONU sobre repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, 66 organizaciones no gubernamentales piden a la enviada de las Naciones Unidas estudiar la evolución de la corrupción en el país durante las dos últimas décadas.
El petitorio firmado por estas 66 organizaciones fue difundido este lunes 1 de febrero a través de una carta. Las organizaciones exigen que se estudie el impacto en la vulnerabilidad que enfrenta el pueblo venezolano, así como los niveles del gasto público destinado al fortalecimiento del aparato represivo del Estado.
En vista de la visita, las ONG esperan que Douhan tome en cuenta la situación preexistente a la imposición de sanciones en el país, constatar la falta de transparencia en la gestión pública y la negación del derecho a la información que impide que se realice contraloría social del gasto público.
Por ultimo este grupo de organizaciones le piden a la Relatora Especial de la ONU que se reúna con los representantes de los medios de comunicación social independientes, con los centros de investigación de la sociedad civil, para que constante la situación. “En particular, la política de persecución en su contra, por investigar e informar sobre las responsabilidades de los agentes del Estado por delitos relacionados con la gestión del gasto público”, dice la misiva.
Douhan arribó este 30 de enero al país, para evaluar el impacto de las sanciones en Venezuela. Su llegada por el aeropuerto de Maiquetía fue discreta y según una nota del Ministerio de Exteriores, fue recibida por la viceministra para temas multilaterales, Daniela Rodríguez, y el embajador venezolano ante la ONU y demás organismos internacionales con sede en Ginebra, Héctor Constant.
Aunque se desconoce su agenda, en su visita de 12 días, se conoció que el próximo miércoles 3 de febrero, Douhan se reunirá con organizaciones no gubernamentales.
Paso insuficiente
Desde el año 2019, cuando la Alta Comisionada para los Derechos Humanaos de la ONU, Michelle Bachelet, visitó Venezuela, en el país no ha habido otra visita oficial de representantes de las Naciones Unidas, a pesar de que desde agosto de 2017 la Oficina del Alto Comisionado, en su informe al Consejo de Derechos Humanos, había solicitado al Estado venezolano permitir el acceso al país a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y a los mecanismos regionales de derechos humanos.
Aunque la visita genera muchas expectativas las 66 organizaciones que firman el petitorio señalan que la llegada de Douhan “es un paso positivo pero, por sí sólo, insuficiente ante la emergencia humanitaria compleja y la grave situación de derechos humanos del país”, se lee en la carta.
Pero ¿por qué las ONG tildan de insuficiente la visita de Douhan? Después de recibir a Bachelet en el país, la administración chavista se comprometió a invitar a por lo menos 10 de los 44 mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos en un lapso de 2 años, pero hasta este 2021, el gobierno de Maduro solo ha cumplido con la visita de Douhan.
En su resolución 42/L4, emitida en septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU propuso que se invitaran a los mecanismos siguientes: Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
“Ninguno de ellos ha visitado el país, ni existen informaciones de que hayan sido formalmente invitados por el gobierno de facto”, se lee en la carta difundida por las ONG.
La visita de Douhan se realiza al momento de la detención de cinco trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo, el pasado 12 de enero, quienes permanecen privados de libertad a pesar de que organismos de la ONU han pedido su liberación.
La Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) emitió un alerta el pasado 22 de enero, debido a que los trabajadores detenidos de forma arbitraria presentaron síntomas de COVID-19. Los cinco fueron llevados a realizarse chequeos médicos pero después fueron regresados a la cárcel.
Efecto Cocuyo